Presión a los partidos independentistas para crear la Agencia Nacional de Inteligencia de Cataluña
La ANC incluye esta medida en un decálogo para avanzar hacia el estado propio que propone que se recojan en los programas electorales para el 14 de febrero
Los partidos independentistas afrontan las elecciones al Parlament de Cataluña como un nuevo “plebiscito” en el que pretenden conseguir superar el 50% de los votos, lo que a su juicio reforzaría su legitimidad para avanzar hacia la secesión.
La hoja de ruta de esa nueva intentona independentista no está tan clara. Por ello, la Assemblea Nacional Catalana, la entidad que impulsó el ‘procés’ desde el año 2012 con las grandes manifestaciones en la Diada del 11 de septiembre, ha aprobado un “Decálogo de principios de acción política institucional para avanzar hacia la independencia”.
El documento plantea una serie de medidas que creen que deberían aplicar el Parlament que salga de las elecciones del 14 de febrero y el Govern de la Generalitat que elija la cámara, para alcanzar el objetivo de crear un estado catalán independiente.
El octavo punto del decálogo de la ANC hace referencia al “principio de seguridad pública para un estado democrático”, que abarca medidas que afectaría sobre todo a los Mossos d’Esquadra: reestructurar la unidad antidisturbios, la Brimo, investigar en el Parlament los “abusos policiales”, reformar la Ley de la Policía de la Generalitat para garantizar que los Mossos sean “una policía democrática” que garantice la libertad de manifestación...
En este capítulo se incluye la propuesta de crear la “Agencia Nacional de Inteligencia de Cataluña”. No se detalla de forma extensa, simplemente la ANC considera que es necesario crear esa agencia porque “la seguridad nacional de Cataluña y de sus ciudadanos ha de comenzar a ser uno de los ejes prioritarios de la Generalitat de Cataluña”.
No se plantea qué funciones tendría que asumir esa “Agencia Nacional de Inteligencia”, ni cómo se formaría.
Prepararse para el embate frente al Estado
Cabe destacar que la Assemblea Nacional Catalana no plantea estas propuestas como medidas a adoptar en caso de hipotética independencia: se trata de iniciativas que reclama que se vayan implementando en la próxima legislatura autonómica, con la idea de “prepararse al máximo posible para el siguiente embate democrático con el Estado y para una declaración de independencia efectiva durante la próxima legislatura”.
Es decir, en parte se trataría de que el Govern y el Parlament vayan poniendo en marcha lo que el Govern de Puigdemont denominó “estructuras de Estado”, y que en teoría iban a estar listas para que si ganaba el “sí” en el referéndum unilateral de independencia, realmente fuera viable que la Generalitat sustituyera a las instituciones del Estado español en todos aquellos ámbitos en los que hasta ahora no tiene competencias, desde hacienda hasta el control de fronteras.
Una de las conclusiones que parte del independentismo catalán ha extraído del fracaso de la intentona secesionista de 2017 es que el Govern no tenía listas esas “estructuras de Estado”. Como dijo en una conversación intervenida uno de los responsables de esas estructuras, el entonces secretario de Hacienda, Lluís Salvadó:
-- “Vale entonces, aquí tenemos el patio, está en una situación de que el mes de octubre no hay capacidad, ni tenemos control de aduanas ni tenemos un banco donde meter.... resumen, la cosa pinta, no está, está muy verde. Entonces, eso cualquier aquel (que) tiene dos dedos de cerebro lo sabe”.
Embriones de un servicio de inteligencia
Poner en marcha un servicio de inteligencia propio es uno de los empeños del independentismo catalán desde hace años. Ya en la etapa de Artur Mas, el Govern trató de iniciar contactos con agencias de inteligencia europeas y con el Mossad israelí.
Además, se han conocido movimientos que el gobierno autonómico ha hecho para crear un embrión de servicio de inteligencia. En primer lugar, en base a una unidad de los Mossos bastante reservada, la UCRO, y a ciertas órdenes de contrainteligencia para tratar de ‘marcar’ a los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que trabajan en Cataluña.
La otra pata de ese plan sería el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, el Cesicat, al que se ha acusado de realizar tareas de control por medios electrónicos sobre dirigentes políticos, periodistas, activistas...
También ha tratado de poner en marcha una agencia de ciberseguridad, y para ello ha tenido contactos con hackers para intentar reclutarlos con el objetivo de defender la independencia.
