Las claves del impuesto sobre el Patrimonio. ¿Quién tiene que pagarlo realmente?

El impuesto sobre el Patrimonio está generando un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. Mientras el PP ha apostado por suprimirlo en algunas de las comunidades en las que gobierna, el Ejecutivo central insiste ahora en imponer una tasa a los ricos. ¿Pero quién tiene que pagarlo realmente?

Existen muchas dudas sobre a quién va a afectar realmente este tributo, en qué medida, si tendrá un importante efecto recaudatorio para reducir el déficit del Estado y las Comunidades Autónomas. Y una pregunta clave: ¿lo pagan los más ricos o castiga a los ahorradores?

La primera persona en oponerse a la decisión de subir los impuestos fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien empezó a bajarlos en la región, haciéndolo inicialmente por el impuesto de Patrimonio y aumentó notablemente su popularidad conforme se resistía a seguir la política del Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha optado también por suprimirlo en la región.

Castiga a las clases medias

El impuesto de Patrimonio es un tributo de carácter directo y progresivo que se aplica sobre el patrimonio personal de las personas físicas (no sobre los ingresos o transacciones y tampoco sobre las empresas). Se calcula basándose en el valor de todos los bienes del sujeto pasivo y complementa al IRPF.

Según los expertos financieros consultados por Confidencial Digital, una de las principales críticas a este impuesto es que castiga especialmente a las clases medias, lejos de gravar a los auténticos ricos que mantienen su capital en otro tipo de sociedades.

También levanta polémica el hecho de gravar de forma repetida lo que ya cargan otros tributos. Primero, el IRPF, vinculado a los ingresos de las personas físicas, y luego el IVA, aplicado a la adquisición de unos bienes o servicios que luego también va a gravar este tributo. 

Cedido a las autonomías

La Ley de financiación otorga a las comunidades autónomas la capacidad de decidir sobre el mínimo exento de Patrimonio, sobre el tipo de gravamen o sobre sus deducciones o bonificaciones.

Es un tributo cuya recaudación está cedida a las autonomías y que el año pasado recabó 1.130 millones de euros con amplias diferencias, ya que Madrid lo bonifica al 100% -e ingresó apenas tres millones-, frente a otras comunidades como Cataluña y Baleares que recaudaron en 2019 un 0,2% de su PIB.

Disparidad entre territorios

Así por ejemplo, un contribuyente con 800.000 euros de patrimonio, excluyendo los 300.000 de vivienda habitual, debería pagar cada año 1.164 euros en Aragón, 1.099 en Extremadura o 769,5 en Cataluña frente a los 50 euros de La Rioja o los 0 en Madrid en el mismo caso.

La Comunidad de Madrid es la única región española que tiene hasta ahora bonificado al 100% ese impuesto (ahora se sumarán Andalucía y Murcia), por lo que desde 2008 ningún contribuyente madrileño tiene que pagar nada por Patrimonio. En 2017, hubo 18.132 declarantes por este tributo en la región, con más de 9 millones de euros de media

De hecho, hay que recordar que la ineficacia, las distorsiones y las duplicidades que generaba este impuesto llevaron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a suprimirlo en 2008 a nivel estatal, pero en 2011, en plena crisis económica, el mismo Ejecutivo decidió recuperarlo y se ha ido prorrogando cada año desde entonces, incluso durante los mandatos de Mariano Rajoy.

Patrimonios de un millón de euros

En 2007 se gravaban los patrimonios cuya valoración superaba los 108.000 euros. La medida actual, sin embargo, incluye un aumento del mínimo exento (barrera a partir de la cual hay que pagarlo) hasta los 700.000 euros, con un mínimo exento del valor de la vivienda habitual de 300.000 euros, lo que a efectos prácticos eleva esta cantidad al millón de euros.

En aquel momento, la tasa recaudaba 2.121 millones de euros, que salieron del bolsillo de 981.498 contribuyentes. Desde 2003, los ingresos por este concepto fueron 1.069 millones de euros (2003), 1.203 millones (2004), 1.442 millones (2005) y 1.797 millones de euros (2006). En este tiempo, el número de españoles que tributaron por patrimonio se mantuvo entre 895.950 y 1.001.503 declarantes. Ahora, el Gobierno calcula en unos 160.000 los españoles afectados.

El impuesto grava toda la riqueza del contribuyente, desde su casa (exentas viviendas habituales hasta 300.000 euros) a sus ahorros, inversiones, joyas o vehículos. La fecha marcada para calcular el patrimonio de la persona es a 31 de diciembre. También forman parte del patrimonio las rentas temporales y vitalicias, joyas, pieles, algunos objetos de arte y antigüedades, y los derechos de propiedad intelectual o industrial.