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¿Está agotada la Constitución de 1978?

Un ejemplar de la Constitución Española, en el salón de plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha.
photo_camera Un ejemplar de la Constitución Española, en el salón de plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha.

La Constitución que una mayoría de españoles ratificó en referéndum el 6 de diciembre de 1978 cumple 44 años. Es el segundo texto constitucional más longevo de la Historia de España, por detrás de los 47 años que estuvo vigente el texto constitucional de 1876 que rigió la etapa de la Restauración con Alfonso XII, la regente María Cristina y Alfonso XIII, hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923.

Con una participación del 67,11%, casi nueve de cada diez españoles que acudieron a votar en el referéndum ese día optaron por el “sí” a la Constitución que culminó la Transición “de la ley” de la dictadura franquista “a la ley” de un sistema democrático, según la famosa fórmula enunciada por Torcuato Fernández-Miranda.

Dos amenazas para la Constitución

Dos son los frentes por los que la Constitución está viendo socavadas sus bases. Por un lado, el paso del tiempo. Buena parte del discurso de Podemos, por ejemplo, cuando exigía un “proceso constituyente” se basaba en destacar que una gran parte de la ciudadanía española, por su edad, no votó en ese referéndum: de ahí que sea necesaria una reforma de la Constitución actual, o la aprobación de una nueva, para que las nuevas generaciones se sientan partícipes y vinculadas a ella.

También Ciudadanos apostaba por realizar cambios para “regenerar” la política y el Estado, mientras que el PSOE en su día declaró su voluntad de retocar la ley fundamental de 1978, entre otros objetivos para dar el salto del sistema autonómico al federalismo.

El otro desafío principal, claro está, es la crisis territorial que se ha manifestado, principalmente, con la intentona rupturista protagonizada por el independentismo catalán y que tuvo su culmen en el referéndum ilegal y la declaración de independencia del mes de octubre de 2017.

Partidos como el PSOE y otras voces apuestan por modificar la Constitución como vía para solucionar este conflicto, incluso el PP y el Gobierno de Rajoy estuvieron abiertos a explorar dicha vía.

Estos dos desafíos son, principalmente, los que motivan los discursos a favor de la reforma urgente de la Constitución, en los casos más moderados. En los casos más radicales, quienes los comparten abogan por superar la actual ley de leyes con un proceso constituyente que derive en una constitución muy distinta a la vigente.

¿Está agotada?

En los últimos años, políticos, catedráticos de Derecho Constitucional y diferentes expertos se han pronunciado a favor o en contra de la reforma de la Constitución, sobre si la carta magna está o no obsoleta y si su modificación es más o menos urgente.

Miquel Roca, histórico dirigente de Convergència i Unió y uno de los siete ponentes que redactaron el proyecto de Constitución, señaló hace unos años: “La Constitución no está agotada, ni mucho menos”.

“De ninguna manera” se puede afirmar que la Constitución esté agotada, respondía Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad Complutense, miembro de la RAE y de la Real Academia de Ciencias Morales y Política, y autor de libros como ‘Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo’, en el que analizaba y proponía ideas para una reforma constitucional, y ‘Vieja y nueva Constitución’, que repasa la historia de los cambios constitucionales.

“Hay partes de la Constitución que siguen tan firmes como el primer día”, afirmaba Muñoz Machado, y ponía como ejemplo el Título Preliminar, que abarca los primeros nueve artículos. En esa parte, donde se recogen los principios y valores que conforman el Estado social y democrático de Derecho, este catedrático no veía que se requirieran reformas y mejoras, sobre todo “porque no hay alternativa a esos principios y valores [libertad, justicia, igualdad, pluralismo político] si se quiere mantener la democracia”.

 

Algo similar opinaba del Título I, “De los derechos y deberes fundamentales”. Si acaso sugería la posibilidad de que se reordenen o refuercen las consideraciones de algunos derechos, por ejemplo derechos sociales y económicos (como el derecho a la vivienda) que podrían reubicarse como derechos fundamentales.

Tampoco consideraba que se pudiera concluir que la Constitución está agotada en lo que se refiere a los títulos de aspecto organizativo, que regulan instituciones como pueden ser la Corona (Título II), las Cortes Generales (III), el Gobierno (IV), el Poder Judicial (VI)... Esos títulos los consideraba esencialmente válidos, pese a que pudiera haber puntos en ellos que sería necesario retocar. Sería el caso de la sucesión a la Corona, para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer; el Senado; y el Consejo General del Poder Judicial.

En lo que respecta al Título IX, sobre el Tribunal Constitucional, y el X, “de la reforma constitucional”, admitía la posibilidad de que quepan algunos cambios.

“En todos esos títulos no puede decirse que la Constitución esté agotada”, aseguraba Santiago Muñoz Machado, que de inmediato apostillaba que “la excepción es el Título VIII”: es decir, el que regula “la Organización Territorial del Estado”, el ámbito en el que más claramente se nota que las costuras de la carta magna se encuentran más tirantes a sus cuarenta años.

“Discapacitados” en vez de “disminuidos”

En las más de cuatro décadas de vigencia, la Constitución sólo se ha reformado en dos ocasiones. En 1992 se inclusó la novedad de que los nacionales de otros países de la Unión Europea pudieran votar y ser votados en las elecciones municipales, para adaptar así la carta magna al Tratado de Maastricht.

Más reciente y polémica fue la reforma de 2011. El PSOE y el PP apoyaron modificar el artículo 135 de la Constitución para consagrar la obligación de respetar los límites déficit público establecidos por la Unión Europea, así como la prioridad presupuestaria en el pago de la deuda pública.

Desde 2021 está encima de la mesa otro retoque muy puntual de la Constitución. Se trata de cambiar la palabra “disminuidos” en el artículo 49, término que ahora se considera ofensivo, para sustituirla por “discapacitados”.

El Partido Popular y Vox se resistían a aceptar una reforma ordinaria de la Constitución por este motivo, alegando que podría servir de excusa para que la izquierda y los nacionalistas trataran de introducir otros cambios en la ley fundamental.

Pero hace unos meses Alberto Núñez Feijóo ya se mostró abierto, e incluso favorable, a abordar este retoque mínimo en la Constitución. Planteó buscar un consenso amplio entre todos los partidos, para circunscribir sólo a ese asunto la reforma constitucional, y aprobarla antes de las próximas elecciones.

Razones generacionales

La otra gran crítica sobre la Constitución es que al acumular ya más de cuatro décadas, una gran parte de la ciudadanía no la votó en su momento, por simples razones de edad. De ahí que se proclame la necesidad de que se proceda a una renovación, incluso a un relevo generacional de constitución.

No pocos juristas rechazan que este argumento sea una razón de peso suficiente como para considerar que la Constitución Española está agotada ante el alto porcentaje de ciudadanos que se rigen por ella sin haber participado en el proceso de su elaboración y ratificación.

“Las constituciones no se aprueban para una sola generación, sino con vocación de perpetuidad”, apuntaba Santiago Muñoz Machado, que explica que ya los constituyentes americanos del texto de 1783 se plantearon el debate sobre la perpetuidad o la temporalidad de su constitución.

Con el tiempo, esa dicotomía se trató de resolver con las cláusulas de reforma. De esta forma, las generaciones sucesivas podrían ir retocando, puliendo, modificando la ley fundamental de un estado conforme la sociedad y sus necesidades fueran evolucionando.

Miquel Roca entendía el argumento “generacional” a favor de cambiar la Constitución de 1978, y comprende que una nueva generación quiera reformar o aprobar su propia constitución, por lo que ve lícito aspire a introducir mejoras. Pero hace dos puntualizaciones.

“Si algo funciona, aunque sea anterior, no es necesario cambiarlo. Y a la inversa: si algo nuevo no funciona, se ha de cambiar”, reflexionaba. Y sobre esa casi ‘exigencia’ de algunos sectores sobre la inexorable necesidad de que quienes no votaron la Constitución de 1978 participen en su propio proceso constituyente, señalaba el dato obvio de que “nadie ha votado el Código Civil, que es de 1889 y se mantiene en vigor” con las reformas que se han hecho a lo largo de más de un siglo.

Sucesión de la Corona

El punto que parece más claro en una reforma de la Constitución -aunque exigiría el procedimiento agravado, con disolución de las Cortes Generales y referéndum- es el que afecta al artículo 57.1, que regula la sucesión a la Corona y establece la preferencia del varón sobre la mujer.

Aunque ya no parece un asunto urgente, con la actual configuración de la Familia Real, sigue siendo para muchos una reliquia discriminatoria que debe ser corregida.

Desde diferentes partidos políticos y entidades sectoriales se han lanzado en los últimos años propuestas de cambio de diversos puntos.

Pedro Sánchez y el PSOE presentaron como bandera electoral en 2019 una reforma constitucional que blindara la revalorización de las pensiones con el IPC, y que incluyera una serie de servicios sociales básicos y esenciales.

Podemos ha pedido que se incluyan derechos de última generación, relacionados con el medio ambiente y el feminismo, y junto a ciertos sectores regionalistas valencianos ha propuesto que se restaure el Derecho Civil valenciano, para que las Cortes valencianas puedan dictar leyes en ese ámbito como lo hacen otras comunidades autónomas con leyes civiles forales (País Vasco, Baleares, Navarra, Aragón, Galicia y Cataluña).

Incluso hay voces que plantean que el artículo 47, que reconoce el derecho a una vivienda digna, se reubique entre los derechos fundamentales, para así darle mayor protección y que los poderes públicos estén obligados a tomar medidas para garantizar que todos los españoles pueden disfrutar de tal derecho.

El modelo territorial

Pero el título que suele citarse como más necesitado de cambios es el VIII, que regula la organización territorial del Estado.

Existe un debate entre políticos y expertos constitucionalistas sobre si las tensiones territoriales que sufre España tienen, al menos en parte, su origen en ciertos defectos “de fábrica” del modelo autonómico diseñado en la Transición.

Quienes apuestan por la reforma para intentar al menos aliviar parte de esas tensiones plantean una clarificación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas para evitar conflictos de competencias.

También se cita la reforma del Senado, para, se dice, convertirlo en una verdadera cámara de representación territorial. El modelo sería el del Bundesrat alemán, en el que estarían representados los gobiernos o parlamentos autonómicos, para así aumentar la implicación de las comunidades autónomas en la gobernación de España.

Pero, como ya apuntaban Miquel Roca y Santiago Muñoz Machado, también es opinión extendida que muchos de los problemas actuales no tienen su origen en defectos de la Constitución, sino en otras leyes, o en “malas prácticas” de los políticos que durante todos estos años han gobernado o formado parte del poder legislativo, a nivel nacional y autonómico.

En vista de la complejidad de conseguir un consenso amplio para aprobar cambios en muchos y muy diversos puntos de la Constitución, Muñoz Machado hablaba de abrir “un tiempo de reformas constitucionales”.

Así, no se trataría de aprobar todas las modificaciones de una vez, sino ir aprobando cambios puntuales -que no exigieran reforma agravada-, para así avanzar en los puntos que concitaran mayorías más amplias y que las cuestiones más polémicas no abortaran otros cambios.

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