¿Está agotada la Constitución de 1978?

En octubre de 2008, a dos meses de que se celebraran 30 años de la aprobación de la Constitución Española, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, el nacionalista Anxo Quintana, declaró en unas jornadas de debate que la carta magna estaba ya “agotada”.

Una década después, el Gobierno de España y sobre todo las Cortes Generales han preparado un programa de actos para dar realce al 40º aniversario de aquel 6 de diciembre de 1978.

Con una participación del 67,11%, casi nueve de cada diez españoles que acudieron a votar en el referéndum ese día optaron por el “sí” a la Constitución que culminó la Transición “de la ley” de la dictadura franquista “a la ley” de un sistema democrático, según la famosa fórmula enunciada por Torcuato Fernández-Miranda.

La de 1978 es la segunda constitución más longeva de la Historia de España, por detrás de los 47 años que estuvo vigente el texto constitucional de 1876 que rigió la etapa de la Restauración con Alfonso XII, la regente María Cristina y Alfonso XIII, hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923.

Dos amenazas para la Constitución

Dos son los frentes por los que la Constitución está viendo socavadas sus bases. Por un lado, el paso del tiempo. Buena parte del discurso de Podemos, por ejemplo, cuando exige un “proceso constituyente” se basa en destacar que una gran parte de la ciudadanía española, por su edad, no votó en ese referéndum: de ahí que sea necesaria una reforma de la Constitución actual, o la aprobación de una nueva, para que las nuevas generaciones se sientan partícipes y vinculadas a ella. También Ciudadanos apuesta por realizar cambios para "regenerar" la política y el Estado.

El otro desafío principal, claro está, es la crisis territorial que se ha manifestado, principalmente, con la intentona rupturista protagonizada por el independentismo catalán y que tuvo su culmen en el referéndum ilegal y la declaración de independencia del mes de octubre de 2017. Partidos como el PSOE y otras voces apuestan por modificar la Constitución como vía para solucionar este conflicto, incluso el PP y el Gobierno de Rajoy estuvieron abiertos a explorar dicha vía.

Estos dos desafíos son, principalmente, los que motivan los discursos a favor de la reforma urgente de la Constitución, en los casos más moderados. En los casos más radicales, quienes los comparten abogan por superar la actual ley de leyes con un proceso constituyente que derive en una constitución muy distinta a la vigente.

Antonio Rovira, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, escribió hace unos días en el diario El País que el 6 de diciembre, y este especialmente, “celebramos la restauración de la democracia mediante la aprobación de la Constitución, que por fuerza está un poco gastada pero a la que le rendimos culto por los grandes servicios prestados”.

Un ‘padre’ de la Constitución

Confidencial Digital ha consultado sobre este debate con dos juristas que llevan años reflexionando y analizando la Constitución y la evolución del sistema político en España.

Por un lado está Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad Complutense, miembro de la RAE y de la Real Academia de Ciencias Morales y Política, y autor de libros como ‘Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo’, en el que analizaba y proponía ideas para una reforma constitucional, y ‘Vieja y nueva Constitución’, que repasa la historia de los cambios constitucionales.

Por el otro se encuentra Miquel Roca. Diputado de Convergència i Uniò (con distintas marcas) en el Congreso entre 1977 y 1995, Roca fue uno de los siete ponentes que redactaron el proyecto de Constitución que las Cortes debatieron y aprobaron en 1978. Actualmente dirige el bufete de Roca Junyent Abogados, desde el que dirigió la defensa de Cristina de Borbón en el ‘caso Nóos’, el asunto más mediático al que se ha dedicado el despacho.

“No está agotada”

Miquel Roca se muestra tajante en su respuesta: “La Constitución no está agotada, ni mucho menos”. Y coincide con él, en una primera respuesta a la pregunta en cuestión, Santiago Muñoz Machado: “De ninguna manera” se puede afirmar que la Constitución esté agotada, en su opinión.

Este académico de Ciencias Morales y Políticas, de hecho, hace un repaso por el contenido de la carta magna en función de su “vigencia”, de cómo estos 40 años de vida han desgastado títulos, artículos...

“Hay partes de la Constitución que siguen tan firmes como el primer día”, afirma Muñoz Machado, y pone como ejemplo el Título Preliminar, que abarca los primeros nueve artículos. En esa parte, donde se recogen los principios y valores que conforman el Estado social y democrático de Derecho, este catedrático no ve que se requieran reformas y mejoras, sobre todo “porque no hay alternativa a esos principios y valores [libertad, justicia, igualdad, pluralismo político] si se quiere mantener la democracia”.

Algo similar opina del Título I, “De los derechos y deberes fundamentales”. Si acaso sugiere la posibilidad de que se reordenen o refuercen las consideraciones de algunos derechos, por ejemplo derechos sociales y económicos (como el derecho a la vivienda) que podrían reubicarse como derechos fundamentales.

Tampoco considera que se pueda concluir que la Constitución está agotada en lo que se refiere a los títulos de aspecto organizativo, que regulan instituciones como pueden ser la Corona (Título II), las Cortes Generales (III), el Gobierno (IV), el Poder Judicial (VI)... Esos títulos los considera esencialmente válidos, pese a que pueda haber puntos en ellos que sería necesario retocar. Sería el caso de la sucesión a la Corona, para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer; el Senado; y el Consejo General del Poder Judicial.

En lo que respecta al Título IX, sobre el Tribunal Constitucional, y el X, “de la reforma constitucional”, admite la posibilidad de que quepan algunos cambios.

“En todos esos títulos no puede decirse que la Constitución esté agotada”, asegura Santiago Muñoz Machado, que de inmediato apostilla que “la excepción es el Título VIII”: es decir, el que regula “la Organización Territorial del Estado”, el ámbito en el que más claramente se nota que las costuras de la carta magna se encuentran más tirantes a sus cuarenta años.

Razones generacionales

La otra gran crítica sobre la Constitución es que al acumular ya cuatro décadas, una gran parte de la ciudadanía no la votó en su momento, por simples razones de edad. De ahí que se proclame la necesidad de que se proceda a una renovación, incluso a un relevo generacional de constitución.

Los datos estadísticos muestran que, de los 34,5 millones de votantes que hay en España, en torno a 25 millones son demasiado jóvenes para haber podido participar en el referéndum del 6 de diciembre de 1978: en concreto, todos los menores de 61 años, ya que en esa votación la edad mínima era de 21 años.

Los dos juristas consultados por ECD rechazan que este argumento sea una razón de peso suficiente como para considerar que la Constitución Española está agotada ante el alto porcentaje de ciudadanos que se rigen por ella sin haber participado en el proceso de su elaboración y ratificación.

“Las constituciones no se aprueban para una sola generación, sino con vocación de perpetuidad”, apunta Santiago Muñoz Machado, que explica que ya los constituyentes americanos del texto de 1783 se plantearon el debate sobre la perpetuidad o la temporalidad de su constitución.

Con el tiempo, esa dicotomía se trató de resolver con las cláusulas de reforma. De esta forma, las generaciones sucesivas podrían ir retocando, puliendo, modificando la ley fundamental de un estado conforme la sociedad y sus necesidades fueran evolucionando.

Miquel Roca entiende el argumento “generacional” a favor de cambiar la Constitución de 1978, y comprende que una nueva generación quiera reformar o aprobar su propia constitución, por lo que ve lícito aspire a introducir mejoras. Pero hace dos puntualizaciones.

“Si algo funciona, aunque sea anterior, no es necesario cambiarlo. Y a la inversa: si algo nuevo no funciona, se ha de cambiar”, reflexiona. Y sobre esa casi ‘exigencia’ de algunos sectores sobre la inexorable necesidad de que quienes no votaron la Constitución de 1978 participen en su propio proceso constituyente, señala el dato obvio de que “nadie ha votado el Código Civil, que es de 1889 y se mantiene en vigor” con las reformas que se han hecho a lo largo de más de un siglo.

En este sentido, recientemente se ha conocido un dato sociológico relevante en Cataluña. Según una encuesta del CEO (el CIS de la Generalitat), si pudieran votar hoy en un referéndum sobre la Constitución Española, el 57% de los catalanes optaría por el “no”, y sólo un 17,4% daría un “sí”. El 9,4% no votaría, un 4,6% votaría en blanco, 1,7% nulo y un 8,5% se declara indeciso, aparte de un 1,3% que no contesta.

Sobre estos datos, Santiago Muñoz Machado asegura que buena parte de ese amplio “no” se explica por el independentismo. Pero, en general, en Cataluña o en cualquier otra parte de España, “es normal que los ciudadanos de ahora no votaran una Constitución que es de hace 40 años”, ya que si se elaborara ahora, la carta magna sería “muy distinta” a la que se consensuó en las Cortes Generales y se sometió a referéndum en 1978.

¿Qué cambiar?

Miquel Roca y Santiago Muñoz Machado discrepan en sus análisis en un punto importante. Si el segundo señala que el Título VIII, el que regula “la Organización Territorial del Estado”, debe ser reformado sin dilaciones, Roca aleja de la carta magna la ‘culpa’ de los problemas que existen actualmente en la articulación territorial de España.

“Esta Constitución tiene una ventaja: ningún problema actual, de los que se debaten a día de hoy, tiene su origen en algún fallo de la Constitución”, considera el ponente de Minoría Catalana en el proceso constituyente de 1977-1978.

Eso sí, señala que la reforma que cree más necesaria en estos momentos es la del Senado, para reconvertir la Cámara Alta de las Cortes Generales y darle funciones y un carácter de tipo federal.

Roca también admite que actualmente no ve claro que pudiera existir un acuerdo entre partidos políticos suficiente como para llevar adelante una modificación de la Constitución.

Una reforma “inevitable”

Muñoz Machado, más allá de su idea de que hay que corregir el Título VIII para tratar de solucionar las ‘taras’ del Estado de las Autonomías, coincide en parte con Miquel Roca. “Cuando se plantean problemas o defectos, a veces se dice que se arreglarían con una reforma constitucional cuando en realidad no depende de ello”, lamentan este catedrático de Derecho Administrativo.

Es decir, cree que algunos ámbitos en los que algunas voces reclaman un cambio en la carta magna, para arreglar el problema “bastaría con corregir malas prácticas políticas o jurídicas que se han ido realizando”, o con reformar leyes ordinarias u orgánicas, pero sin necesidad de tocar la Constitución.

Por otra parte, apuesta porque los cambios que sí afecten a la ley fundamental no se hagan de una vez. La alternativa que plantea es que se abra “un tiempo de reformas constitucionales”, para ir aprobándolas de forma puntual y que así el desacuerdo en unos puntos no frene las reformas en otros.

Pero, eso sí, considera que “la reforma de la Constitución es inevitable”. Lo justifica con el argumento de que “en la medida en que la organización del Estado no funcione, o no se respeten los derechos de los ciudadanos que en ella se consagran, una constitución no sirve”.

Y es que, destaca, una constitución no es una ley más: “Es una norma que necesita no solo imperio, sino auctoritas, prestigio, tiene que inspirar valores hasta el punto que los ciudadanos la cumplan con gusto”.

De ahí que advierta que “si no se adapta, la Constitución pasará a ser menos útil”. Santiago Muñoz Machado sentencia: “Una constitución que no se reforma está condenada a morir”.