La Policía tiene información de que los disturbios en Cataluña se producirán en torno al 1-O y no en la Diada

Los independentistas catalanes vuelven a salir a las calles este 11 de septiembre por la Diada, con el fin de intentar recuperar la movilización popular, que languidece desde que la pandemia de coronavirus acabó con las grandes concentraciones humanas.

Esta Diada servirá de “termómetro” para confirmar si, como temen organismos de la seguridad del Estado, el independentismo radical puede volver a plantear un escenario de disturbios y violencia callejera de Cataluña.

Así lo confirman a Confidencial Digital distintas fuentes de distintos organismos del Gobierno, que están alerta ante la posibilidad de que se produzca un rebrote de las manifestaciones violentas como las que se produjeron en octubre de 2019, cuando se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a penas de cárcel ex consejeros del Govern de Puigdemont, a la ex presidenta del Parlament de Cataluña y a los líderes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.

Acciones de grupos radicales del 11-S al 1-O

En estas páginas se contó que grupos radicales del independentismo catalán estaban anunciando a sus seguidores una campaña de movilizaciones a desarrollar durante varias semanas, desde el 11 de septiembre, por la Diada, hasta el 1 de octubre, aniversario fetiche del referéndum ilegal de independencia de 2017.

Estos grupos aseguran que organizarán “acciones sorpresa” prácticamente a diario. Utilizan un tono amenazador, contundente, tratando de dar a entender que esta vez sí que elevarán el nivel de la protesta hasta cotas insospechadas, una advertencia habitual de los grupos independentistas más radicales.

Alerta por el aniversario de la sentencia

Sin embargo, ECD ha podido confirmar que no es la Diada del 11 de septiembre la que más preocupa a las Fuerzas de Seguridad. Las fechas que tienen en alerta al Ministerio del Interior son el 1 de octubre, el 1-O, convertido en día clave en el calendario del independentismo catalán, así como los días en torno al 14 de octubre, cuando se cumplirán dos años de la sentencia del Supremo contra Oriol Junqueras, otros ex consejeros, Carmen Forcadell, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Varios organismos implicados en la seguridad del Estado siguen muy de cerca los movimientos del independentismo catalán más radical, el que llama a volver a desafiar al Estado en las calles con violencia, para empujar hacia una Cataluña independiente.

El objetivo de este seguimiento es estar listos para responder a manifestaciones violentas que obliguen a movilizar a los antidisturbios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en apoyo a los Mossos d’Esquadra. La policía autonómica es el cuerpo con competencias en orden público en Cataluña y, por tanto, el encargado de controlar manifestaciones y sofocar disturbios.

El Prat

Interior y otras instancias se preparan para reaccionar si se registra un ciclo de manifestaciones que desborden a los Mossos y, sobre todo, que degeneren en violencia, o que se concreten en acciones de bloqueo y ocupación de infraestructuras críticas.

No hay que olvidar que el ‘Tsunami Democràtic’ de 2019 empezó de esta forma. Aquel 14 de octubre, lunes, se conoció a primera hora de la mañana la sentencia del Tribunal Supremo imponiendo penas de cárcel para los líderes del 1-O. De inmediato, la app de ‘Tsunami Democràtic’ animó a los catalanes a dirigirse al Aeropuerto Barcelona-El Prat para protestar.

Los accesos al aeropuerto se bloquearon, miles de personas ocuparon durante horas la entrada y el aparcamiento a una terminal, y ya por la noche, cuando los Mossos y la Policía fueron a desalojarles, grupos violentos se enfrentaron a los antidisturbios y reventaron las instalaciones de esa zona del aeropuerto.

El aeropuerto está gestionado por AENA, empresa estatal que depende del Ministerio de Transportes. Es el ejemplo de una infraestructura clave para el transporte que gestiona el Estado en Cataluña y que es objetivo prioritario de los independentistas radicales.

La autopista A-7

Tanto ‘Tsunami Democràtic’ como los Comités de Defensa de la República (CDR) han convocado en los últimos años protestas dirigidas a bloquear otros puntos neurálgicos para el transporte.

Es el caso de las estaciones del AVE, como la de Sants, en Barcelona, y la de Gerona, donde llegaron a ocupar las vías e impidieron el tránsito de trenes durante horas.

También han cortado la circulación en la autopista AP-7 en la frontera de La Junquera (Gerona) con Francia, y han ‘invadido’ los peajes de algunas autopistas de pago para levantar las barreras.

Posible dispositivo especial

Para gestionar la ocupación de esos puntos, los cuerpos de seguridad dependientes del Ministerio del Interior, sobre todo la Policía Nacional, han apoyado en el pasado a la Brigada Móvil (Brimo) y a las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO), las unidades de orden público de los Mossos d’Esquadra.

Ahora, en el ministerio no descartan tener que enviar a Cataluña refuerzos de antidisturbios desde otros puntos de España, como se tuvo que hacer en el otoño de 2017 por el referéndum ilegal del 1-O, y como también fue necesario en octubre de 2019 con las protestas tras la sentencia del Supremo.

La posibilidad de tener que mandar policías desde fuera de Cataluña se materializaría si la situación se fuera caldeando conforme se acerque el aniversario del 1-O.

Fin de semana

Este año, el 1 de octubre cae en viernes, y se están convocando actos para todo el fin de semana, es decir, desde ese día hasta el domingo 3 de octubre, fecha de 2017 en que se celebró una huelga general contra las cargas policiales en los puntos de votación del referéndum ilegal.

El sector más “revolucionario” del independentismo da también una gran importancia simbólica a ese 3-O, cuando, por cierto, el rey Felipe VI pronunció por la noche su discurso contra el plan secesionista.

Bloqueo de infraestructuras

Hay que tener en cuenta que no son sólo grupúsculos, que funcionan a través de canales de Telegram con cientos y miles de seguidores, los que están llamando a volver a ‘incendiar’ Cataluña. Con rueda de prensa ante el Cuartel de El Bruc, el colectivo juvenil La Forja y Poble Lliure (uno de los socios de la CUP), ambos de la izquierda independentista radical, hicieron hace unos días un llamamiento a secundar su “campaña de embate contra el estado español”, que consistirá en “acciones de desobediencia” que tienen por objeto “hacer que su ocupación sea insostenible”.

A las claras, esta campaña anuncia que convocará “boicots, huelgas y bloqueando el funcionamiento de las infraestructuras”, y en el vídeo difundido utilizan imágenes de la ocupación de El Prat en octubre de 2019.

Por tanto, queda claro que la opción de bloquear con miles de personas determinados punto para bloquearlos durante horas, está en los planes de algunos colectivos independentistas.

Sin refuerzo por la Diada

El inicio de las movilizaciones se fijó para el 11 de septiembre, Diada de Cataluña, en la que los independentistas llevan años manifestándose con grandes concentraciones, organizadas por la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.

Varias fuentes policiales confirman a ECD que de cara a este 11 de septiembre no hay una alerta especial. Con la información disponible, no se han previsto grandes altercados, ya que el “peligro” se prevé para más adelante.

De hecho, en esta ocasión no se ha mandado un refuerzo especial de antidisturbios de la Policía Nacional. En años anteriores, en los días y semanas previos al 11 de septiembre llegaban a Cataluña varios grupos operativos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) con base en otras ciudades de España, como Madrid, Valladolid, Zaragoza, Sevilla, Oviedo, La Coruña, Bilbao, Pamplona...

El dispositivo del 1-0

El gran “desembarco” fue en 2017, con el dispositivo especial que cubrió el 1-O, un tenso mes de octubre, la declaración de independencia del 27 de octubre, y las semanas posteriores cuando medio Govern estaba fugado, el otro medio en prisión, y la Generalitat intervenida artículo 155 mediante.

Sin embargo, para esta Diada no se han mandado refuerzos especiales. En Barcelona tiene su base la IIª UIP, que cuenta con dos grupos operativos, en teoría de 50 agentes cada uno, pero con algunas vacantes.

A ellos se han unido desde hace años refuerzos constantes, durante todo el año, de dos o tres grupos de otras UIP del resto de España, hasta sumar en total cinco grupos y algo menos de 250 agentes. En ocasiones especiales -visitas del rey a Cataluña, celebración en Barcelona de un Consejo de Ministros, inhabilitación de Quim Torra...-, se han reforzado con algunos grupos más.

Edificios del Estado

Estos antidisturbios protegen, en los momentos más tensos, los edificios  de instituciones del Estado, como son la Delegación del Gobierno en Barcelona, las subdelegaciones provinciales en Tarragona, Gerona y Lérida, además de la sede del Banco de España en Barcelona, y otras instituciones como la Agencia Tributaria.

También custodian la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, ubicada en Vía Layetana, de Barcelona. Por esa calle baja la manifestación de este sábado, 11 de septiembre, desde la Plaza de Urquinaona, y los antidisturbios de la Policía blindan la jefatura ante el lanzamiento de objetos y globos de pintura que suelen realizar algunos radicales.

La frontera con Francia

Además, los policías nacionales antidisturbios destinados, o trasladados periódicamente a Cataluña, realizan también tareas de vigilancia en la frontera con Francia. Se trata de una misión de carácter sobre todo antiterrorista, para evitar movimientos de yihadistas entre España y Francia.

Para esta Diada, todos los efectivos de las UIP que están actualmente en Cataluña han sido movilizados: trabajan todos, y, además, doblando turno de mañana y tarde. Reforzarán la protección de edificios del Estado, ya que en esta vez los Mossos d’Esquadra ni siquiera han solicitado apoyo de la Policía Nacional ante las manifestaciones independentistas.

La Diada se considera un “termómetro”, una primera toma de temperatura de cómo de movilizado está el independentismo más radical, y si puede amenazar gravemente el orden público y el funcionamiento de infraestructuras en las próximas semanas.