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Pros y contras de liberar las patentes de las vacunas

Proceso de llenado e inspección. Planta de producción en Puus (Bëlgica) de Pfizer
photo_camera Proceso de llenado e inspección. Planta de producción en Puus (Bëlgica) de Pfizer

La capacidad de producción de las vacunas contra el coronavirus es actualmente insuficiente para satisfacer la demanda global.

Cada vez son más los países que reivindican la aplicación de una exención temporal sobre los derechos de propiedad industrial de las vacunas y la liberalización de las patentes.

Las patentes otorgan un derecho exclusivo, durante veinte años, a su titular, lo que impide que otros fabriquen o comercialicen el objeto de dicha patente sin su consentimiento. Sirve de reconocimiento a la labor y esfuerzo de I+D por parte de una empresa para generar soluciones a problemas como la pandemia del coronavirus.

La situación de Estados como la India ha provocado que el propio presidente de los Estados Unidos haya cambiado a una postura favorable a la liberalización, consciente de la necesidad de agilizar el ritmo de producción de las dosis.

En consecuencia, se ha abierto un arduo debate entre los países que respaldan la medida y los que defienden que las patentes son un instrumento clave para monetizar el conocimiento, así como el riesgo e incertidumbre que asumen las farmacéuticas al desarrollar las vacunas.

Se trata de una discusión compleja en la que se han de conciliar intereses inicialmente contrapuestos: la salud pública global y los intereses comerciales de las farmacéuticas.

Fabiola Leyton, profesora colaboradora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y experta en bioética incide en que sea cual sea la decisión final “generará un escenario incierto”.

Los argumentos a favor

La pandemia supone un problema de salud pública mundial. El Covid está afectando a todas las partes del planeta y para acabar con la enfermedad será necesario atajarla en todos los rincones para prevenir mutaciones. La inmunización podría no funcionar para nuevas variantes y el virus podría volver a descontrolarse causando una nueva pandemia.

Actualmente, las empresas que han patentado las vacunas no están cumpliendo con los acuerdos de entrega de las dosis acordadas y tampoco con la producción prometida, según explica el médico Oriol Yuguero, lo que está provocando retrasos en la posibilidad de vacunar y en la lucha contra la pandemia.

Además, algunas farmacéuticas ya han alcanzado acuerdos de colaboración con otras compañías y estados, pero no se fabrican las dosis al ritmo que se demandan. Leyton explica que, para llegar a unos niveles óptimos de seguridad contra el coronavirus, al menos un 70% de la población mundial debería estar vacunada, por lo que mientras haya países que no tengan acceso a vacunar a su población se abordará el problema y las desigualdades se acentuarán.

Por otra parte, algunas de las vacunas contra la COVID-19 se están desarrollando con financiación pública, por lo que varios expertos coinciden en que debería haber un retorno y una participación en los derechos de propiedad intelectual o al menos en los beneficios. Según Leyton, la liberación de las patentes debe ser un imperativo de justicia retributiva.

Los argumentos en contra

No hay certezas de que con la licencia obligatoria se resuelva el problema de producción a corto plazo. Según la profesora colaboradora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC y agente de la propiedad industria, Mercedes Avilés, agente de propiedad intelectual y experta en patentes, la puesta en marcha de la fabricación de las vacunas requiere además que quienes asuman el reto conozcan tecnologías novedosas y cuenten con infraestructuras habilitadas para que la producción tenga lugar con sus garantías.

Además, considera que la exención temporal de derechos sobre la vacuna podría llevar al titular de la patente a no recuperar la inversión inicial y a la obligación de compartir el know-how con terceros, que podría traducirse en una pérdida de competitividad.

La industria farmacéutica es uno de los sectores que encabeza la inversión en desarrollo e investigación. La liberación de las patentes podría sentar un precedente con relación al desarrollo de vacunas o fármacos que mermara la motivación de la industria para lanzar nuevas líneas de investigación con las que solucionar dichos problemas.

Por tanto, renunciar a proteger la propiedad industrial durante la emergencia pública global puede suponer un desincentivo de las empresas, así como en el desarrollo de otros medicamentos.    

Una solución intermedia

Yuguero considera que se necesita una visión de intentar poner soluciones globales: “No podemos pretender controlar esta pandemia mientras tengamos países en vías de desarrollo que no puedan vacunar a su población, una situación que pondrá en riesgo el control de la infección. Debemos al servicio público este conocimiento para que se pueda hacer la producción de vacunas y aumentarla”.

Una de las soluciones posibles pasa por que las instituciones reguladoras y los Estados deberán trabajar para lograr un acuerdo para diseñar escenarios en los que la liberación de las patentes no suponga un freno al desarrollo e investigación.

De este modo, se pondrían en marcha mecanismos de compensación para estimular la innovación y el desarrollo de nuevos fármacos para cuando pase esta pandemia o futuras situaciones.

La postura europea

Confidencial Digital se puso en contacto a través de la UOC con la profesora Avilés quien explica que España ha secundado la postura norteamericana de apoyar la liberación de las patentes que considera que “los derechos de propiedad industrial no pueden ser un obstáculo en el acceso equitativo y universal de la vacuna”.

Sin embargo, la experta recuerda que no todos los países de la UE respaldan esta medida, y España no es ajena a esta situación. Mientras Francia se posiciona del lado de España, Alemania reivindica que las patentes son una fuente de innovación tecnológica, por lo que cualquier exención temporal de derechos de IP, sobre las vacunas contra la COVID 19, podría suponer una merma a la monetización de la I+D acometida por las empresas titulares de dichas patentes.

Con este escenario, la Comisión Europea se pronunciará el próximo mes de junio, una vez participe en la reunión ordinaria del Consejo de los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) de la OMC, en la que de nuevo la liberación de las patentes contra la COVID 19 será objeto de debate.

¿Qué es mejor para España? 

Avilés señala que España está dejando que otros tomen decisiones con respecto a la liberación de las patentes contra la COVID-19 para actuar y posicionarse así en virtud de la voluntad de la mayoría de los países que ya se han pronunciado.

En un contexto de pandemia global parece que la liberación sería la solución clave para garantizar el aumento de la producción de vacunas.

Sin embargo, existen dos condicionantes que podrían ralentizar el objetivo a corto plazo. La primera, el know-how necesario con relación a nuevas tecnologías emergentes en el desarrollo de algunas vacunas. La segunda, la obligatoriedad, por quienes asumen el reto, de invertir en instalaciones homologadas y habilitadas para dicha fabricación.

Avilés considera que, si hubiera habido una clara voluntad de liberar las patentes, a esta fecha, probablemente ya se hubiera hecho uso de la licencia obligatoria como instrumento para canalizar el acceso universal a la vacuna.

Cree que el resultado de la próxima reunión del Consejo de los ADPIC los días 8 y 9 de junio pondrá de manifiesto si dicho acuerdo es o no posible. En cualquier caso, si no se llegara a un entendimiento, los países deberían buscar fórmulas alternativas.

Apunta la colaboración público-privada en I+D+i entre distintos stakeholders como una herramienta útil para alcanzar tal objetivo.

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