Los policías y guardias civiles que sean enviados a Cataluña el 1-O no tienen alojamiento

Un año después de la “Operación Copérnico”, para reforzar la presencia de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña ante el desafío independentista, el Ministerio del Interior ha vuelto a enviar agentes desde unidades del resto de España.

Antes de la reciente Diada, el departamento de Fernando Grande-Marlaska dio orden de trasladar a Cataluña varios centenares de agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, así como guardias civiles de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), las dos agrupaciones antidisturbios que, por ejemplo, fueron los que principalmente intervinieron el año pasado en los puntos de votación del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Además, la Dirección General de la Guardia Civil ha prolongado la estancia de 300 efectivos que se encontraban en Cataluña y que se iban a trasladar a sus nuevos destinos, pero que se queden al menos hasta el 15 de octubre, en previsión de que sea necesario que intervengan ante algún incidente.

Esa coincidencia entre efectivos que alargan su estancia en Cataluña y otros que han sido enviados allí de forma temporal, está provocando problemas logísticos de alojamiento, como ya sucedió también hace un año.

Sin hueco para los guardias civiles que se quedan sin piso

Así lo denuncian al Confidencial Digital desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles. El mayor problema lo tienen los agentes que estaban en Cataluña y que se iban a trasladar a otro destino.

Como ya ocurrió el año pasado, la prolongación de su estancia ha provocado problemas a quienes ya habían matriculado sus hijos en colegios del nuevo destino, a quienes ya habían buscado residencia en ese lugar... Y también a quienes, por ejemplo, se han quedado sin el piso de alquiler en el que vivían en Cataluña.

La queja que ha llegado a AUGC, por parte de varios guardias civiles, es que este sábado, 15 de septiembre, acaba su contrato de alquiler, se quedan sin residencia, y que, al ir a pedir ayuda a la Jefatura de Zona de la Guardia Civil en Cataluña, no la han recibido.

“Todo está ocupado”

“Les han dicho que está todo ocupado”, explican desde AUGC. La solicitud consistía en que, durante las semanas que tengan que permanecer, estos guardias civiles que se han quedado sin piso de alquiler pudieran alojarse en algún cuartel militar o en una comandancia de la Guardia Civil.

Esta negativa revela que las instalaciones de los ministerios del Interior y de Defensa se encuentran ya desbordados con los alrededor de mil agentes de Policía y Guardia Civil enviados desde otros puntos de España antes de la Diada del 11 de septiembre.

Un despliegue mayor ante un otoño “caliente”

El problema, apuntan desde AUGC, se agravará cuando Interior aumente el actual despliegue especial de las Fuerzas de Seguridad en Cataluña. El planteamiento del equipo de Grande-Marlaska era esperar a que pasara la Diada -cuando la manifestación independentista en Barcelona no provocó incidentes- para replantear la situación y analizar si es necesario incrementar la presencia policial.

En Interior son conscientes de que este otoño el independentismo catalán pretende retomar las movilizaciones en la calle para presionar a favor de la “república de Cataluña”. Los partidos y entidades secesionistas van a recordar las fechas clave del año pasado, empezando por el 20 de septiembre, aniversario del “asedio” de miles de personas a los guardias civiles que acudieron al Departamento de Economía de la Generalitat a realizar detenciones y registros sobre los preparativos del referéndum.

Pero, sin duda, el aniversario más importante es el del 1 de octubre. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y los Comités de Defensa de la República (CDR) están planteando distintas posibilidades para conmemorar la votación independentista, y la opción más firme que barajan es convocar paros parciales -la idea más moderada- o una huelga general -los más radicales- ese día, que este año cae en lunes.

Los propios CDR, que los independentistas más movilizados crearon hace un año por municipios y barrios de todo el territorio catalán, llevan semanas avisando de que pretenden retomar su estrategia más combativa, bajo el lema “otoño caliente” (“tardor calenta”).

En 2017, el ministerio llegó a mantener hasta 6.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña en torno al referéndum del 1 de octubre. Ahora, la cifra ronda el millar, y, según las fuentes consultadas por ECD, “el problema llegará como haya que enviar mil agentes más; no hay dónde alojarlos”. Están ya al límite de su capacidad las instalaciones policiales y militares.

Hoteles acosados y el barco ‘Piolín’

Hasta el momento, la dimensión relativamente reducida del dispositivo especial ha permitido a Interior alojar a los agentes en cuarteles, y evitar otras ubicaciones a las que recurrió el año pasado y que fueron foco de problemas.

Por un lado, alquiló varios barcos ferry (uno de ellos, el denominado ‘Piolín’) atracados en puertos como el de Barcelona. Los agentes que “vivían” allí denunciaron el hacinamiento, problemas para lavar la ropa, mala calidad de la comida que les servían...

Por otro lado, la decisión de optar por hoteles e incluso un cámping para acoger a los policías y guardias civiles llegados desde fuera de Cataluña facilitó a los independentistas radicales organizar “escraches” ante estos establecimientos. En varios casos, los efectivos de las Fuerzas de Seguridad tuvieron que marcharse por las presiones a los hoteleros.

Gestionar mejor el despliegue

Este año, por el momento los sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil se mostraban satisfechos porque el ministerio no hubiera recurrido a otro ‘Piolín’. Sin embargo, los agentes han empezado a estar hacinados en cuarteles como el de El Bruc (Barcelona). Y la negativa a reubicar en ellos a los guardias civiles que se tienen que quedar un mes más muestra ese problema, que podría agravarse en el caso de que se envíen a Cataluña más agentes como refuerzo ante un “otoño caliente” de movilizaciones de los independentistas.

Los errores y deficiencias de la “Operación Copérnico” del año pasado llevaron a que, ya en el mes de mayo, la Dirección General de la Guardia Civil organizara un sistema informático para gestionar mejor otro despliegue de importancia en Cataluña, y también para que no hubiera fallos en las retribuciones. Informó a las asociaciones profesionales de que se iba a tratar de diseñar un plan de alojamientos con más tiempo que en 2017, cuando la urgencia obligó a improvisar soluciones para acoger a los policías nacionales y guardias civiles.