Policías nacionales recurren al 8-M para justificar la vigilancia del chalet de Pablo Iglesias

La perenne pugna competencial entre la Policía Nacional y la Guardia Civil ha resucitado a raíz de la decisión del Ministerio del Interior de cambiar el dispositivo de seguridad que desde hace meses protege la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar (Madrid) ante caceroladas y protestas.

Han sido guardias civiles quienes han realizado hasta ahora los despliegues que impiden que los manifestantes se acerquen al chalet. Eso ha provocado un desgaste de la Guardia Civil, por polémicas, multas, vídeos con denuncias por las actuaciones de los agentes...

El Mundo avanzó hace unos días que el Ministerio del Interior estudiaba desmontar el corte de la circulación, y que pasaran a ser policías nacionales de paisano los que se encargaran de la vigilancia alrededor de la casa del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos y de la ministra de Igualdad.

Un día después, eldiario.es confirmó que en unos días la Policía Nacional releva a la Guardia Civil en la seguridad perimetral de la vivienda de Iglesias y Montero, aunque la Guardia Civil seguirá interviniendo si se producen concentraciones.

Críticas de guardias civiles y de policías

El cambio de guardias civiles por policías nacionales suscitó algunas críticas. La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) denunció que “echaron al Jefe de la Comandancia de Madrid y ahora nos quieren echar de nuestra demarcación. ¿Nos quieren sustituir por un Cuerpo de policía más dócil? Lo que toca, toca. Si vives en demarcación @guardiacivil, Guardia Civil. Si es de @policia, CNP... excepto para el “ciudadano” @PabloIglesias que “elige” no sabemos por qué criterio”.

También ha habido críticas de policías nacionales. Jupol, el sindicato mayoritario (parte de Jusapol), ha expresado su oposición frontal a este relevo. Considera que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado una orden “completamente ilegal” que choca con la ley que establece el reparto de competencias territoriales entre los dos cuerpos nacionales de seguridad.

Sin embargo, Confidencial Digital ha podido saber que hay sectores de la Policía Nacional que ven positiva la decisión de Interior, ya que entienden que supone un éxito, un reconocimiento a la labor que realiza la Unidad Central de Protección (UCP), encargada de escoltar y proteger a personalidades, y que depende de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

“Son los mejores”

Desde la Confederación Española de Policía (CEP), otro de los sindicatos del cuerpo, señalan que al reclamar el servicio de la Unidad Central de Protección el Ministerio del Interior reconoce “la profesionalidad con la que ejercen esta función” los policías nacionales de esta unidad, en la que “cada vez más personalidades confían para una protección integral”.

“Los han elegido porque son los mejores en su especialización”, proclaman las fuentes policiales consultadas por ECD. Y explican que la posición sobre el reparto competencial entre la Policía Nacional y la Guardia Civil no es tan rígida como señalan los críticos con esta decisión.

La división de funciones entre ambos cuerpos se regula por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El artículo 11.2 establece que “corresponde al Cuerpo Nacional de Policía ejercitar dichas funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine”, mientras que “la Guardia Civil las ejercerá en el resto del territorio nacional y su mar territorial”.

El municipio de Galapagar se encuentra en demarcación de la Guardia Civil. Pero el punto 6 de ese mismo artículo 11 establece que “al objeto de conseguir la óptima utilización de los medios disponibles y la racional distribución de efectivos, el Ministerio del Interior podrá ordenar que cualesquiera de los Cuerpos asuma, en zonas o núcleos determinados, todas o algunas de las funciones exclusivas asignadas al otro Cuerpo”.

El caso del 8-M

Es ese punto el que, según CEP, hace “perfectamente factible” que, como ocurre ahora en Galapagar, el Ministerio del Interior otorgue a la Policía Nacional una competencia concreta en un municipio que corresponda en general a la Guardia Civil.

De hecho, las fuentes consultadas recuerdan un caso reciente, que guarda cierta relación con el asunto de la vigilancia del perímetro del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero.

“Ya sucedió con la investigación de la manifestación del 8-M en Madrid”, recuerdan. Se refieren a que las investigaciones por orden judicial sobre los posibles delitos que se hubieran cometido al autorizar y organizar esa marcha en marzo pese al avance del coronavirus las realizó la Guardia Civil.

De hecho, por ese asunto terminó siendo cesado el coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, acusado por Grande-Marlaska y la director de la Guardia Civil María Gámez de no facilitarles información de sus actuaciones en este caso. Aunque también hubo informaciones que apuntaron que había tenido que ver con que Pérez de los Cobos eran responsable en sus inicios del despliegue de la Guardia Civil para proteger la casa del líder de Podemos.

La principal manifestación del 8-M se celebró en el centro de Madrid, “por ámbito competencial nos correspondía a nosotros”, señalan esas fuentes de la Policía Nacional, pero sin embargo la juez Rodríguez Medel encargó la investigación a la Guardia Civil.

Y es que el mismo artículo 11, en su punto 4, contempla que “sin perjuicio de la distribución de competencias del apartado 2 de este artículo, ambos Cuerpos deberán actuar fuera de su ámbito competencial por mandato judicial o del Ministerio Fiscal o, en casos excepcionales, cuando lo requiera la debida eficacia en su actuación”.

Ahora ese cambio de competencias no obedece a un mandato judicial ni del fiscal, sino del Ministerio del Interior, de acuerdo con el punto 11.6. De ahí que desde la Confederación Española de Policía remarcan que es “perfectamente viable y factible” ese encargo a la Policía Nacional.

Sobre cambios de competencias entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, otras fuentes recuerdan casos habituales. Por ejemplo, consideran que la Policía Nacional tiene encomendada las funciones exteriores como Consejerías de Interior en embajadas, en las que sin embargo también hay guardias civiles. O recuerdan casos de disturbios en zonas rurales, de demarcación de la Guardia Civil, a los que han terminado acudiendo las Unidades de Intervención Policial (UIP) para reforzar al otro cuerpo.

La especialidad de escolta

Fuentes de CEP subrayan que sin querer minusvalorar el trabajo de la Guardia Civil ni entrar en polémicas con ese cuerpo, la decisión de poner policías nacionales en Galapagar supone un reconocimiento necesario, que pone en valor el trabajo de la Unidad Central de Protección.

“Nunca salen a la luz por el gran trabajo que hacen de protección de personalidades, y que el ministerio haya otorgado este servicio es un orgullo para nosotros”, concluyen desde CEP.

A raíz de esta decisión sí han aprovechado para insistir en una reivindicación de años. Han enviado una carta al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional en la que se reclaman que se cree la especialidad de escoltas.

Esta medida tendría varias consecuencias. Por un lado, se tendría que realizar un curso específico y una oposición interna para acceder a la Unidad Central de Protección y a sus brigadas de escoltas. Por otro lado, conllevaría una compensación económica a sus efectivos.

Lo mismo han solicitado para los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC), los patrulleros de la Policía Nacional que acuden a avisos y alertas. También para ellos CEP reclama que se cree una especialidad.