Seguridad

Reuniones reservadas entre fiscales y testigos protegidos de los casos Pujol y Villarejo

Aunque la Justicia está paralizada por vacaciones, el Ministerio Público prepara en pleno agosto su estrategia de cara al inicio de curso

Fiscalía anticorrupción.
photo_cameraFiscalía anticorrupción.

Agosto, mes de vacaciones por antonomasia para la Administración del Estado y por ende, también para la Justicia. Este año, el CGPJ ha dispuesto lo previsible, que el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre es inhábil para sus funcionarios: no hay juicios ni vistas.

Sin embargo, esta parálisis anual no significa forzosamente el cese total de la actividad de la Justicia. Al menos de la actividad no remunerada. Y es que, según ha podido saber Confidencial Digital, durante este mes de agosto permanecen en Madrid varios fiscales dedicados a las labores propias del Ministerio Público.

En concreto, han aprovechado estas semanas de veraneo para muchos españoles para orientar su estrategia fiscal antes de que dé comienzo el nuevo curso. Prefieren llegar a septiembre "con los deberes hechos", esto es, con las líneas maestras de sus acusaciones definidas, ahorrando tiempo y esfuerzo una vez iniciado el año judicial.

Testigos protegidos

Se trata de fiscales que han retrasado (y acortado) sus vacaciones para dedicar los días de agosto a recabar detalles de los casos en los que trabajan. Para ser más exactos, se han citado en varias ocasiones con testigos protegidos que colaboran voluntariamente en desentrañar casos que conocen bastante.

Según ha recabado ECD, se trata de los casos Pujol y Villarejo, ambos instruidos en la Audiencia Nacional. En el primero, los testigos de los que hablamos son empresarios cercanos que han conocido el entramado financiero y fiscal del ex president de la Generalitat, en buena parte, a través de la antigua CDC, hoy rebautizada con las siglas PDeCAT. No en vano, los casos Pujol y 3% guardan estrecha relación en varios puntos.

De los testigos protegidos del caso Villarejo se sabe menos, aunque, en palabras de fuentes cercanas a la investigación, "todo personaje de la Transición es susceptible de haber tenido tratos o cercanía" con el comisario. La cantidad de información incautada al policía jubilado es ingente y sobrepasa la astronómica cifra de 50 terabytes almacenada en decenas de discos duros.

Lejos de los despachos

Pues bien. Además de organizar todo el material, varios fiscales se han reunido en varias ocasiones con los testigos protegidos perdonados en ambos procedimientos. Los representantes del Ministerio Público han querido coordinar versiones y esclarecer datos que sólo los imputados y los propios testigos conocen.

Los encuentros no han tenido lugar en las sedes de las Fiscalías, situadas en el Paseo de la Castellana (la Fiscalía General del Estado) y en la cercana calle de Fortuny (la Anticorrupción), sino en puntos neutrales y poco sospechosos como cafeterías o restaurantes frecuentados por turistas y visitantes de la capital. Ambientes alejados de los despachos en los que se pueda tener una conversación relajada pero a la vez discreta.

No se trata de citas inhabituales, aunque sí lo son las fechas, en pleno verano y estando paralizada la Justicia. Pese a que no puedan ordenar diligencias o acceder fácilmente a sus despachos, varios fiscales coinciden en señalar a este confidencial que los encuentros con estos testigos son fructuosos, porque les permiten avanzar en la reconstrucción de los hechos y sustanciar mejor las acusaciones. "Aportan datos muy concretos porque han estado muy cerca o incluso dentro del entramado", afirman.

Jordi Pujol y José Villarejo

De su testimonio dependerán en buena parte los ataques de la Fiscalía y las defensas de los investigados. En el caso Pujol, el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, abandonó a finales de diciembre del año pasado la cárcel de Soto del Real tras depositar medio millón de euros de fianza que solicitaba el juez de la Mata. Pujol Ferrusola está acusado de blanqueo de capitales, fraude fiscal de más de 30 millones de euros y falsedad documental.

En cuanto a Villarejo, el agente de Policía ya jubilado está acusado de pertenencia a organización criminal por introducir en España a ciudadanos guineanos con pasaportes falsos, tan sólo uno de tantos escándalos con los que se le ha relacionado por sobornos, cohecho, amenazas e incluso agresiones, como la sufrida por la doctora Elisa Pinto, que tuvo desencuentros con Javier López-Madrid, ex consejero delegado de OHL.

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