Los policías nacionales que no quieran vacunarse tendrán que notificarlo con una minuta

La Subdirección General de Recursos Humanos explica en una circular que la inmunización es voluntaria, pero quienes la rechacen deben comunicarlo para calcular cuántas dosis harán falta

Control de la Policía Nacional.
Control de la Policía Nacional.

La vacunación contra el coronavirus en la Policía Nacional será voluntaria, y quienes opten por no recibir las dosis deberán notificarlo. Es el procedimiento que ha elegido la Dirección General de la Policía para conocer cuántas vacunas se necesitará en cada unidad.

Confidencial Digital ha consulta la “Circular de 22 de febrero de 2021, de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, sobre el proceso de vacunación del personal que presta sus labores profesionales en la Dirección General de la Policía”.

El subdirector general de Recursos Humanos, Agustín Alonso-Carriazo, explica en la circular que “en los próximos días las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas iniciarán el proceso de vacunación del personal que desarrolla sus labores profesionales en la Dirección General de la Policía”.

Al menos en un primer momento, recibirán la vacuna los menores de 55 años, tal y como contó ECD: “Los criterios de vacunación han sido expuestos por el Ministerio de Sanidad, siendo la edad un dato objetivo de referencia que habrán de cumplir quienes se vacunen. Consecuentemente, los nacidos a partir del año 1966, inclusive, podrán ser inoculados”.

En la circular se indica -además, marcado en negrita- que “la vacunación es un acto voluntario en todo el territorio nacional”.

Por ello, en la Policía Nacional “con la finalidad de facilitar la gestión del proceso, todas aquellas personas que no deseen hacerlo han de manifestarlo previamente mediante la presentación de minuta en las secretarías de las unidades territoriales de las que dependen”.

El subdirector general de Recursos Humanos de la Dirección General de la Policía explica que de esta forma “se tratará de utilizar las dosis exactas evitando su desaprovechamiento”.

Evitar que sobren vacunas, o una “lista negra”

Este protocolo ha generado interpretaciones enfrentadas. Algunos sindicatos lo ven lógico, como una forma de evitar que sobren vacunas en las unidades.

Pero también hay voces que apuntan que se puede entender que se creará así una “lista negra” de policías nacionales que hayan rechazado vacunarse. Creen que debería ser al revés, si es voluntario, quien desee recibir la vacuna se apunte, como ocurre con la vacuna de la gripe.

 

Además, consideran que si la información que se recibe en las unidades es el número de agentes que no quieren ponerse la vacuna, será más complicado saber el número real de policías que sí van a recibirla, y por tanto, calcular cuántas dosis deben pedir.

Quienes rechazan esa interpretación creen que puede haber policías que no quieren dejar por escrito su negativa a vacunarse, por miedo a lo que pueda pasar si más adelante se contagian de coronavirus.

La cadena de frío

Distintas fuentes internas del cuerpo aseguran que quienes rechacen vacunarse no sufrirán consecuencias disciplinarias, frente a quienes sospechan que este procedimiento busca “meter miedo” para que se vacunen los agentes.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) informó recientemente del contenido de la reunión mantenida con la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación para tratar del plan de vacunación contra el Covid-19.

Al dar cuenta de ese encuentro indicó que “el carácter voluntario de la vacuna ha sido uno de los puntos centrales de la reunión”.

Explicó también que “en aquellos lugares en los que, dada la urgencia en la administración de la vacuna, se está exigiendo un minuta” se debía solamente “a cuestiones de logística, ya que la vacuna, una vez retirada de la cadena de frío, tiene una vida útil de unas pocas horas y ello conlleva la necesidad de aportar unos listados de funcionarios lo más fiables posibles de cara a evitar la posibilidad de que dosis programadas sean desperdiciadas”.

Además, los mandos les aseguraron que “la negativa a ser administrados de la vacuna es un derecho de los funcionarios que en ningún caso implicará una responsabilidad o consecuencia en el ámbito laboral. En todos los casos en los que los responsables sanitarios lo aconsejen y en aquellos en los que, previo consentimiento informado pertinente, la vacuna será administrada si así lo decidimos voluntariamente”.

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