¿Es necesaria una nueva Ley de Seguridad Ciudadana en España?

Desde 1992 permanece vigente en nuestro país la ley orgánica 1/92 de 21 de febrero, conocida comúnmente como “ley Corcuera” por el ministro socialista que la promovió. Aquella normativa de seguridad ciudadana acabó costándole el cargo precisamente a José Luis Corcuera por las reacciones que provocó.

21 años más tarde, con el Partido Popular en el poder, Jorge Fernández Díaz prepara una nueva ley de seguridad ciudadana. El Ministerio del Interior presentó su borrador el pasado miércoles 20 de noviembre ante la Comisión de Secretarios de Estadio y Subsecretarios, mientras que su contenido fue publicado por el diario El País un día antes.

La nueva ley recoge como “falta muy grave” los escraches, hasta ahora inéditos en la justicia española, así como las concentraciones no comunicadas ante el Congreso, el Senado o las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas. La posible sanción acarrea una multa de entre 30.001 y 600.000 euros.

Como “falta grave”, y con una sanción de 1.001 a 30.001 euros, se considera la realización de botellón no autorizado, acudir a una protesta o manifestación encapuchado, cortar el paso de una vía pública con neumáticos u otros obstáculos, o también el injuriar, vejar o amenazar a las fuerzas de seguridad mientras velen por el mantenimiento público.

Son solo algunos de los cambios que incluye la nueva ley de seguridad ciudadana, aunque ya han causado un gran revuelo entre políticos y ciudadanos. Se ha llegado a hablar de “ley del miedo” o incluso de una vuelta a la dictadura franquista.

El Confidencial Digital se ha puesto en contacto con varios colectivos a los que afecta directamente esta nueva ley de seguridad ciudadana.

Francisco José Alonso Rodríguez, presidente de la Liga Española Pro-Derechos Humanos, se muestra “en contra” de la reforma: “Es una violación de los derechos humanos que pone incluso en riesgo la vida de las personas que se manifiesten”.

“El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha incumplido su programa político, y después de todo, amenaza con recortar las libertades a través de su ministro del Interior”, continúa Alonso.

“No es bueno hacer callar al pueblo mediante amenazas de este tipo, porque eso solo provoca la proliferación de grupos anarquistas violentos, que pueden acabar sustituyendo a ETA", explica.

Para Francisco José Alonso, el Partido Popular “quiere emular la frase de Manuel Fraga ‘la calle es mía’, cuando no lo es. Limitar o coartar el derecho a manifestarse, siempre que sea de manera pacífica, es un atentado contra la democracia, algo inaceptable”, concluye.

Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), asegura que el cuerpo “está completamente de acuerdo con la ley en todo lo que le atañe”, y pone un ejemplo para explicar la situación de las fuerzas de seguridad.

“Hace unos meses se recogió en los medios que un policía había pegado un bofetón a una chica durante una manifestación en Madrid, después de que esta le insultase gravemente. Ese agente fue sancionado a raíz de ese suceso por dos vías, una judicial y otra administrativa. Sin embargo, la mujer cometió un delito de injurias contra un funcionario público en el ejercicio de su actividad, y nadie se acordó de ello”, cuenta Giraldo.

El portavoz de la Unión Federal de Policía cree que la nueva ley “protege” a los cuerpos de seguridad del Estado. “Quienes van a por la policía, la insultan o atentan contra ella, lo hacen en realidad contra el principio de autoridad”, añade.

Además, justifica algunas de las nuevas faltas graves recogidas en el borrador de la ley, como el encapucharse durante una protesta: “No es lógico que el policía tenga que ir identificado, con su ‘matrícula’ por así decirlo, y el manifestante acuda con pasamontañas, irreconocible. Una cosa es la libertad para manifestarse y otra el libertinaje”.

Matiza también las faltas graves por injurias contra los agentes: “No se van a perseguir insultos en manifestaciones, habría que sancionar a cientos o miles de personas. Podemos entender que se hagan cánticos contra nosotros o que un grupo nos insulte, es una cuestión de educación o de incluso cultura, pero no entendemos cómo una persona puede pasar por delante de un policía, le insulte gravemente, y no pase nada. Eso no se debe aguantar”.

“La Policía tiene un régimen disciplinario muy grave, un dos por ciento de los agentes son expulsados al año por infracciones”, prosigue Giraldo, que concluye: “Cuando alguien insulta a un policía, insulta a su policía, a alguien que está ahí para defenderle”.