¿Hay que olvidarse de que ha existido ETA?

En ese mismo escrito, los asesinos acusaban a los estados español y francés de no querer “cerrar un ciclo […] conscientes de su debilidad en la confrontación estrictamente política y temerosos de la situación que provocaría una resolución integral del conflicto”. Un discurso que sirvió a la izquierda abertzale para reclamar a los gobiernos de España, Francia y País Vasco que se diera carpetazo definitivo a todo lo relacionado con ETA.

La reacción de las víctimas de los terroristas, sin embargo, fue bien diferente. Las familias de los asesinados por ETA respondieron con contundencia a los pistoleros, acusándoles de querer “blanquear” su historia refugiándose en su comunicado de disolución, en una falsa petición de perdón, y en el inexorable paso del tiempo. Una estrategia que las víctimas piensan combatir.

“Ni olvido ni perdón”

Las diferentes asociaciones de víctimas, así como los principales partidos políticos de España, tienen claro que, pese a la importancia de vivir en paz, y la llamada “necesidad de convivencia”, las atrocidades protagonizadas por ETA no pueden caer en el olvido ya que, como dijo el humanista Paul Preston, “quien no conoce la historia está condenado a repetir sus errores”.

Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel, el concejal del PP asesinado por ETA, y actual diputada popular y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, dejó a las claras la opinión de todos aquellos que han sufrido el fanatismo de ETA en sus propias carnes:

--“A mí no me vale este perdón, llega tarde, muy tarde y, desde luego, no cumple para nada las expectativas de las víctimas del terrorismo”.

Desde la AVT, por su parte, también se muestran contundentes sobre la petición de olvido y perdón de los asesinos:

--“Se trata de un paso más en la estrategia orquestada por ETA desde que declarara en 2011 el alto al fuego por diluir su verdadera responsabilidad, justificar el uso de la violencia para la imposición de su proyecto totalitario y manipular la historia”.

La “memoria histórica” de las víctimas

Consciente de la necesidad de no olvidar lo que fue y lo que hizo ETA, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha un proyecto, que ahora deberá ratificar Pedro Sánchez, para “blindar” la construcción de un relato de las víctimas, y de la sociedad civil, que desmonte el blanqueamiento que quieren impulsar los terroristas y su entorno.

Tal y como informó el pasado 31 de mayo El Confidencial Digital, semanas antes de que la banda terrorista hiciera público ese comunicado, el Ministerio del Interior abrió el plazo de consulta pública previa para abordar una reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

El departamento de Juan Ignacio Zoido elaboró un documento explicando la necesidad de reformar la Ley de Víctimas del Terrorismo, que ya ha cumplido siete años, y que en su momento se aprobó con la práctica unanimidad de los partidos representados en las Cortes.

Entre los “problemas que se pretenden solucionar” con esa reforma, el Ministerio del Interior y su Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo planteaba uno muy destacado: “La propaganda y la narrativa terrorista exigen fortaleza en el relato y en la contranarrativa”.

Ese título de la ley se centrará en detallar una serie de “medidas y acciones que deban fomentarse y/o ejecutarse por parte de los poderes públicos y de la sociedad civil” para promover una memoria sobre la historia de ETA que ponga en valor la historia y el testimonio de las víctimas.

224 crímenes sin resolver

La necesidad de no olvidar, por otra parte, se fundamenta en todos los crímenes cometidos por ETA que siguen sin resolverse. Unos asesinatos que, aseveran las víctimas de los terroristas, hacen imposible que se pueda pasar página.

ETA mató a 858 personas en 51 años, una historia sangrienta en la que las familias de 297 víctimas siguen sin conocer quiénes fueron sus asesinos. La Audiencia Nacional cifra en 224 los atentados sin resolver y en 21 las causas reabiertas en una lucha contra el olvido y la impunidad que las víctimas ven con esperanza.

Además, a la lista de 21 sumarios reabiertos se unen los del secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, los asesinatos de militante socialista Fernando Múgica o los de los concejal del PP Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez.

Los equipos anti-ETA, activos

Conscientes de la necesidad de seguir investigando estos crímenes, las direcciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han mantenido activas las unidades antiterroristas especialistas en combatir a ETA.

Tal y como se informó en estas páginas, el Instituto Armado cuenta con un total de 180 efectivos dedicados, única y exclusivamente, a combatir a ETA. Todos ellos, de la Unidad Central Especial número 1, más conocida como UCE-1. Este departamento, dependiente de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, se ha dedicado, desde su formación, a las “amenazas terroristas internas que afectan a la seguridad del Estado”.

De los 180 efectivos de los que dispone la UCE-1, 70 están en oficinas y 110 son agentes operativos. Los primeros “hacen más trabajo de análisis” sobre atentados sin resolver y toda la información que les llega; mientras que los segundos “están sobre el terreno, allá donde pueda haber un etarra o cualquier tipo de actividad sospechosa”.

La Policía Nacional, por su parte, mantiene en la Comisaría General de Información un grupo de expertos en terrorismo etarra, integrado por una decena de agentes: “Continúan trabajando en la lucha contra ETA y también contra un entorno abertzale que, ni mucho menos, ha frenado su actividad”.

La labor de estos agentes no se centra únicamente en investigar asesinatos sin resolver, sino en detectar nuevos procesos de radicalización en el País Vasco. Un fenómeno que, según afirman desde la Comisaría General de Información, se mantiene vigente.

Por último, los servicios de información antiterrorista de ambos cuerpos destacan que ETA aún conserva un arsenal de armas por valor de 2 millones de euros, que los pistoleros podrían intentar vender en el mercado negro para garantizarse su particular “plan de pensiones”.

Una circunstancia que hace que ni la Policía ni la Guardia Civil, ni tampoco las instituciones y las víctimas, hayan dejado de “vigilar” a los asesinos... ni de recordar las atrocidades cometidas durante 60 años.