Seguridad

Recurren a Interior por la oposición de Prisiones que se aplazó para los aspirantes de Canarias

Un grupo de opositores de las islas no pudo viajar a Madrid por la calima que canceló varios vuelos. Hicieron un examen más fácil, sabiendo ya la nota de corte

Acceso a la cárcel de Estremera.
photo_cameraAcceso a la cárcel de Estremera.

El proceso selectivo para acceder al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias que se celebró en febrero sufrió un obstáculo que ha llevado a algunos aspirantes a recurrir por las “graves irregularidades” cometidas.

La calima obligó a cerrar los aeropuertos de las Islas Canarias en los días previos al 23 de febrero, cuando se celebró en Madrid la prueba escrita de dicha oposición. Algunos opositores residentes en el archipiélago no pudieron volar a Madrid, y ante ello, consiguieron que el Ministerio del Interior fijara para ellos otra fecha.

La solución resultó satisfactoria para ellos, pero no para otros opositores que sí se examinaron el 23 de febrero y que consideran que no fue una medida justa.

Por ello, según ha podido saber Confidencial Digital, un grupo de aspirantes al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias ha decidido presentar un recurso de alzada contra los acuerdos de tribunal calificador que permitieron aplazar el examen para esos opositores de Canarias (no todos) que no pudieron desplazarse a Madrid.

Asesorados por el bufete Legal Oposiciones, han presentado un recurso de alzada ante la Subsecretaría del Ministerio del Interior. Se trata de la vía administrativa que, de no prosperar, agotarán antes de acudir a los tribunales, con un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Algunos opositores ya habían recurrido directamente al TSJ.

Diferencias de dificultad entre exámenes

Este grupo de opositores considera que “por parte del Tribunal de Selección se han llevado a cabo decisiones arbitrarias no contempladas en las bases de la convocatoria y que al mismo tiempo socavan y desechan los principios de igualdad, mérito y capacidad, derechos fundamentales de configuración legal, tal como expresamente dispone el artículo 23.2 de la Constitución, así como lo dispuesto en los artículos 14 de la misma norma y el artículo 55 del Estatuto Básico del empleado público”.

Son varios los argumentos que esgrimen en su recurso estos opositores que se consideran perjudicados por el aplazamiento para algunos aspirantes de Canarias.

En primer lugar, consideran que el tribunal calificador accedió “injustificadamente” a hacer el examen otro día a esos opositores de Canarias. Lo consideran injustificado porque la calima había sido anunciada con antelación por la Agencia Estatal de Meteorología, y muchos opositores de las islas sí llegaron a Madrid.

Además, apuntan que quienes pudieron hacer el examen otro día tuvieron ventaja al dispone de diez días más para estudiar y preparar la prueba.

En segundo lugar denuncian que el examen realizado excepcionalmente el 4 de marzo “fue agraviadamente menos extenso (con la consecuente extensión de tiempo a la hora de resolver) y por si fuera poco de un nivel de dificultad notablemente inferior”.

Aseguran que esas dos afirmaciones vienen avaladas por un peritaje realizado por un doctor en la materia. Hay que recordar, por ejemplo, que en la polémica por la prueba de ortografía en las oposiciones de acceso a la Guardia Civil también se denunció -y se recurrió- que un examen incluía palabras muy complicadas, en desuso, frente al otro examen más normal. Todo ello lo trataron de demostrar con el informe de un filólogo.

Otra ventaja: sabían la nota de corte

El tercer argumento reflejado en el recurso de alzada ante el Ministerio del Interior se basa en que el tribunal calificador vulneró las bases del proceso selectivo. Concretamente, las ignoró “al sacar a la luz y publicitar inexplicablemente las calificaciones del ejercicio del 23 de febrero antes de que finalizara, el segundo llamamiento, que se realizó el 4 de Marzo de 2020, publicitándose sin embargo en el BOE el 25 de febrero”.

De esta forma una vez más habría beneficiado al segundo grupo, el de los canarios que se examinaron el 4 de marzo, “pues le daba una noción aún más certera del corte que habrían de superar, ya que con esta información los opositores del primer llamamiento no podrían gestionar qué preguntas no contestar (que no restan) sin arriesgar las fallidas(que restan 0,33 puntos)”.

Concluyen denunciando que muchos opositores que hicieron examen original, el del 23 de marzo, “se enfrentaran a un examen ambiguo, extenso y farragoso, frente a otro examen posterior (4 de marzo de 2020) peritado como más que demostrable inferior dificultad, creando como consecuencia una situación de discriminación, angustia e impotencia ante tales actuaciones”.

Todo esto, a su juicio, ha provocado una “patente situación de desigualdad”. Incluso ha motivado que opositores que vieron que sus notas de corte les daban para superar ambas pruebas, luego comprobaron que eran modificadas en varias décimas, “dejándoles injustamente fuera del listado de Aptos, tras el sacrificio de varios años de estudios”.

Los opositores que presentan este recurso de alzada aseguran que la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre casos similares les amparan. De ahí que soliciten que se excluya del proceso a los aspirantes de Canarias “que ilegalmente fueron convocados en un segundo llamamiento, subsidiariamente que se amplíe la nota de corte, o que incluso se amplíe el número de plazas convocadas”.

Asimismo, como medidas cautelares, piden “que se paralice la oposición por el agravio de difícil reparación” que se les ha causado, al menos hasta que no se resuelva su recurso o que se les permita continuar con el mismo, una vez se reanuden los plazos suspendidos por el estado de alarma.

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