Veto a los criminólogos en la oposición de Prisiones
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala la convocatoria de Instituciones Penitenciarias en 2018, que sólo permitía el acceso a titulados en Derecho y en Psicología
Tener el título universitario de Criminología no permite acceder al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado un recurso contra las bases de las oposiciones a funcionario de prisiones, presentado precisamente por el Colegio Profesional de Criminólogos de la Comunidad de Madrid.
Así lo ha comunicado este colegio a sus miembros, tras sentenciar el caso sobre el proceso de oposiciones de Instituciones Penitenciarias de abril de 2018.
El Colegio Profesional de Criminólogos de la Comunidad de Madrid denunció estas oposiciones ante la justicia porque “de nuevo se excluía a los profesionales criminólogos en este Cuerpo de la Administración estatal, en el que desde hace décadas solo entran graduados de Derecho y Psicología”.
Es decir, ellos reclamaban que los graduados en Criminología pudieran optar a entrar en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, de la misma forma que pueden hacerlo quienes estén en posesión de un título universitario de Derecho o de Psicología.
Los criminólogos ya estuvieron en las cárceles
Como Instituciones Penitenciarias no había atendido a sus peticiones, este colegio de criminólogos presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En el recurso argumentaban “la necesidad de que Instituciones Penitenciarias actualice y modernice su funcionamiento, con la apertura a profesionales de nuevos campos de estudio especializado”.
Es decir, querían que junto a juristas y psicólogos, pudieran optar al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias “otros profesionales expertos en prisiones y reinserción como criminólogos o trabajadores sociales, por ejemplo, tal y como marca la Constitución Española”.
Incluso señalaban que “hay que tener en cuenta que los criminólogos ya estuvieron presentes en las cárceles españolas durante buena parte del siglo XX, hasta que fueron excluidos en los años 80. No es baladí recordar que, según terminología del artículo 281 del Real Decreto 1201/1981, de 8 de Mayo, por el que se aprobó el Reglamento Penitenciario, los funcionarios tenían la categoría de juristas-criminólogos”.
La Administración establece los requisitos
Todos esos argumentos no han servido para tener éxito en los tribunales. La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), presidida por la magistrada María Jesús Muriel, ha rechazado el recurso de los criminólogos haciendo suyos muchos de los planteamientos de la Abogacía del Estado, que defendió la actuación de Instituciones Penitenciarias en las oposiciones.
Los jueces han aceptado que “forma parte de la potestad de autoorganización de la Administración tanto la determinación, dentro del marco que configura el ordenamiento jurídico en vigor, de los perfiles, titulación y formación necesarios para la cobertura de las plazas que se ofertan en los distintos Cuerpos de Funcionarios que la integran y que la Criminología no puede calificarse como una disciplina científica perteneciente al área jurídica”.
Sobre la clasificación de la titulación de Criminología, la sentencia hace algunos equilibrios. El TSJM señala que desde su creación en 2003 como título universitario en España, gran parte de las asignaturas y el currículo de la antigua Licenciatura y el actual Grado de Criminología se adecuan a las materias exigidas en las convocatorias de empleo público para Instituciones Penitenciarias.
Los criminólogos señalaban como argumentos favorables a la proximidad entre Derecho y Criminología “que los estudios de Derecho permitían acceder a su Segundo grado de Criminología en anteriores planes de estudio; que en la actualidad haya dobles grado en Derecho y Criminología; que nuestros estudios estén referidos en el área jurídica o en la Facultad de Derecho de la mayoría de las universidades; y que una buena parte de los créditos de los grados de Criminología sean jurídicos o relacionados con esas ciencias, punto que también reconoce el TSJM en la sentencia”.
El tribunal llega a reconocer en la sentencia que hay “serias dudas de derecho que la cuestión analizada planteaba” para fallar en contra de los criminólogos, y por ello no le impone ningún tipo de costas al colegio.
Pero termina concluyendo que “resulta extremadamente dudoso que se pueda considerar a la Criminología como una parte de las Ciencias Jurídicas, o a los poseedores del Título de Licenciado y/o Grado en Criminología como profesionales del área de la especialidad ‘jurídica’, ya que mayoritariamente las enseñanzas que componen el currículo de dicha carrera pertenecen al área de las ‘Ciencias del Comportamiento’”.
Y sentencia que el Título de Licenciado o Graduado en Criminología “no es la titulación adecuada a las tareas a realizar” en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, ya que es el Grado de Derecho la carrera universitaria “idónea y la adecuada por su contenido fundacional”; por lo que la Administración “no incurre en arbitrariedad” al discriminar a los criminólogos, pues hace uso de su “potestad autoorganizativa para exigir una concreta titulación”.
Recurrirán ante el Supremo
Pese a este varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Colegio Profesional de la Criminología de esta comunidad no va a abandonar su lucha judicial. Va a recurrir esta sentencia -por “inconsistente y contradictora”- ante el Tribunal Supremo.
Eso en cuanto a la vía judicial, porque por otro lado va a retomar los contactos con Instituciones Penitenciarias, “cuyo secretario general, Ángel Luis Ortiz, manifestó que el ámbito penitenciario es ‘el lugar natural del criminólogo’”.
Además, muestran cierto optimismo porque tienen el precedente de Cataluña, donde la Generalitat tiene la competencia de prisiones y recientemente “en el marco de sus competencias, ha incluido la Criminología como uno de los grados para acceder a alguna plaza de la administración de Justicia autonómica. En otros países de nuestro entorno es una realidad desde hace muchos años”.