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Huelga judicial: de qué se quejan los jueces, qué responde el Gobierno

Tras la huelga de secretarios judiciales, todas las asociaciones de jueces apoyan la convocatoria de una huelga que supondría la paralización, por primera vez, de uno de los tres poderes del Estado

-         A falta de su última aprobación, jueces de Extremadura, Murcia y Zamora han convocado una huelga para el próximo 18 de febrero, en tanto que las cuatro asociaciones judiciales apoyan ‘protestas’ para ese mismo día. Habrá que esperar a que se celebren las juntas autonómicas de los jueces el próximo 21 de enero para ver si la Carrera Judicial planta cara al Gobierno y convierte su huelga en una realidad.

-         Ni Gobierno-PSOE ni PP apoyan la convocatoria de huelga, prevista en principio para el 26 de junio ‘si las mejoras en la Administración de Justicia aún no son evidentes’. Las cuatro asociaciones judiciales, que cubren todo el espectro ideológico, apoyan la huelga.

-         El Ministerio, por boca del ministro Fernández-Bermejo, niega que los jueces tengan derecho a huelga por tratarse de un poder del Estado. En todo caso, el Gobierno insta a que la largamente controvertida cuestión del derecho a huelga de los jueces sea aclarada por el CGPJ. Pero la portavocía del CGPJ afirma que este no es un órgano jurisdiccional, menos aún para el reconocimiento de derechos.

-         Mientras que ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni el Real Decreto de 1977 (encargado de regular el derecho a huelga) se pronuncian sobre si los jueces gozan del mismo, la Constitución reconoce que la huelga es un derecho fundamental para todos los trabajadores españoles, punto al que los jueces se remiten.

-         El ministro Bermejo, fuertemente criticado en la huelga de secretarios judiciales del pasado mes de octubre, afirma que el caso Tirado ‘está flotando’ en la amenaza de huelga, al tiempo que ha llamado ‘traidores’ a los jueces, calificando la huelga de ‘lujo que un poder del Estado no se puede permitir’.

-         Más moderado, Rodríguez Zapatero ha ofrecido diálogo al tiempo que ha advertido de que las subidas salariales en ningún caso irán más allá del 5% presupuestado para 2009.

-         Entre los motivos principales de la amenaza de huelga se encuentran los siguientes:

-         ‘Modernización de la administración de Justicia’, ante todo en lo atinente a los medios materiales. A falta de datos de 2008, el CGPJ señala que cerca de dos millones y medio de asuntos quedaron sin resolver en los tribunales españoles en 2007. Cada juez, además, instruye de media tres veces más casos de los establecidos en los módulos de trabajo del Ministerio. Se piden asimismo aumentos en las retribuciones.

-         ‘Respeto al principio de división de poderes e independencia del poder judicial’: en la judicatura han sentado muy mal no sólo la politización crónica de sus órganos de Gobierno y tribunales más representativos –CGPJ, TC- sino ante todo las injerencias por parte del político tras el caso Tirado.

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-         Otro punto de choque entre el Gobierno y los jueces es que estos quieren conservar la facultad de señalar los juicios y vistas, en vez de que lo haga el secretario judicial, según pretende la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil enviada al Congreso. El poder de señalar fechas para juicios y vistas no es, por otra parte, una reivindicación de los secretarios judiciales.

-         La subsanación de las carestías materiales vendría a corregir otro de los dolores de cabeza de los jueces: el deterioro de su imagen ante los ciudadanos. El último barómetro del CIS señala a la Justicia como la institución peor valorada del Estado.

-         Para contrarrestar las cifras presentadas por los jueces, el Ministerio de Justicia ha hecho público un comunicado en el destaca su ‘esfuerzo’ para la modernización del servicio público de la Justicia. El Ministerio recuerda ‘las 5.943 plazas convocadas de personal al servicio de esta Administración y las creadas para jueces y fiscales, además de los presupuestos destinados a modernización tecnológica’. ‘Se han creado entre 2005 y 2008 1.148 plazas de jueces y fiscales y se prevé para este año la puesta en marcha de 150 nuevos órganos jurisdiccionales y de cien nuevas plazas de fiscales’.

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