El Supremo reclama al Gobierno información sobre el decreto que incluyó a Pablo Iglesias en la comisión de control del CNI
Presidencia deberá remitir el expediente administrativo sobre el real decreto de febrero que reguló las Comisiones Delegadas. El PP y Vox lo recurrieron
Los recursos del Partido Popular y de Vox contra la inclusión de Pablo Iglesias en la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia han llevado al Tribunal Supremo a requerir información al Gobierno de Pedro Sánchez.
Tras la formación del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, Sánchez reestructuró las comisiones delegadas. La novedad que llamó más la atención afectó a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que es la que controla la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Sánchez decidió incluir en la misma a su nuevo vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Hasta entonces, la norma no citaba al vicepresidente segundo del Gobierno como miembro de dicha comisión. El líder de Podemos aseguró que había sido Sánchez el que le había comunicado que quería que participara de este órgano tan sensible.
Al conocerse ese cambio, el Partido Popular y también Vox (formalmente, Santiago Abascal y otros dirigentes) presentaron sendos recursos contencioso-administrativos para tratar de anular ese cambio en la lista de miembros de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.
Los recursos están siguiendo su trámite. El último avance ha sido la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Cuarta) de acordar que se le remita el expediente administrativo del decreto recurrido. La misma decisión la ha tomado en ambos recursos, el del PP y el de Vox.
Según el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, “el Secretario judicial, al acordar lo previsto en el apartado 1 del artículo anterior, o mediante diligencia si la publicación no fuere necesaria, requerirá a la Administración que le remita el expediente administrativo, ordenándole que practique los emplazamientos previstos en el artículo 49. El expediente se reclamará al órgano autor de la disposición o acto impugnado o a aquél al que se impute la inactividad o vía de hecho. Se hará siempre una copia autentificada de los expedientes tramitados en grados o fases anteriores, antes de devolverlos a su oficina de procedencia”.
En este caso, el decreto no era de un ministerio en concreto, sino de Presidencia del Gobierno. Así que ahora La Moncloa deberá remitir al Supremo el expediente administrativo que sustentó la aprobación del real decreto que reorganizó las comisiones delegadas del Gobierno una vez que entró Podemos en el Consejo de Ministros.
La ley indica que “el expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de veinte días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido”.
También indica que “se excluirán del expediente, mediante resolución motivada, los documentos clasificados como secreto oficial, haciéndolo constar así en el índice de documentos y en el lugar del expediente donde se encontraran los documentos excluidos”.
La Sección Cuarta de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo tendrá que estudiar ese expediente para resolver los recursos contra la inclusión de Pablo Iglesias en la comisión del Gobierno que controla las actividades del servicio de inteligencia.
Las dos resoluciones del Supremo a los recursos del PP y de Santiago Abascal sirven además para emplazar “a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubieren derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala”.
