Seguridad

Policías piden a Marlaska una norma de actuación clara frente a ocupaciones de viviendas

Un sindicato ha escrito al ministro solicitando que la Secretaría de Estado de Seguridad dicte unas directrices legales y operativas que despejen dudas

Agentes de la Policía Nacional en un control.
photo_camera Agentes de la Policía Nacional en un control.

¿Cómo actuar ante una denuncia por la ocupación ilegal de una vivienda? En las últimas semanas y meses se han conocido bastantes casos polémicos de ocupaciones, que han suscitado un debate sobre las posibilidades legales para desalojar a quienes entran ilegalmente en una casa ajena para ocuparla.

Un ejemplo de resolución fue el de una reportera de Telecinco, que mostró cómo agentes de la Policía Nacional acudieron a su llamada y derribaron la puerta en menos de 48 horas, evitando así que se iniciara un procedimiento judicial mucho más largo.

Para unificar criterios y saber cómo responder a esta problemática, la Confederación Española de Policía (CEP) ha enviado una carta al ministerio de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le exponen la problemática que plantean estas ocupaciones de viviendas para las Fuerzas de Seguridad.

Ante la divergencia de actuaciones de los cuerpos policiales, incluso a las distintas órdenes e interpretaciones que están haciendo también fiscales provinciales como los de Valencia y Baleares, el sindicato CEP reclama a Interior que unifique los criterios, y que los deje claros en una instrucción para que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil sepan cómo actuar.

Su petición se concreta en que la Secretaría de Estado de Seguridad emita una instrucción para los dos cuerpos policiales, en la que se dejen bien claras unas directrices legales y operativas para actuar frente a ocupaciones, “un problema que genera cada vez más alarma social”.

El Código Penal tipifica como delito esas ocupaciones, y la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana también las sanciona. La solicitud de CEP va en la línea de contar con unos criterios operativos claros que no deje lugar a dudas e interpretaciones cómo y cuándo actuar en estos casos: serviría de "guía de referencia que les proporcione garantías jurídicas y que se ajuste a las disposiciones legales y procedimentales de la jurisprudencia más relevante del Tribunal Supremo en este ámbito".

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