Te lo aclaro

¿Son los funcionarios los culpables de los males de España?

Desde que la crisis económica estalló con fuerza en España, son muchas las críticas que se han vertido sobre los funcionarios y lo "mucho" que cobran por "no hacer nada". Y esto lleva a hacerse una pregunta fundamental: ¿son los empleados públicos realmente los responsables de los problemas del país?

En España existen casi tres millones de funcionarios, y se generaliza mucho en torno a su trabajo. Siempre se cae en los tópicos de que si no hacen nada, si son unos vagos, si cobran mucho para lo poco que hacen…

Lo primero que hay que tener en cuenta es que estas generalizaciones no son aplicables a todos los funcionarios, probablemente ni siquiera a la mayoría, pero en los tiempos que corren se sigue viendo como un chollo el hecho de tener un puesto asegurado.

Es difícil en algunos puestos del funcionariado vincular salarios con productividad. Pero los críticos con los empleados públicos si defienden que es fácil distinguir quien está trabajando y quien no hace nada.

Proponen que si se articula algún tipo de penalización (suspensiones temporales de sueldo pero no de empleo, por ejemplo), degradación de categoría (si fuese posible), o alguna otra forma, como incluso acabar con esa garantía de puesto hasta la jubilación, sería más sencillo evitar que el funcionariado se convierta en el paraíso de los vagos.

Los funcionarios se defienden

Los funcionarios consideran que el recorte en las condiciones laborales de los empleados públicos responde a las nuevas medidas impuestas a España por Bruselas, como consecuencia del rescate bancario.

Por ello, tienen claro que esta situación nada tiene que ver con el funcionamiento del sector público, ni con el trabajo diario de cerca de 2,7 millones de empleados públicos en el país.

Resaltan que las medidas anunciadas por Mariano Rajoy en el Congreso no inciden en el problema fundamental que ha lastrado las cuentas públicas durante los últimos años: la duplicidad de administraciones, el derroche en obras e infraestructuras (aeropuertos y autopistas infrautilizados) o las estructuras administrativas ineficientes (embajadas autonómicas en el exterior).

Recuerdan que los empleados públicos, a largo de los últimos tres años, arrastran una rebaja salarial del 5% (2010), dos congelaciones salariales (2011 y 2112), con una pérdida de poder adquisitivo del 21%, así como la amortización de plazas de personal jubilado y la no renovación de personal interino, lo que ha supuesto la destrucción de 160.000 puestos de trabajo. Todo ello, sumado a la rebaja de sueldos y el empeoramiento de las condiciones laborales en las administraciones autonómicas.

También insisten en que no sobran funcionarios, sino que se está en la media europea. Mientras que en España hay un empleado público por cada 15 ciudadanos, en Alemania lo hay por cada 18 habitantes y en Francia por cada 12. Sin embargo, si reconocen que no tiene ninguna explicación la multiplicación de empresas públicas que se ha producido en los últimos años.

Advierten de que en la mayoría de los casos no es fácil encontrar un mecanismo objetivo y conocido por los empleados públicos que pueda medir la labor de los funcionarios. Se justifican en que la labor de cuidar enfermos, ser policía o cartero, no es fácilmente medible.

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