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¿Por qué la ‘Ley Sinde’ no convence?

La aprobación de la nueva norma sólo ha gustado a sus impulsores: creadores, internautas y consumidores se han puesto en contra. ¿Por qué? Estas son algunas de las claves.

El pasado martes 25, el Gobierno sacó adelante la Ley de Economía Sostenible, más conocida como la ‘Ley Sinde’, tras alcanzar un acuerdo en el Senado con PP y CiU. La aprobación de la nueva norma sólo ha gustado a sus impulsores: creadores, internautas y consumidores se han puesto en contra. ¿Por qué? Estas son algunas de las claves:

--No alcanza a las webs de descargas con IP en el extranjero. El punto más importante de la ley es a la vez el más débil. La intención del Gobierno era combatir las páginas web que fomenten la piratería a través de enlaces o permitiendo la descarga de canciones o películas. Sin embargo, sólo se podrá actuar contra aquellas que tengan dirección de IP en España. Alojar una web en el extranjero es una posibilidad que muchos internautas ya han apuntado y que se irá produciendo con el paso de las semanas.

--Figura “decorativa” de los jueces. El PP apoyó la ley después de aceptar el Gobierno una enmienda que pedía la “autorización judicial” de dos magistrados al cierre de una web solicitado por la Comisión Antipiratería que se creará una vez que se aplique la Ley. Algunos juristas consideran que se está confundiendo la mera autorización con una resolución judicial: los jueces no pueden dar el visto bueno a una intervención ya resuelta por un organismo externo, sino ser ellos los que ordenen el cierre de páginas. Andrés de la Oliva Santos, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid desde 1984, afirma: “Para requerir el cierre de una web, basta con un notario o, más barato, con un burofax. Porque requerir es pedir con cierta vehemencia: nada más. Pero resulta que si el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo autoriza a pedir, el efecto no es poder pedir legítimamente, sino estar obligado a acceder a lo que se pide por la Administración”.

--La ministra no ha escuchado a los autores. Antes de presentar la Ley, Ángeles González-Sinde preparó varias reuniones con cineastas, productores y escritores para pulsar su opinión acerca de los puntos básicos que debían estar en la nueva norma. Muchos de ellos apuntaron que la propuesta del Gobierno se centraba en “la piratería y no en los piratas”, y avisaron de que la ley no tendría aplicación real. Además, los creadores no se sienten protegidos: consideran que el Gobierno únicamente quería blindar a la industria intermediaria de la creación cultural. Los creadores, en una economía basada en atención, pueden adoptar modelos de negocio que les permitan seguir siendo remunerados por sus creaciones. La marcha de Álex de la Iglesia de la Academia de Cine o las declaraciones del presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles, Pedro Pérez, contra la Ley, han provocado un ‘contagio’ en el sector.

--La Ley debía aprobarse “sí o sí”. González Pons aseguró que “el Gobierno se ha precipitado a la hora de proponer la Ley”. Finalmente, PP y CiU apoyaron la norma, pero en el Congreso se comenta que existe una subcomisión parlamentaria que está estudiando la propiedad intelectual en España y sus conclusiones aún no han sido dadas a conocer.

--No limita el canon digital. Otro de los argumentos esgrimidos en primera estancia por el PP para posicionarse en contra de la Ley era la eliminación del canon, considerado “ilegal” por la Comisión Europea. Dicho supuesto no ha aparece en el texto, aunque el Gobierno ha prometido a los ‘populares’ que se estudiará en los próximos meses. Por tanto, las empresas de telecomunicaciones y los consumidores deberán seguir pagando este impuesto, recaudado por la SGAE.

--Al margen de Europa. Relacionado con el punto anterior, está el inexistente respaldo de la Unión Europea a esta Ley. Eurodiputados españoles consideran que la norma podría vulnerar la Directiva Europea de Comercio Electrónico, al convertirse en un obstáculo para las empresas digitales en España. Además, la Ley es incompatible con uno de los proyectos más ambiciosos de la UE: el llamado Pacto por el Software Libre. Dicha iniciativa pretende modificar cualquier legislación que debilite los derechos de los usuarios a Internet y los creadores de páginas web. Si España se queda fuera de este pacto, las empresas nacionales dedicadas a Internet, inmersas en un mercado ya de por sí poco desarrollado localmente, perderían competitividad en el extranjero y seguirían dependiendo de los gigantes del sector, perdiendo toda posibilidad de intercambio de productos informáticos de herramientas para las webs.

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