¿Se debe incluir en la ley electoral la obligación de celebrar debates?

La idea la lanzó durante la campaña de las elecciones generales de 2015 el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias. Criticó duramente al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por no “dar la cara” y enviar a su ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a debatir con él, con Pedro Sánchez y con el ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

“Cuando nosotros gobernemos deberemos obligar a que participar en debates sea algo que no pueda eludir alguien que quiere ser presidente del Gobierno. Dar la cara ante los medios de comunicación y participar en debates debería ser una obligación”, afirmó entonces Iglesias.

La propuesta del entonces candidato de Podemos a la Presidencia del Gobierno abrió un intenso debate sobre el asunto: ¿Sería la solución a la polémica el que una ley obligara a los candidatos a asistir a los debates?

A la vicepresidenta Sáenz de Santamaría le preguntaron por el tema y vino a señalar que eso habría ido en perjuicio precisamente de los partidos extraparlamentarios como Podemos y Ciudadanos que han participado en los debates gracias a su pujanza en los sondeos de opinión: “Hacer obligatorio un debate por ley, si lo hacemos obligatorio por ley, tendríamos que basarnos en elementos legalmente exigibles, y una encuesta no lo es. Y hasta ahí puedo leer”.

No era la primera vez que se planteaba esta idea. El ex presidente de la Xunta y en aquel momento candidato socialista en las elecciones gallegas de 2009, Emilio Pérez Touriño, salió al paso de la ausencia de Alberto Núñez Feijóo en la televisión autonómica y afirmó que no sería mala idea y consideraría la posibilidad de regular por ley la obligación de que los principales candidatos participen en debates, que son “un derecho que no se debe hurtar a la ciudadanía”.

Necesarios para los votantes, atractivos para el público

No cabe duda de que el contraste de ideas y de propuestas electorales entre los candidatos de los partidos que concurren a las elecciones es beneficioso para los votantes, que pueden tener así la oportunidad de hacerse con nuevos elementos de juicio a la hora de decidir si acuden a las urnas y qué papeletas depositan en ellas.

Sea por el espectáculo o por un interés genuino por ver a los candidatos discutir, los datos de audiencia muestran que los debates televisados atraen a los espectadores.

La cuestión más espinosa es si la legislación debe regular los debates en campaña electoral y además establecerlos como una obligación, para que los candidatos -como ocurrió en aquella ocasión con Rajoy en el enfrentamiento entre PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos- deban acudir a la televisión a contrastar sus propuestas entre sí.

Una ley que estableciera esta obligación también debería fijar toda una serie de elementos y condiciones de un debate: qué partidos tendrían derecho (y deber) a acudir; quiénes deberían representar a los partidos y candidaturas; en qué medios de comunicación se retransmitiría; cómo se elegirían a unos moderadores que no fueran parciales; sobre qué asuntos se podría debatir...

Muchas preguntas: con cuántos, con quiénes...

El punto más polémico de todos los debates que se han celebrado en España en los últimos años es el de qué partidos de las decenas que presentan candidaturas a las elecciones generales deben ser invitados y cuáles han de quedar excluidos.

Cuando se han organizado debates cara a cara entre los líderes de PP y PSOE, el resto de partidos han protestado por el “bipartidismo” de este formato.

En otras ocasiones, se ha convocado a los candidatos de todas las fuerzas que tienen en ese momento grupo en el Congreso de los Diputados. Entonces eran los partidos extraparlamentarios, fueran minoritarios u otros emergentes, los que se quejaban de quedar excluidos.

Y es que la forma de fijar qué partidos participan en los debates se antoja complicada. Las encuestas no son elementos objetivos que una ley pueda recoger como criterio para organizar un debate electoral. Si acaso lo podría ser más la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que es la única encuesta “oficial” frente a las que realizan empresas de demoscopia y medios de comunicación privados.

Dónde y moderados por quién

La elección del medio que organizaría y difundiría estos debates fijados por ley también sería difícil de concretar. En los cara a cara entre los líderes de PP y PSOE se ha adoptado la fórmula en las últimas elecciones mediante la cual es la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión quien organiza el programa y todas las cadenas de televisión, públicas y privadas, tienen acceso a la señal y pueden emitirla en sus canales.

Esta asociación sin ánimo de lucro y formada por operadores y profesionales de los medios es, en principio, una organización imparcial. La otra opción obvia es Televisión Española como ente público. Incluso habría que considerar si otros medios, desde la radio hasta Internet, deberían también ser incluidos en esta regulación.

Pero las televisiones privadas, que desde hace unos años han hecho una apuesta muy fuerte por el debate y la política, seguramente no renunciarán a organizar sus propios debates: además, al ser privadas sería más complicado imponerles algunos criterios a la hora de celebrar los programas que quiera con los candidatos que considere más interesantes para los telespectadores.

Por último estaría también la cuestión de quién y cómo se elegiría al o a los moderadores del debate. Este punto ha provocado fricciones en el pasado entre PP y PSOE.

La larga lista de puntos a debate y la dificultad de concretarlos todos hacen a priori inviable que se pueda incluir en la ley electoral un apartado que fije y regule la obligación de organizar debates.

Por ley o por costumbre

Hay además otro argumento para refutar la necesidad de que la ley obligue a los candidatos de los principales partidos a acudir a debatir a la televisión. Y es que, aunque haya consenso en que es algo saludable para la democracia el que quienes aspiran a presidir el Gobierno confronten sus proyectos, otra cosa muy distinta es que tenga que imponerse por ley.

Existen países, como Colombia y Brasil, que sí tienen normas que obligan a celebrar debates. Sin embargo, en otros muchos países es la costumbre y el acuerdo de los partidos el que lleva a que se celebren “contiendas” dialécticas antes de las elecciones. En Estados Unidos no es obligatorio, pero existe una Comisión de Debates Presidenciales que ha institucionalizado de cierta manera estas citas.

Hay en España una tendencia a querer solucionar con la ley cualquier actuación que se considere censurable. Sin embargo, en un asunto tan abierto y tan difícil de legislar como este, tal vez la mejor solución sería que fueran la costumbre y la madurez de los partidos y sus candidatos las que guiaran la organización de debates electorales. La creciente demanda de información y de transparencia por parte de los ciudadanos hará que los debates sean cada vez más frecuentes y abiertos y se conviertan en una tradición democrática en España.