Sortu denuncia la primera negativa del Gobierno Vasco a la semilibertad de una presa de ETA

El Gobierno Vasco asumió el 1 de octubre la gestión de las tres cárceles que se encuentran en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Se cumplió el acuerdo que había alcanzado con el Gobierno de España para que le cediera la competencia en gestión penitenciaria, que según el Estatuto de Autonomía del País Vasco corresponde al ejecutivo autonómico.

Los críticos con este traspaso denunciaban que el Gobierno Vasco, presidido por el Partido Nacionalista Vasco y en coalición con el Partido Socialista de Euskadi, utilizaría esa competencia para beneficiar a los presos de ETA, que se están agrupando en el País Vasco y en Navarra, según la política de acercamientos del Ministerio del Interior que está acabando con la dispersión de los etarras.

Sin embargo, desde la izquierda abertzale no parecen muy contentos con las primeras decisiones del Gobierno Vasco respecto a los presos de ETA bajo su control.

Confidencial Digital ha podido comprobar que Sortu, el partido heredero de la ilegalizada Batasuna, critica con dureza en una publicación interna la primera resolución sobre asuntos penitenciarios que ha emitido la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco.

El 1 de octubre entró en vigor el traspaso de competencias. Según Sortu, “la primera resolución administrativa emitida por la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco” y que afecta a un preso de ETA se dictó el 25 de octubre, y fue negativa para ese terrorista.

Se trata de Oskarbi Jauregi Amundarain, que está condenada a decenas de años de cárcel por colaborar en el asesinato del ertzaina Mikel Uribe, mandar el libro-bomba que hirió al periodista Gorka Landaburu, y enviar otro paquete explosivo similar al decano de los abogados de Guipúzcoa, José María Muguruza Velilla.

Jauregui cumple condena en la cárcel de Martutene, en San Sebastián. Antes estuvo en la prisión de Teixeiro (La Coruña).

De acuerdo con la denuncia de Sortu, la Junta de Tratamiento de Martutene, en sesión del 22 de septiembre de este año, formuló “propuesta razonada de revisión” de su situación penitenciaria.

Sin embargo, esa propuesta no convenció a la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco, que consideró que “de la conducta global no se desprende una evolución suficientemente favorable, por el momento, que permita inferir una capacidad para llevar en lo sucesivo un régimen de vida en semilibertad”.

Por ello, la Dirección de Justicia acordó que la etarra continúe “en segundo grado y destino en el centro penitenciario de Guipúzcoa”. El segundo grado es el régimen ordinario de la mayoría de presos que están en la cárcel.

Desde Sortu no sólo critican la negativa en sí del Gobierno Vasco a flexibilizar la situación de esta terrorista y a permitirle un régimen de semilibertad, que es su queja principal. También lamentan que esa primera resolución administrativa de la Dirección de Justicia sobre un etarra preso estaba redactada “únicamente en castellano” y no en vasco.