La Policía compra detectores de huellas y verificadores de documentos para reforzar los controles aduaneros por el Brexit
Se necesitan al menos 100 dispositivos que permitan identificar de forma automática si los pasaportes y visados de los viajeros británicos son auténticos
La Dirección General de Policía va a adquirir 100 dispositivos para facilitar el trabajo a los agentes en la aduanas. Especialmente, se destinarán a las ubicaciones en las que los ciudadanos británicos suelen acceder a las fronteras Schengen. Según documentos a los que ha tenido acceso Confidencial Digital, se gastarán un total de 160.000 euros en comprar 50 lectores de impresiones dactilares y 50 verificadores de documentos.
Estos dispositivos permitirán analizar si los pasaportes y visados presentados por los extranjeros para acceder a España tienen algún tipo de alteración. Sin embargo, la decisión final sobre la autenticidad de un documento siempre la tomará el agente de aduanas, nunca la máquina. Estas incorporaciones tecnológicas ayudarán a reducir la inmigración ilegal y la delincuencia fronteriza.
Funcionamiento
Los verificadores de documentos capturan la imagen de los papeles presentados en el puesto de aduanas usando luz visible, infrarroja y ultravioleta. Esta información se coteja con un banco de patrones de documentos auténticos. El dispositivo también lee el chip de los pasaporte, en caso de que lo contengan. Después del análisis, el sistema ofrece un porcentaje de parecido entre el documento presentado y uno auténtico.
Por su parte, los lectores de impresiones dactilares son máquinas que analizan biométricamente las impresiones dactilares en visado y pasaportes de segunda generación. Luego las cotejan para asegurarse de que son auténticas.
Plazos y requisitos de la licitación
El día 20 de junio se cerró el plazo para poder presentar candidaturas y el jueves 23 se abrirán los sobres de las ofertas. Después se tomará la decisión de que empresa se encargará de proveer los dispositivos. A partir del 1 de septiembre, la ganadora tendrá 60 días para entregar las máquinas al Estado. Además, deberá garantizar un año de garantía de todos los productos.
Las empresas licitantes debían cumplir una serie de requisitos entre los que destacan eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres y favorecer la formación en el lugar de trabajo. También debían demostrar que no tenían prohibición de contratar y que estaban al corriente de pagos tanto con la Seguridad Social, como con la Agencia Tributaria.
Las empresas serán evaluadas en función de 4 criterios: precio (60%), controles de frontera adicionales ofrecidos (10%), servicio de soporte preventivo (10%) y años de garantía (20%). Además, deben ceder los derechos de explotación de la aplicación informática únicamente al Estado.
