Por qué el PSOE no ilegalizará a ANV: se escuda en subterfugios hasta después de las elecciones vascas

-          El asesinato del empresario Ignacio Uría en Azpeitia, localidad gobernada en minoría por Acción Nacionalista Vasca, formación que se ha negado a condenar el crimen, ha devuelto a la política la cuestión de que una organización ilegalizada se mantenga al frente de los ayuntamientos en los que consiguió instalarse.

-          ANV, ‘marca blanca’ de Batasuna establecida sobre una organización registrada en 1977 y reactivada en abril de 2007 para concurrir a las elecciones municipales y forales del 27 de mayo siguiente, fue suspendida por tres años por el juez Garzón en febrero de 2008 e ilegalizada y disuelta definitivamente por el Tribunal Supremo el 16 de septiembre.

-          Cuando ANV optó por presentarse a las elecciones, fue investigada conforme a la ley de Partidos, pero en abril el juez Garzón dictaminó que no había indicios suficientes para certificar una relación con Batasuna.

-          Pese al dictamen de Garzón, el PP instó ante el fiscal del Estado la impugnación de todas las listas de ANV. Finalmente, el Supremo anuló 133 listas. ANV logró presentarse en 97 municipios del País Vasco y Navarra y consiguió unos 95.000 votos, ganando en 31 municipios y consiguiendo gobernar en 42, entre ellos Azpeitia, lugar del asesinato de Uría, y Mondragón, la localidad en que fue asesinado el ex concejal socialista Isaías Carrasco. El intento de presentar "mociones éticas" para remover a los alcaldes de ANV no ha tenido resultados.

-          Tras el último asesinato etarra, el PP ha instado al Gobierno a que disuelva los ayuntamientos regidos por ANV, aludiendo a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, remozada por consenso en 2003. En el tenor de la ley se prevé la disolución de las corporaciones ‘que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo’. Los servicios jurídicos del Estado ven difícil demostrar en este caso la reiteración y la gravedad del apoyo.

-          Pese a todo, El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha instado al Tribunal Supremo este viernes a la ejecución de las sentencias de ilegalización de los partidos políticos Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV).

-          Es en esta tesitura que, ante las presiones del PP, la vicepresidenta Fernández de la Vega ha anunciado la reforma de la ley para posibilitar la disolución de las corporaciones gobernadas por un partido declarado ilegal, pues no se cree que con las instancias presentadas se logre desactivar la presencia institucional de ANV.

-          Las cosas se complican en la consideración de estas dos variables, estrechamente ligadas entre sí: por una parte, el momento en que se puede reformar y aplicar la ley y, por otra parte, la estrategia electoral socialista de cara a las elecciones vascas.

-          Así, el discurso del PSOE presenta una ambigüedad entre declaraciones e intenciones con el objetivo final de proceder a la ilegalización total y práctica de ANV, sí, pero después de las elecciones vascas. La propia vicepresidenta ha reconocido que ‘sabemos que los requisitos exigidos por la ley vigente planteaN supuestos muy difíciles’.

-          La ambigüedad aprovecha los problemas de tiempos para la reforma legislativa y su aplicación pero, al margen de estos problemas de procedimiento, el PSOE considera que su actual posición ante el mundo nacionalista le da imagen de partido moderado y no extremo. Considérese, por ejemplo, que el Gobierno sigue reagrupando –esta misma semana- a presos de ETA en el País Vasco.

-          Así se marca un contraste fuerte con el PP, con un PP vasco dividido y con el liderazgo aún no consolidado de Basagoiti, por contraste con la permanencia ya de años de Patxi López en las filas socialistas.

-          Las encuestas de intención de voto confirman esta percepción por parte del PSOE, percepción que asimismo viene dada por la distinta aprehensión del problema entre PSOE y PSE, con el PSOE transigiendo ante la postura de este. De hecho, José Blanco, en Bilbao, ha afirmado, en referencia a las posibles coaliciones postelectorales del PSE, que no será él ‘quien diga lo que tengan que hacer’, sino que Ferraz respetará lo que decida el PSE.

-          Hasta tal punto han de llevarse a efecto estas ideas que el PSOE ya está permitiendo arriesgar la consigna hasta ahora sacrosanta de esta legislatura, plenamente compartida por el PP: la famosa ‘unidad de los demócratas’ contra el terrorismo.

-          Gobierno y PSOE, en efecto, han mostrado en declaraciones su muy profundo malestar por el hecho de que el PP presentara unilateralmente en el Congreso y en el Senado sendas proposiciones no de ley con la exigencia al Gobierno de que disuelva los ayuntamientos gobernados por los filoetarras. Zapatero, Blanco y de la Vega se han mostrado repetidamente en contra de esta iniciativa unilateral, que altera los tiempos del PSOE: el PP quiere una disolución inmediata, el Gobierno prefiere esperar al término de las elecciones.