La Policía Nacional se queda sin intérpretes

En noviembre venció el contrato con las dos empresas que realizan el servicio de traductores y el nuevo concurso ha sido declarado desierto

Policía nacional.
Policía nacional.

Extranjeros detenidos en comisaría, solicitantes de asilo, pinchazos telefónicos a sospechosos que hablan otras lenguas... en estas tareas trabajan los traductores externos que la Dirección General de Policía contrata a empresas especializadas, y que ahora se ven en una situación muy comprometida.

Así lo explican al Confidencial Digital representantes de Comisiones Obreras en el Ministerio del Interior. El pasado mes de noviembre venció el contrato por dos años que la Dirección General de Policía tenía con dos empresas de traducción, Ofilingua y Seprotec, que se encargaban de estos servicios en comisarías y otras dependencias del Cuerpo Nacional en distintas comunidades autónomas.

La Policía puso en marcha el proceso para adjudicar de nuevo este contrato. El problema es que este mes de junio la Dirección General resolvió la licitación, y decidió declararla desierta, pese a haberse presentado las dos empresas que hasta ahora se encargaban de este servicio.

El motivo es que ninguna de las dos cumplen del todo los requisitos exigidos, al “no acreditar suficientemente la adscripción de medios personales”. Desde la empresa Ofilingua explican que la Policía les exigía que todos sus traductores tuvieran dos años de experiencia acreditada como traductores jurados, fuera cual fuera el idioma en el que tuvieran que trabajar. Tuvieron problemas con los intérpretes de árabe clásico, poco utilizado más allá de las prácticas religiosas de los musulmanes. Trataron de subsanar y alegar, pero al final Interior dejó desierta la licitación.

Trabajan pero fuera del contrato con la Policía

“Los traductores siguen yendo a trabajar”, explican desde CC.OO., pero el problema es que ha llegado un punto que algunos de estos traductores externos han dejado de cobrar algún mes. En algunos casos, la empresa que les contrató para el servicio de intérprete en la Policía ya les ha abonado el dinero atrasado.

La incertidumbre se extiende en este servicio externalizado por la Policía Nacional, que sirve de complemento a los traductores de plantilla del Ministerio del Interior. De todos ellos dependen la asistencia a los inmigrantes y refugiados que no hablan español, los peticionarios de asilo, así como la traducción de documentos y de las grabaciones de pinchazos telefónicos a presuntos delincuentes.

Desde Comisiones Obreras indican que no saben si Interior va a volver a sacar a concurso este contrato.

Deuda de la Policía con las empresas

ECD también ha contactado con Ofilingua, una de las empresas que hasta el pasado noviembre tuvo el contrato, y que de hecho aún mantiene el servicio por esta prórroga informal que ha hecho la Dirección General de Policía.

Un portavoz explica que hasta el mes de mayo la Policía les adeudaba ya 3,14 millones de euros por los meses que han seguido trabajando una vez concluido el contrato. La deuda continúa creciendo, y para finales de este mes de julio habrá superado los cuatro millones.

“Hemos tenido que ir pidiendo créditos a bancos y financiar nosotros el trabajo, porque la Policía no nos pagan al no haber contrato en vigor”, denuncian desde Ofilingua. Hace unos meses fueron convocados a una reunión con los jefes de contratación de la Policía, para encontrar una solución. El acuerdo para homologar y reconocer ese gasto desde noviembre se tenía que aprobar en Consejo de Ministros, pero el cambio de Gobierno ha ralentizado esta solución, que aún no ha llegado a ser aprobada.

 

El servicio se ha ido prestando, pero con perjuicios para algunos traductores: algunos, en vez de cobrar el 5 de julio, sufrieron un retraso y Ofilingua no les pudo pagar hasta este martes 24 de julio.

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