La Policía y el CNI comparten un informador contra la inmigración ilegal desde Argelia

Así se recoge en una sentencia que condena a cuatro años de cárcel al patrón de una patera que participó en la avalancha del mes de junio a las costas de Baleares

Imagen de archivo de una patera localizada en aguas próximas a Almería.
Imagen de archivo de una patera localizada en aguas próximas a Almería.

La ruptura del tratado de cooperación con España que anunció Argelia a principios de junio, por el giro de Pedro Sánchez a favor de las tesis de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, hizo temer una oleada de pateras desde las costas argelinas hacia el sureste de nuestro país.

El Centro Nacional de Inteligencia trasladó a Moncloa una alerta por este motivo: se podría producir una avalancha de pateras, como venganza desde Argelia, tradicional aliado del Frente Polisario en el conflicto del Sáhara Occidental.

En los primeros días tras el anuncio del gobierno argelino se detectó un repunte de las llegadas de embarcaciones con inmigrantes irregulares, por ejemplo en las Islas Baleares, si bien luego la situación se fue normalizando.

Sobre este fenómeno, Confidencial Digital ha consultado una sentencia judicial reciente que da algunos datos sobre el papel que la Policía Nacional y el CNI cumplen en la lucha contra las redes de inmigración ilegal.

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca juzgó en septiembre a un hombre, de nacionalidad argelina, que manejaba una lancha de seis metros de eslora que fue interceptada a cuatro millas náuticas de la isla de Cabrera (que está al sur de Mallorca) el 8 de junio. Fue el mismo día que se conoció la reacción pública de Argelia contra España, y en torno a los días en que precisamente llegó esa alerta del CNI al equipo de Pedro Sánchez.

En la embarcación se apelotonaban 16 personas en condiciones muy precarias. Los radares del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una traza en aguas cerca de la isla de Cabrera.

Una patrullera de la Guardia Civil interceptó la patera en el mar. Salvamento Marítimo trasladó a los ocupantes de la embarcación “hasta el puerto de Palma de Mallorca donde fueron asistidos por la Cruz Roja, los trasladaron a la Jefatura Superior de Policía de Palma donde el Grupo III de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras se hizo cargo de la tramitación administrativa”.

Uno de los extranjeros que viajaba en la patera dijo a los policías nacionales que quería colaborar, “siendo informado por los funcionarios policiales que si su colaboración es suficiente podrían regularizar su situación en España”.

Esta persona se convirtió en testigo protegido, y reveló cómo operaba la red que había organizado el traslado en patera, que le cobraron 1.500 euros... e incluso facilitó fotos que tenía en su teléfono móvil, para ver si se podría identificar así a los cabecillas de esa red. Se consideró probado que habían partido desde la localidad de Corso (Bumerdés) y que la travesía había durado entre 22 y 24 horas.

 

En el juicio contra el patrón de esta patera, considerado miembro de esta red de inmigración ilegal, testificó un inspector de la Policía Nacional, que instruyó el atestado por la llegada de esta patera y que era el jefe del Grupo IV de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, dentro de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

El inspector contó que con motivo de la interceptación de esta patera la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en Madrid, les aportó información sobre el modus operandi de las redes de tráfico de personas que operan en Argelia.

La Comisaría General de Extranjería les explicó que en el norte de Argelia existen “organizaciones criminales que captan a jóvenes en estado de necesidad y les ofrecen venir a Europa a ganarse la vida a cambio del pago de un precio”.

Una organización se dedica a robar embarcaciones monocasco “que son peligrosas”. Estas redes también roban motores, y pagan la gasolina para los viajes con el dinero que les entregan los “pasajeros” que intentan llegar a España, y por tanto a la Unión Europea.

Los expertos policiales de Extranjería les revelaron que el patrón de esa patera era “una persona muy importante de la organización”.

Pero además este inspector de la Policía adjuntó al atestado un “artículo de un periódico argelino de fecha 16 de mayo de 2022 que les facilitó un informante suyo y del CNI en el que puede observarse el hallazgo de cuerpos sin vida de personas que viajaban en una patera. Se indica que todos murieron porque no llevaban chalecos ni disponían de medidas de seguridad. Refirió que creía que en Ibiza se encontró un cadáver procedente de una patera”.

La sentencia no incluye más referencias, detalles ni explicaciones sobre ese informante de la Comisaría General de Extranjerías, que les pasó un artículo de un periódico argelina sobre pateras.

Pero llama la atención que se revele que un informante de la Policía Nacional, cabe suponer que ubicado en Argelia, y con conocimientos sobre las redes de inmigración ilegal que operan en las costas de ese país norteafricano, es a la vez informante del Centro Nacional de Inteligencia.

Hace ya años que el CNI se fijó entre sus objetivos la vigilancia sobre la inmigración ilegal, como una de las amenazas a la seguridad nacional de España.

El informático David Rodríguez Vidal publicó hace tiempo ‘Diario de un espía’, en el que relata cómo el Centro Nacional de Inteligencia le contactó para establecer una red de informantes en países africanos que permitieran aportar datos sobre las redes de tráfico de personas y las oleadas de inmigrantes ilegales que llegan a España.

Sobre el caso de esta interceptación de una patera en aguas cerca de la isla de Cabrera, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca condenó al patrón de la embarcación a cuatro años de cárcel, como autor de un delito contra los ciudadanos extranjeros, previsto y penado en el artículo 318 bis, 1, 2, 3 b) del Código Penal.

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