Transparencia bloquea el acceso a las pruebas de ortografía de la Guardia Civil para evitar que se comercialicen

La prueba de ortografía de la oposición de acceso a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil no sólo ha llegado a los tribunales, a los que han recurrido algunos opositores perjudicados por la polémica de las palabras poco frecuentes -“javaque”, “halodio”, “frange”...-.

Confidencial Digital ha podido consultar una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que da respuesta a la reclamación de uno de los opositores que pasó por esta prueba y que había solicitado al Ministerio del Interior acceder a información sobre el examen.

Recursos contra el examen

La prueba en cuestión se celebró en julio. De inmediato se desató la polémica, tal y como reveló ECD, tanto por algunas palabras muy poco conocidas, como porque algunos opositores denunciaron que había notables diferencias de nivel entre el examen que puso la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil los dos días de pruebas.

La Guardia Civil anuló una palabra, pero un grupo de opositores no cejó en su empeño de reclamar que se anulara por completo y se repitiera la prueba de ortografía. Acudieron a un bufete especializado, encargaron un informe a un filólogo, que determinó fallos importantes en la forma de plantear estos exámenes, presentaron recursos de alzada, y terminaron denunciando el asunto por la vía judicial, contencioso-administrativa, en distintos tribunales superiores de justicia autonómicos.

Pues bien: por su lado, un opositor decidió recurrir a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El 16 de septiembre de 2019 presentó una solicitud de transparencia dirigida al Ministerior del Interior, en la que primer reclamaba la nulidad de la prueba de ortografía, algo que la vía de la Ley de Transparencia no contempla.

Además, solicitaba “el acceso y copia de las pruebas de ortografía de TODOS los aspirantes –con identificación de su DNI- que en los resultados definitivos aparezcan calificados como “aptos” en dicha prueba y que, a su vez, marcaron como válida la palabra “javaque” o no la marcaron en ningún sentido”.

“Javaque”, precisamente, es la palabra que la Dirección General de la Guardia Civil aceptó anular de todos los exámenes, decisión que también causó descontento a quienes acertaron la respuesta.

Este opositor también pidió al Ministerio del Interior que le hiciera llegar “las pruebas de ortografía efectuadas en la convocatoria del año 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 y 2013 junto con las plantillas correctoras utilizadas por los Tribunales”.

“Configurar una base de datos”

Interior denegó la petición. Lo hizo amparándose en que “estos exámenes constituyen una información que, por su naturaleza y finalidad, no están destinadas a su conocimiento con carácter general e indiscriminado, antes al contrario su “destino natural y lógico” es que no sean conocidas sino al ser planteadas a los aspirantes”.

¿Por qué? “Para permitir, por un lado que exista una adecuada selección de los aspirantes en base a sus conocimientos y aptitudes en unas determinadas materias medidas a través de unos cuestionarios y por otro lado, que los ciudadanos puedan acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, constituyendo el principio de igualdad como núcleo esencial del derecho de acceso a las funciones públicas”, se justificó Interior.

Consideró que si le entregaba a ese opositor los exámenes y las plantillas de años anteriores, “el tener acceso de las preguntas de los exámenes de diferentes años y sus respuestas permite, por un lado a los aspirantes tras el estudio de las mismas, poder responder correctamente sin que realmente se tenga un conocimiento de la materia, y por otro lado obliga cada año a la Dirección General de la Guardia Civil a cambiar la totalidad de todos los exámenes, y al ser un temario limitado permitiría al aspirante que accede a los exámenes de otros años contar con ventaja sobre los demás aspirantes”.

El departamento de Fernando Grande-Marlaska fue más allá al explicar su “no”: “Aunque la ley no exija una justificación de la petición, del contenido de lo solicitado no parece desprenderse que la finalidad sea someter a la Guardia Civil a escrutinio sobre su forma de actuación en los exámenes de ingreso al Cuerpo, sino que más bien parece que la finalidad última sea la de configurar una completa base de datos sobre contenidos concretos de exámenes, para poder ser usada con una finalidad que nada tendría que ver con la que pretende la mencionada Ley 19/2013, de 9 de diciembre".

Añade que también "le permitirían obtener ventaja en el proceso judicial que se prevé que pueda desarrollarse”.

Es decir, de entregarle los exámenes “dicha ventaja se materializa con el acceso a la información que solicita al disponer de numerosos exámenes que otras partes del proceso no disponen, y le permitiría establecer argumentaciones que otras partes no podrían contestar adecuadamente por no disponer de la misma información, por lo que también sería aplicable la causa de denegación que figura en el artículo 14.1.f de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, dado que el acceso a lo que solicita afecta a la igualdad de las partes en los procesos judiciales”.

“Posibles intereses económicos”

El opositor no se conformó con la negativa del Ministerio del Interior. Presentó una reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo público que fiscaliza la transparencia de las administraciones públicas.

El consejo dio la posibilidad a Interior de defenderse del recurso. Ahí el ministerio deslizó otra idea para negarse a facilitarle las pruebas de ortografía a este opositor a la Guardia Civil:

-- “Se considera que una buena selección se haría si el opositor consiguiera ser seleccionado en base a que ha estudiado el temario de la oposición y no las baterías de preguntas de las distintas oposiciones que por parte de alguien, sin entrar a valorar la existencia de posibles intereses económicos, se pudiera poner a disposición de cualquier persona”.

Es decir, se defendía asegurando que facilitar los exámenes a esa persona podría conducir a que alguien los vendiera a opositores de próximas convocatorias.

Interior también echa mano de una sentencia del Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 10, que confirmó la denegación de las preguntas de los exámenes teóricos para obtener el carnet de conducir tipo B.

En ese caso, la sentencia estableció que “la no facilitación de la información se muestra en este caso como un medio apto, racional y proporcional de conseguir una adecuada preparación de los aspirantes a conductores, satisfaciendo al mismo tiempo el bien jurídico general de la seguridad vial, del que son titulares todos los ciudadanos como usuarios de las vías públicas y, simultáneamente, garantiza el principio de igualdad puesto que facilitar a una determinada persona un importante número de preguntas coincidentes literalmente con las que se pueden plantear en las preguntas supone colocarla en una posición privilegiada en relación con los demás interesados en la obtención del permiso”.

“Comercialización” y “posición privilegiada”

Pues bien. Ante este intercambio de argumentos entre el opositor de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha terminado dando la razón al segundo.

El consejo desestima el recurso del opositor, y lo hace, principalmente, echando mano de una resolución propia anterior y de una sentencia judicial a raíz de un pleito entre un opositor y el Ministerio de Defensa, en ese caso a cuenta de los exámenes de acceso a los Cuerpos Comunes militares.

En esa ocasión, la juez entendió “que permitir el acceso a la información solicitada por el interesado, esto es, a los cuestionarios de preguntas de los diferentes procesos selectivos, con el transcurso del tiempo, no solo reduciría el margen de actuación de los Órganos de Selección a la hora de elaborar las preguntas diferenciadas de los exámenes, sino que, además y sobre todo, colocaría al interesado o a quienes a través de él pudieran tener acceso a las mismas mediando o no comercialización, en situación privilegiada, caso de presentarse a futuros procesos selectivos, respecto de otros aspirantes que carecen de dicha información”.

Esa situación “pudiera infringir los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a las funciones públicas (artículo 23 de la Constitución). Que también con la información interesada se podría generar una base de datos con ingente cantidad de preguntas y respuestas correspondientes a varios años en cada una de las categorías de los diferentes procesos de selección, que pudiera incluso ser objeto de comercialización y que, al afectar al interés general y al particular de las Fuerzas Armadas, lo procedente y necesario es preservar la confidencialidad del contenido de las preguntas”.

La juez denegó entonces el acceso “a las pruebas de conocimientos y plantilla de resultados de cada una de las especialidades siguientes de los cinco últimos años: del Cuerpo Jurídico, Medicina, Enfermería y Psicología; así como las pruebas de inglés y plantilla de resultados, y los casos prácticos de los últimos cinco años, su resolución correcta de existir”.

Basándose en esa sentencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno confirma la decisión del Ministerio del Interior de denegar el acceso a las pruebas de ortografía de los aspirantes que aprobaron la polémica oposición dando como válida la palabra “javaque”, así como a las pruebas de ortografía efectuadas en la convocatoria del año 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 y 2013 junto con las plantillas correctoras utilizadas por los Tribunales.