Presos de ETA denuncian que las cárceles les intervienen las comunicaciones con los mismos argumentos que cuando la banda aún atentaba

Los terroristas de ETA que se encuentran en prisión abren un nuevo frente de queja: la intervención de las comunicaciones. Dicha intervención no es nueva, era una constante durante décadas, pero ahora, tras el fin de los atentados de ETA, su anuncio de disolución y la entrega de parte de sus armas, denuncian que no se está avanzando para acabar con esa situación.

Así lo recoge un documento de Sortu consultado por Confidencial Digital. Sortu es el partido heredero de Batasuna y de otras marcas ilegalizadas por la justicia por ser el brazo político de ETA, y ahora se integra como principal fuerza de la coalición EH Bildu.

“No ha mostrado arrepentimiento”

Sortu se hace eco de quejas, se entiende, de familiares y de abogados de etarras que cumplen condena en la cárcel, sobre la intervención de sus comunicaciones con el exterior de la cárcel.

Critica que “en algunos de los acuerdos más recientes de intervención de comunicaciones” se comete un “desatino” al justificar la intervención de las comunicaciones: “La referencia a la banda, a la posibilidad de que se transmitan datos que resulten perjudiciales o peligrosos o se coordinen motines o protestas, … Es decir, la intervención de comunicaciones sirve a objetivos que la SGIP [Secretaría General de Instituciones Penitenciarias] sabe que son, a día de hoy, simplemente inexistentes”.

Por ejemplo, denuncian que el director de la cárcel de Pamplona hizo alusión, en un acuerdo reciente para renovar la intervención periódica de las comunicaciones de un etarra preso, a la “comisión de delitos graves en el seno de la organización terrorista ETA, no habiendo mostrado al día de la fecha repudio respecto a la actividad desarrollada por la citada banda terrorista, asi como tampoco ha mostrado rechazo o arrepentimiento por los actos cometidos”.

Este director también justificaba su decisión por la existencia del colectivo de presos de ETA, el EPPK, por organizar protestas y dirigir “exigencias en el ámbito penitenciario, las cuales pudieran incidir en el mantenimiento del buen orden interior del establecimiento y la seguridad penitenciaria”.

Sortu denuncia que, en ese caso, “se acuerda la intervención por motivos ajenos a los especificado por la ley y mostrando exigencias que no vienen al caso (condicionada al repudio) y derivando los motivos de peligrosidad a otros terrenos de especulación gratuita (EPPK)”.

Los jueces estaban suspendiendo esa medida

El partido de la izquierda abertzale critica, sobre todo, que se está retrocediendo en un ámbito en el que ya se había avanzado.

Indica Sortu que en 2020 y 2021 el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha decidido, en diferentes autos, no avalar algunos acuerdos de renovación de intervención de comunicaciones de presos de ETA, “adecuándose al nuevo tiempo político y penitenciario”.

En algunos de esos autos se daban razones como las siguientes:

-- “No cabe sino señalar que las razones y motivos que fundamentan la continuidad de la intervención, no se corresponden con la situación que ha dado lugar a la progresión de grado del interno, por lo que, no se darían en el momento actual, las razones de seguridad, interés del tratamiento y buen orden del establecimiento que justificaría la aplicación excepcional de una medida restrictiva del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, por lo que, procede la estimación del recurso, dejando sin efecto la intervención de comunicaciones”.

-- “En el expediente pone de manifiesto que, al menos desde la progresión de grado concurren signos de abandono de los fines y medios terroristas y no hay nada que indique la existencia de vínculos o contactos con la organización terrorista...”.

-- “Tales circunstancias ponen de manifiesto que las razones y motivos que fundamentaron el acuerdo de intervención, no se corresponden con la situación, por lo que, no se darían en el momento actual, las razones que justificarían la aplicación excepcional de una medida restrictiva del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones”.

También algunos directores de prisiones estaban suspendiendo esta medida excepcional: “Le informo que en el día de la fecha esta dirección ha resuelto suspender el acuerdo adoptado en su día, referido a la intervención de comunicaciones (orales y escritas) realizadas por el interno XX XXX, debido a que han cesado las causas que lo motivaron”, es el texto de una resolución en ese sentido.

Sortu denuncia la “involución”

Ese levantamiento de las intervenciones de las comunicaciones iba en muchos casos en paralelo al paso a segundo grado del preso, algo lógico según Sortu, ya que “la progresión a segundo grado implica que se aprecia que ya no hay peligrosidad y, por ello, debe decaer o le debe ser retirada la intervención de comunicaciones al preso”.

Según Sortu, “todo indicaba que una vez constatada la desaparición de ETA, la actitud general de los presos y que la mayoría están clasificados en 2º grado penitenciario, la coherencia se haría un hueco poniendo fin a décadas de excepcionalidad también en este apartado”, el de la intervención de las comunicaciones.

A su juicio, todo formaba parte de un proceso en el que se fueron relajando las medidas especiales impuestas a los terroristas de ETA: “En la misma medida que se fueron produciendo la salida de las unidades especiales de régimen cerrado, traslados a nuevos destinos y progresiones de grado al régimen ordinario, el siguiente paso lógico era la desaparición de la generalizada y discrecional intervención de las comunicaciones”.

El lamento de Sortu es que “frente a los autos mencionados o las notificaciones de suspensión de acuerdo de intervención”, recientemente “se ha procedido a una involución por parte de las direcciones de algunas cárceles que continúan remitiendo a los presos notificaciones con argumentos del pasado y que muestran signos inequívocos de una voluntad de seguir manteniendo la intervención de las comunicaciones por el motivo que sea”.

“Sesgo ideológico”

Con el ejemplo de la resolución del director de la cárcel de Pamplona, ya citado, Sortu denuncia que “es evidente que por mucho que se intente asegurar que la intervención es una medida excepcional e individualizada, continua siendo una medida que no es excepcional sino discrecional, y que no es individual sino colectiva”.

Añade que “es una medida que sigue obedeciendo a una política de excepción de tal suerte que, por un motivo u otro, se sigue renovando cuasi-sistemáticamente cada seis meses sin atención ninguna a la continuidad o no de las circunstancias que según la ley se dicen motivo para su aplicación”.

La explicación que extrae de esa situación la izquierda abertzale es que “de la misma manera que para algunos jueces y fiscales nunca hay motivos para permisos o terceros grados (exigiendo lo que no procede: perdón, arrepentimiento, colaboración, dejar EPPK,...) para algunos directores de prisiones de su mismo sesgo ideológico, y por el mismo motivo, nunca parecen decaer las circunstancias que ponen en peligro la seguridad o el buen orden del establecimiento”.

Señala la “paradoja” de que “un día se adopta la decisión, por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de progresión a segundo grado y traslado, y a los días, tras trasladar a esta misma persona y llegar en 2º grado al nuevo Centro Penitenciario se le aplica un acuerdo de intervención de comunicaciones que se apoya precisamente en los argumentos contrarios a los que habían motivado el traslado y/o progresión de grado”.

Es lo que Sortu entiende como “falta de coherencia”, que pondría de manifiesto “la anacrónica situación que viven los presos políticos vascos y hasta donde siguen siendo todavía víctimas de las inercias adoptadas en el pasado y tan difíciles de corregir”.

Concluye denunciando que “todavía hoy perduran en los Centros penitenciarios las antiguas directrices que dieron lugar a que a los presos de ETA sistemáticamente, al llegar a la cárcel, se les acordara la intervención de las comunicaciones”.