¿Hay que hacer caso a Merkel cuando propone que los salarios dependan de la productividad?

Tras la visita de Angela Merkel a España se ha generado un intenso debate sobre las sugerencias que la canciller alemana ha transmitido en materia económica. Una de las propuestas que más discusión ha provocado en la última semana ha sido la necesidad de ligar los salarios a la productividad. Pero, ¿son acertados los consejos que propone Merkel?

El Confidencial Digital ha recurrido al análisis del economista David Taguas. Fue director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con rango de Secretario de Estado, entre noviembre de 2006 y mayo de 2008, en sustitución del actual ministro de Industria, Miguel Sebastián. En la actualidad es presidente de SEOPAN (Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional), el ‘lobby’ de las grandes empresas constructoras.

Según explica Taguas, España ya tiene una Ley de Estabilidad Presupuestaria que obliga a mantener el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo económico. Esta regla es muy ortodoxa y, al mismo tiempo, dota de contenido a la política fiscal como política estabilizadora, ante la pérdida irreversible de la política monetaria nacional.

No obstante, destaca que aunque se cumpliera el actual objetivo de déficit hasta 2013, su promedio en los diez años comprendidos entre 2004 y 2013 sería del 3,3%, por lo que no se habría alcanzado el equilibrio presupuestario a lo largo de la última década. Esto habrá sido consecuencia de la especial intensidad y duración de la crisis que se inició en el verano de 2007.

El presidente de SEOPAN considera que la propuesta de presupuesto equilibrado planteada por Merkel es oportuna. Dadas las elevadas tensiones financieras y las dudas sobre la solvencia del sector público en España, sería conveniente reforzar la actual regla fiscal española. En 2009, el Parlamento alemán introdujo una reforma constitucional por la que el déficit estructural, para la federación, no podrá ser mayor del 0.35% del PIB a partir de 2016. En línea con la reforma alemana, se podría establecer el compromiso adicional del Gobierno español de alcanzar el equilibrio estructural en dicho año.

Uno de los consejos ‘estrella’ de la canciller alemana es que los salarios dependan de la productividad, y no sean marcados por el Índice de Precios al Consumo (IPC) como hasta ahora. Pero ¿por qué es importante esta medida? Esta propuesta tiene todo el sentido, según David Taguas, fundamentalmente porque facilitaría un proceso de desinflación competitiva. En el caso simple de una economía cerrada con dos factores productivos, capital y trabajo, si los salarios y los beneficios empresariales varían según la productividad real, los precios no varían, es decir, la tasa de inflación es nula. Como consecuencia, los salarios no pierden capacidad adquisitiva.

Otro de los interrogantes aparece al plantear que ocurre si la inflación aumenta como consecuencia del encarecimiento de bienes importados como el petróleo. Todo indicaría que los salarios deberían incorporar estos cambios para mantener su poder adquisitivo. Sin embargo, Taguas apunta que si el petróleo se encarece, el país importador se empobrece y los mejor es aceptar este empobrecimiento. El petróleo más caro implica una transferencia de renta al resto del mundo y lo mejor es que esta transferencia sea aceptada por los agentes económicos y se reparta entre ellos.

Cualquier intento para mantener el poder adquisitivo de los salarios reales o de los beneficios empresariales ante un aumento en el precio de los bienes importados sólo produciría una inflación mayor, una pérdida de competitividad y una mayor tasa de desempleo. El intento de mantener el poder adquisitivo es muy insolidario porque, en el caso de tener éxito para algunos, sería a costa de otros.

También puede darse el caso de que el origen de la inflación sean cambios impositivos, como la subida del IVA que entró en vigor en España el pasado mes de julio. No obstante, la situación es similar a la anterior. La subida del IVA es una medida que tuvo un objetivo, en este caso reducir el déficit público o, lo que es lo mismo, financiar una partida política concreta. Los ciudadanos tienen que asumir el coste de la misma, no pueden recuperar el poder adquisitivo porque entonces no tendrían coste.

La subida del IVA supone una transferencia de renta al Gobierno para que pueda financiar una determinada política. Si se intentara recuperar el poder adquisitivo, se intentaría trasladar el coste a otros, lo que sin duda es también insolidario. Además, el efecto sobre la inflación de la subida del IVA es transitorio, pero si se trasladara a salarios sería permanente o al menos muy duradero, generando una menor actividad y un mayor desempleo.

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