La policía ha recibido una media de 10 denuncias al año por torturas en las comisarías en la última década
Asociaciones pro derechos humanos afirman que son más los casos pero no se notifican por miedo a represalias y por falta de investigación judicial. La mayoría de los procedimientos son archivados
La Policía Nacional ha recibido una media anual de 10 denuncias por torturas en comisarías de toda España en la última década. Una cifra relativamente baja si se compara con otros países como Estados Unidos en el que estas últimas semanas están viviendo una auténtica revolución por cómo las Autoridades del Estado actúan a raíz de la muerte de George Floyd.
Sin embargo, asociaciones pro derechos humanos argumentan que en España estos casos son solamente “la punta del iceberg” porque la mayoría de los incidentes no llegan a denunciarse.
Un total de 118 denuncias por torturas en jefaturas, comisarías provinciales, locales y de distrito se han interpuesto desde 2009, según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno. La Comunidad Autónoma con más denuncias es Andalucía, con un total de 31; seguida de Castilla-La Mancha con 21; Comunidad Valenciana con 15; Canarias con 12 y Madrid con 10.
Hay algunas autonomías que no registran ninguna denuncia, como Cantabria, Navarra, La Rioja, Baleares y la ciudad autónoma de Melilla.
Por provincias destacan en la comunidad andaluza Sevilla (con 12) y Cádiz (con 11). Llama especialmente la atención que en Castilla-La Mancha, la segunda autonomía con más casos, todas las denuncias se han producido en Albacete, las 21.
“Solo la punta del iceberg”
Estos datos proporcionados por el Gobierno muestran grandes diferencias según los años. En 2009 se presentaron 25, mientras que en 2019 solo 1, es decir, ha habido una disminución del 96%.
No se explica, en este documento, si las denuncias presentadas terminaron siendo tramitadas o archivadas, ni si los policías implicados resultaron condenados.
Fuentes policiales niegan que se practiquen torturas en las comisarías: “Puede haber algún caso aislado, pero no hay malos tratos. La mayoría de estas denuncias son injustificadas”. Es más, “la mayoría no llegan ni a juicio”.
En el otro lado de la balanza se encuentran las asociaciones de derechos humanos, que insisten en que esos datos “son solo la punta del iceberg”.
“En el momento en que se presenta una denuncia contra un funcionario, el Estado tiene el especial deber de investigar qué ha pasado, y, con bastante frecuencia, se tiende a archivar”, dice Francisco Fernández, coordinador del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Según estas entidades, las torturas y los malos tratos policiales apenas terminan en los juzgados porque no se investiga lo suficiente. “Hay un efecto de desaliento”, afirma Fernández.
Las causas por las que no se llega a denunciar son diversas. “Tenemos clientes que han sufrido malos tratos y no han querido denunciar porque piensan que puede tener poco recorrido. Otros no denuncian porque piensan que les puede aumentar sus gastos. Y otros que directamente quieren olvidarse de todo y que termine cuanto antes”, explica Daniel Amelang, abogado penal de Red Jurídica.
En este sentido, su percepción sobre la tortura policial es que sucede ocasionalmente. “No son sistemáticas. Aunque sí que una parte importante de los detenidos considera haber sufrido malos tratos”, dice Amelang.
La última sentencia de Naciones Unidas
Los defensores de los derechos humanos insisten en que no se investiga lo suficiente. “Hay una cadena de errores, por lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el más garantista en esta materia, ha llamado la atención a nuestro país por falta de investigación”, explica Fernández.
El pasado mes de diciembre, la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas condenó a España por no garantizar el proceso judicial de una mujer que denunció por tortura a cuatro agentes en Córdoba.
Los policías le pidieron que abriera su bolso por “unas cosas supuestamente robadas en una discoteca”. Le golpearon en reiteradas ocasiones, según la resolución, la redujeron, le tiraron del pelo y la golpearon contra el borde de la puerta del coche.
Después de salir de comisaría, la mujer acudió a un hospital, donde tuvieron que practicarle una cirugía porque tenía la nariz rota. La autora denunció a los cuatro policías alegando que la torturaron y no cumplieron con su deber cuando solicitó asistencia médica.
El Juzgado de Instrucción de Córdoba determinó que concedía “mayor credibilidad a la versión de los agentes que a la de la autora”. El auto pasó por diferentes instancias hasta el Tribunal Constitucional, que también rechazó el recurso de amparo.
El Comité dictaminó que España debía proporcionar a la autora “una reparación plena y adecuada por el sufrimiento causado y medidas de rehabilitación”, además de tomar medidas administrativas “contra los responsables e impartir instrucciones precisas a agentes de policía en las comisarías para evitar que se cometan infracciones semejantes en el futuro”.
El Defensor del Menor pidió un “protocolo claro”
Profesionales del derecho reconocen que también influye lo que se considere o no como malos tratos o tortura. “Una cosa son los malos tratos físicos, otra cosa los malos tratos verbales… y luego también muchas personas que perciben como malos tratos simplemente el ambiente”, explica Amelang.
“Por ejemplo me acuerdo de un cliente que detuvieron y lo metieron en una celda con paredes manchadas de heces, le dieron una manta mojada y que olía fatal de orina y de otro preso, y enfrente tenía a un detenido que era toxicómano y que estaba vomitando al que nadie asistía… A él nadie le insultó, nadie le hizo nada físicamente, pero las condiciones de esa detención ya le parecían un maltrato”, cuenta el abogado.
En su informe anual el Defensor del Pueblo en 2019 explicó que hay “un debate social” sobre lo que se considera correcto en cuanto a la “proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de quienes están autorizados a usarla”.
En ese momento, reclamó al Ministerio del Interior que diseñara un protocolo con instrucciones “claras y precisas” sobre este uso.
Durante el estado de alarma se ha reavivado en cierta manera este debate. Algunas actuaciones policiales dieron lugar a que las asociaciones pro derechos humanos pusieran el foco en abusos policiales por hecho concretos.
