Seguridad

Los policías que protegen a autoridades en Cataluña reclaman cobrar más por productividad

Agentes de la Brigada Provincial de Seguridad de Barcelona han relevado a los efectivos de la Brigada Central de Escoltas de Madrid

Policía Nacional
photo_camera Policía Nacional en el desfile 12 octubre 2018. Álvaro García Fuentes (@alvarogafu)

Cambios en el dispositivo de protección que la Policía Nacional realiza sobre autoridades que viven en Cataluña. Según explican sindicatos policiales, desde hace unos meses las tareas de escolta a personalidades que van de Barcelona a Madrid con frecuencia han pasado a los agentes de la Sección de Protección de la Brigada Provincial de Seguridad y Protección de Barcelona.

Citan, por ejemplo, los casos de los ex ministros del PP Jorge Fernández Díaz y Dolors Montserrat, que residen en Barcelona pero que durante varios días de la semana -por ejemplo, de lunes o martes a jueves- viajan a Madrid por ser diputados en el Congreso.

Ya no viajan desde Madrid

Hasta hace unos meses a estos y otros altos cargos (o ex altos cargos) los protegían policías de la Brigada Central de Escoltas, dependiente de la Unidad Central de Protección de la Policía Nacional.

Eso obligaba a pagar constantemente viajes a los escoltas desde Madrid a Barcelona, su estancia y manutención. Ahora se ha decidido que durante su estancia en Cataluña, los altos cargos estén protegidos por los agentes de la citada Sección de Protección de la Brigada Provincial de Seguridad y Protección de Barcelona.

El problema, según ha sabido Confidencial Digital, es que no cobran lo mismo los agentes de una y otra unidad. De ahí que cuatro sindicatos (CEP, SUP, UFP y SPP) hayan dirigido un escrito al jefe superior de Policía de Cataluña, el comisario José Antonio Togores, para que mejore las condiciones de los nuevos escoltas.

A este fenómeno añaden las diferencias que puede haber entre los equipos de protección asignados a Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo que reside sobre todo en Madrid aunque viaja a Barcelona, y la mujer de Llarena, Gema Espinosa, que fue directora de la Escuela Judicial de Barcelona, ahora magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y reside en Sant Cugat del Vallès; por cierto, donde los radicales de Arran atacaron su portal con pintura.

Cobran distinta productividad funcional

De acuerdo con la carta consultada por ECD, los policías nacionales adscritos a la Brigada Central de Escoltas “tienen asignada una productividad funcional distinta en cuantía superior a las que les correspondería por el hecho de dar un servicio de escolta a otra personalidad asignada a esa brigada”.

Ante esa situación de que los agentes de la Brigada Central de Escoltas cobren más que los de la Brigada Provincial de Seguridad, en concepto de productividad, cuando ambos realizan esa misma tarea de escoltar a autoridades en Cataluña, los cuatro sindicatos firmantes piden al jefe superior de Cataluña que realice las gestiones para que los policías de Barcelona asignados con carácter fijo a proteger a esos altos cargos puedan percibir la productividad funcional de los escoltas que hasta hace unos meses hacían esa misma tarea desde Madrid.

Entienden que “esta productividad funcional está vinculada al puesto o cargo que ostenta o ha ostentado cada uno de los protegidos y su nivel de riesgo y no al territorio o plantilla en la que trabaja o reside”.

 

El riesgo mayor que existe en Cataluña

A todo ello añaden que “hay que tener en cuenta, y mucho, que el riesgo y las situaciones de riesgo que afrontan en Cataluña los policías de escoltas a estas personalidades son muy superiores y más numerosas que las que se producen con ellos en el resto de España”, en base a “las situaciones de desprecio y acoso que han sufrido y vienen sufriendo estas personalidades y sus familias” desde que el proceso independentista entró en su fase más tensa.

Desde 2017, coincidiendo con el intento de secesión liderado por el Govern y la mayoría del Parlament de Cataluña, la tensión social ha crecido en Cataluña. Eso ha derivado en más incidentes en las calles, y consecuentemente ha aumentado el número de personalidades que cuentan con protección policial: sobre todo, jueces, fiscales y políticos no independentistas.

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