Se vuelve a retrasar la compra de pistolas para la Guardia Civil

El primer concurso para adquirir 12.000 armas cortas quedó desierto en 2019. En noviembre de 2020 se lanzó otra licitación, en la que ya se ha aplazado dos veces la fecha de presentación de ofertas

Agentes de la Guardia Civil.
Agentes de la Guardia Civil.

El proceso para empezar a renovar las pistolas de dotación de los agentes de la Guardia Civil encuentra un obstáculo tras otro. Los trámites se encallan y se alargan, y la adjudicación a una empresa y la incorporación efectiva de las armas cortas se aleja.

En el segundo semestre de 2019, la Dirección General de la Guardia Civil inició una licitación para adquirir 12.000 pistolas semiautomáticas calibre 9 mm. Parabellum. Para esta compra se había reservado un presupuesto de 6 millones de euros.

El objetivo de la Dirección General no era simplemente proceder a una mera renovación de algunas armas de dotación: tal y como se contó en estas páginas, el Mando de Apoyo había decidido cambiar el modelo de pistola Beretta, que hasta ahora usan el grueso de los agentes.

Al concurso concurrieron dos empresas: Česká Zbrojovka Uherský Brod (CZ), de la República Checa, uno de los cinco mayores fabricantes de armas automáticas del mundo; y la alemana Heckler & Koch, otro de los gigantes en este sector. Algunos guardias apuntaban que el relevo de las Beretta sería las HK USP Compact de Heckler & Koch, el modelo que usa la Policía Nacional.

Sin embargo, ni la oferta de Heckler & Koch ni la de Česká Zbrojovka Uherský Brod cumplieron los requisitos técnicos fijados por el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la Guardia Civil, por lo que el concurso fue declarado desierto.

Pasaron los meses, la epidemia de coronavirus paralizó numerosos procesos de contratación, y el proceso de compra de pistolas para la Guardia Civil no se retomó.

Al final, el 6 de noviembre de 2020 la Dirección General abrió una nueva licitación. En esta ocasión planteaba comprar 6.000 armas cortas, la mitad de las que planeaba comprar en el proceso anterior.

El plazo de presentación de ofertas acababa el 10 de diciembre de 2020, y el 5 de enero se produciría el acto de apertura de los sobres con los aspectos económicos de las ofertas de las empresas interesadas, después de estudiar la documentación administrativa y técnica.

Pero el calendario ha sido varias veces modificado. El 30 de noviembre, ni un mes después de publicarse la licitación en la página de Contratación del Estado, se publicó una “Rectificación del Anuncio de Licitación”.

 

En esa rectificación ya se aplazó la fecha tope de presentación de ofertas: del 10 de diciembre de 2020 se trasladó al 1 de marzo de 2021. Consecuentemente, las fechas de apertura de los sobres con las ofertas se trasladaron en el calendario, hasta distintas fechas de marzo de 2021.

También ha habido cambios en los pliegos que establecen las condiciones exigidas en las pistolas y los requisitos de las ofertas. Los pliegos se publicaron inicialmente el 6 de noviembre de 2020, y el 2 de diciembre se aprobó una rectificación de los mismos.

El 26 de febrero se anularon esos pliegos, y se aprobaron unos nuevos. No fue hasta el 24 de marzo cuando se publicaron en la página de la licitación tres documentos clave: la memoria justificativa, el acuerdo de iniciación del expediente y el documento de aprobación del expediente.

No acaban ahí los retrasos. El Boletín Oficial del Estado publicó el 12 de marzo un anuncio de corrección de errores respecto a una publicación anterior sobre este “Suministro de un mínimo de 6.000 pistolas semiautomáticas, calibre 9 mm Parabellum para dotar a personal de diversas Unidades de la Guardia Civil”.

El anuncio corrigió de nuevo las fechas del plazo de presentación de ofertas y de aperturas de los sobres. El límite de la presentación de oferta se ha aplazado del 1 de marzo al 5 de abril, y la apertura de sobres económicos del 23 de marzo al 27 de abril.

Por tanto, el proceso sufrirá un nuevo retraso. Hasta que no se reciban las ofertas, la Dirección General de la Guardia Civil no podrá analizarlas para decidir a qué empresa adjudica el contrato, si se lo adjudica a alguna empresa y no lo deja desierto, como la vez anterior.

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