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¿Qué consecuencias pedagógicas tiene el pin parental?

Charla a estudiantes.
photo_cameraCharla a estudiantes.

Un tema estrella de estas semanas es el pin parental. La medida adoptada por el gobierno de la región de Murcia ha levantado críticas desde el Gobierno de la nación, en algunos partidos, y también asociaciones de padres, estudiantes y sindicatos que han anunciado que preparan movilizaciones para protestar contra ella.

En pleno escándalo por el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, el Gobierno puso el foco del debate público en esta cuestión. Las ministras de Educación e Igualdad -también la de Hacienda- comparecieron en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para anunciar que tratarían de impedir, por todos los medios legales, la implantación del pin parental.

La decisión adoptada por el Ejecutivo murciano, que preside Fernando López Miras, forma parte del acuerdo al que Partido Popular y Ciudadanos llegaron con Vox para alcanzar una mayoría de gobierno en la comunidad.

Charlas de profesionales

El pin parental, según lo plantea Vox, consiste en que los colegios pidan a los padres de los alumnos autorización para impartir determinadas charlas extracurriculares cuyo contenido puede ser motivo de discusión porque las familias no estén de acuerdo con ellos.

Recientemente se ha sabido que el gobierno de Murcia ha rebajado este pin parental, permitiendo a funcionarios públicos impartir charlas relacionadas con sus actividades profesionales sin necesidad de autorización previa.

Policías, bomberos, jueces, médicos o guardias civiles, estarán exentos de este “permiso”, ya que “se les presupone una neutralidad ideológica” a que están obligados a mantener en el ejercicio de sus funciones. Al menos estas eran las explicaciones que ofreció la Consejera de Educación de la región de Murcia, Esperanza Moreno.

Valores y principios

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con varios expertos para conocer si existen unas consecuencias pedagógicas claras en caso de llevar la implantación de esta medida. Se trata de clarificar cómo y de qué manera puede afectar a la formación de los alumnos, así como a la figura del profesor y a la calidad de la educación.

La primera pregunta es qué nivel de importancia tienen este tipo de contenidos, y si deberían enseñarse dentro de las escuelas. ¿Sería posible una educación ajena a cualquier valor?

José Ramón Ubieto, profesor colaborador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, considera que “es obvio que debe enseñarse en el colegio todo aquello que permita al niño o la niña conocer el mundo complejo y diverso en el que vive”.

“La educación –afirma- es un invento para llevar a alguien de la familia al mundo adulto. Obliga a ver las cosas de una forma distinta a como se presentan en casa. Esta forma no tiene por qué ser contradictoria, sino que puede ser más amplia. Hay principios muy básicos que deben compartirse en todos los sistemas educativos. Están recogidos en los derechos humanos y tienen que ver con el respeto a la diferencia, el derecho a la vida, a la intimidad, etc.”.

Por su parte, Miquel Castillo Carbonell, profesor colaborador de los Estudios de Psicología y Ciencia de la Educación de la UOC, también cree que “estos contenidos no pueden obviarse. Forman parte de la construcción de la identidad sexual y de género, y por lo tanto del proceso de formación personal […] La familia, si marca una línea muy clara, puede adoctrinar, pero la escuela es más difícil por la pluralidad de docentes, compañeros, etc.”.

Derecho a reclamar

Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, reconoce en una tribuna en magisnet.com que “también la escuela puede caer en actitudes adoctrinadoras, o al menos puede lesionar los derechos de los padres que se recogen en esos tratados internacionales”.

“De la misma manera –dice- que muchos padres protestarían por actividades obligatorias en tiempo lectivo que tuvieran carácter político, o que promovieran una determinada religión en un colegio con un ideario no declarado públicamente afín a esa confesión, o contenidos que fueran racistas o machistas, también los padres tendrían derecho a protestar por ejemplo si hay clases en las que se estimula a las niñas y los niños a prácticas sexuales prematuras”.

La autoridad del profesor

Aunque reconoce que es complicado conocer a priori los efectos de esta medida, sí que es posible -relata Ubieto- que “este tipo de propuestas socave la autoridad del maestro, que ya de por sí está en precario. El mensaje que se envía a los alumnos es que no todo lo que dice el maestro es creíble, y que él también puede producir fakes. Eso, desde un punto de vista pedagógico, es lo más grave, porque aumenta la desconfianza hacia los docentes”.

Castillo Carbonell añade que “el pin parental cuestiona la profesionalidad de los docentes. Generalizar que todo el profesorado adoctrina o tiene una misma postura ideológica en determinados temas es muy delicado, y supone asumir que el profesorado no es profesional y enseña lo que le interesa”.

Dos velocidades en el aula

Otra de las consecuencias que se puede generar es la creación de dos velocidades en los itinerarios formativos: “una parte del alumnado –dice- no participaría en determinadas experiencias, ideas, charlas o maneras de ver el mundo, mientras que otros sí, y eso les daría a estos últimos más capacidad crítica e información”.

También aparecería una polarización entre los alumnos. Es decir, se crearían grupos cada vez más distanciados y con posturas enfrentadas. “Es algo que ya se está dando en las escuelas, y aumentaría si un grupo de padres restringiera los contenidos, porque lo que se dice es que esas ideas son malas o negativas”.

Sin embargo, según Alfonso Aguiló, los casos donde colisionen los derechos de los padres y de los hijos “no podrían aducirse como justificación para que alguien pueda ejercer diversas formas de adoctrinamiento, ante las que los padres quedaran indefensos. Sobre todo si se utiliza la escuela para imponer cuestiones que suscitan fuertes debates y están lejos del consenso general que debería pedirse en torno a los valores cívicos propuestos por el Estado”.

Un problema casi inexistente

A pesar del revuelo que se ha generado en torno al pin parental estas últimas semanas, los expertos reconocen que no es un problema real del día a día, como manifestó también el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, cuando aseveró que en su comunidad solo habían recibido una queja oficial de padres por el contenido que se les había enseñado a sus hijos, y dos a través de la red social Twitter.

Aguiló asume que “hay que hacer un esfuerzo por salvar la confianza entre la familia y la escuela. Es cierto que un abuso del pin parental podría llevar a buscar una educación curricular a la carta, o a poner vetos caprichosos que hagan difícil mantener con normalidad el carácter propio del centro, cuya consistencia es fundamental para que exista una oferta plural de opciones educativas. Pero prohibir cualquier resistencia ante posibles imposiciones ideológicas que pudieran darse, también puede generar abusos graves”

Los verdaderos desafíos

Para Ubieto, los verdaderos desafíos se encuentran en atajar los problemas reales de la educación, que son “la falta de inversión y de recursos, el declive de la autoridad del maestro, el uso de las nuevas tecnologías, y las desigualdades sociales que se reproducen en el aula”.

Otros de los grandes asuntos a resolver, y sobre el que incide Castillo Carbonell, es la “falta de consenso claro en políticas educativas, para que no dependan de si gobiernan unos o gobiernan otros; hay que establecer unos mínimos a partir de los cuales no haya discusión y cada centro pueda tener su propia autonomía basándose en ellos”.

Alfonso Aguiló apela a la necesidad de “hablar con sosiego sobre esto, sin descalificaciones y sin polarizaciones, para ver qué materias deben ser obligatorias, cuáles deben ser voluntarias y cuáles deberían estar prohibidas”.

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