Policía y Guardia Civil se echan a la calle para pedir un juzgado especializado contra los narcos

El colapso de los tribunales ha provocado la salida de traficantes que estaban en prisión provisional a la espera de juicio

Agentes de la Guardia Civil ante un cargamento de droga incautado.
Agentes de la Guardia Civil ante un cargamento de droga incautado.

Este jueves la AUGC, junto con otras asociaciones de la Guardia Civil, de Policía Nacional y Local (como el SUP o USPLA); asociaciones contra el narcotráfico y sindicatos de vigilancia aduanera; se echan a la calle para exigir más medios para luchar contra el narcotráfico, entre ellos aumentar la capacidad de los tribunales de la zona. La iniciativa ha sido impulsada por la plataforma "por tu seguridad por la de todos".

El Confidencial Digital ha hablado con representantes de las asociaciones y fuentes organizadoras para conocer el por qué de la necesidad de reforzar el sistema judicial andaluz para combatir el narcotráfico.

Los narcos salen de prisión sin pasar por un juicio

El colapso del sistema judicial, junto con el aprovechamiento de los resquicios legales por parte de los abogados de los criminales, han provocado que los narcotraficantes estén saliendo de prisión provisional antes de ser juzgados. 

Cabe destacar, que el embotamiento de los tribunales no es una consecuencia exclusiva de la pandemia, también surge por la falta de medios que las asociaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado llevan tiempo denunciando.

Por ello, de las medidas que exigen muchas tienen tienen que ver con el ámbito judicial. El campo de Gibraltar tiene una sección de la Audiencia Provincial con 5 jueces, así que una de sus peticiones es un 6º magistrado para que pueda haber 2 salas, con 3 jueces en cada una, una civil y otra penal. De esta forma se acelerarán las diligencias. 

Pero el problema de fondo no solo está en la sala de la AP, sino en los juzgados de instrucción en los que falta personal. Es la administración autonómica quien debe facilitar los funcionarios tirando de su bolsa, así que lo que se pide es que los juzgados sean más ágiles y para eso se necesitan más funcionarios.

En este sentido, otra petición es la de declarar la zona del campo de Gibraltar, entre otras, como zona de especial singularidad al igual que se hizo en el País Vasco, como ya adelantó El Confidencial Autonómico. La idea no es solo ayudar a combatir el narcotráfico en sí, también se pretende atraer personal con unas condiciones más favorables.

Se necesitan medidas por la seguridad de los agentes, pero también de los ciudadanos

Así pues, además de esta y otras medidas, pretenden concienciar de que sus exigencias son “por su seguridad (la de los agentes) y por la de todos”, como indica el nombre de la plataforma organizadora de la concentración. Últimamente son habituales las descargas de las gomas descaradamente y a plena luz del día, afectando así a los habitantes de la zona, además de a los agentes.

Este modus operandi no responde a un repunte anómalo del narcotráfico puesto que, como indican fuentes de la asociación Alternativas, coordinadora de lucha contra el narcotráfico, la incidencia del narcotráfico dibuja una gráfica de dientes de sierra, como una montaña rusa.

 

Ha habido un repunte en la violencia contra los ciudadanos

Así que lo que les ha llevado a salir a la calle para que el Gobierno tome cartas en el asunto urgentemente, es el repunte de la violencia de los traficantes contra los agentes. Como puede apreciarse con diversos ejemplos como el reciente atropello de dos guardias civiles en Estepona y el tiroteo de otros 3 en Cádiz.

Los criminales se han vuelto agresivos porque se encuentran en un momento de fragilidad económica. Se han debilitado tanto en personal, como en presupuesto como en medios por la bajada de la actividad durante el estado de alarma, así que, actualmente no quieren arriesgarse a perder el dinero del alijo o del material como las narcolanchas y las narcogasolineras (que utilizan a menudo últimamente) que cuestan decenas de miles de euros. 

Respecto a estas últimas, y también como parte de sus solicitudes en cuanto al ámbito judicial, piden que las narcogasolineras dejen de tener una sanción administrativa y que haya un cambio en la ley de enjuiciamiento criminal que convierta su tenencia en delito.

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