¿De quién son los escaños: del partido o de los candidatos?
La “propiedad” de los escaños ha sido, históricamente, motivo de debate, sobre todo cuando aparece una discrepancia entre un grupo de diputados y el partido político al que pertenecen. Ahora, el reciente pulso del eurodiputado Javier Nart a Ciudadanos por este motivo ha vuelto a reavivar la polémica.
El pasado 5 de septiembre Nart anunció su baja como militante de Ciudadanos, abandonando de forma automática su puesto en la ejecutiva nacional del partido naranja. No obstante, esa renuncia no fue aparejada a su salida del Parlamento Europeo, ya que decidió conservar el escaño que obtuvo en mayo concurriendo a las europeas en la lista de Cs.
La reacción de Albert Rivera y de sus colaboradores más cercanos no se hizo esperar. Le exigieron que entregara inmediatamente el acta de eurodiputado. Una petición a la que Nart hizo oídos sordos, alegando que su objetivo era “seguir defendiendo el programa electoral de Cs a las elecciones europeas”.
Desde Ciudadanos le recordaron, entonces, que él, al igual que el resto de candidatos del partido en cualquier proceso electoral, firmó un documento, la llamada Carta Ética, en el que se especificaba que, en el caso de dimitir, debía entregar el acta.
La solución de Nart a ese conflicto de intereses ha sido salomónica: ha decidido salir de la delegación de Ciudadanos en Europa antes de que la dirección del partido decida expulsarlo, pero no ha entregado su acta.
Los partidos, desprotegidos
Este enfrentamiento entre Javier Nart y Ciudadanos ha demostrado, una vez más, que los partidos, pese a ser, sobre el papel, “dueños” de los escaños que obtienen sus candidatos en los diferentes procesos electorales, están más desprotegidos de lo que podía parecer.
En el actual sistema de listas cerradas, todos los candidatos de los diferentes partidos políticos adquieren el compromiso de respetar la posición de las formaciones a las que representan en las Cámaras o ayuntamientos. No obstante, eso no siempre se cumple.
En primer lugar, y sobre todo en en los ayuntamientos, ha dejado de ser noticia que concejales de un partido concreto dejen su grupo municipal, pasándose a “no adscritos”. En algunos casos, de hecho, ese movimiento ha provocado que los gobiernos locales caigan, y cambien de signo político.
Además, también se han multiplicado los casos en los que concejales y diputados deciden, por su cuenta, romper la disciplina de voto del partido al que representan. Algo que, de hecho, ha provocado importantes crisis a las diferentes formaciones políticas.
La crisis del PSOE con el “no” a Rajoy
El último gran ejemplo de esto lo protagonizó el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados el 29 de octubre de 2016, en la votación de investidura de Mariano Rajoy.
El Comité Federal del PSOE celebrado el domingo anterior a la votación y ya con la gestora que sustituyó a Pedro Sánchez al frente de Ferraz, aprobó la abstención de los socialistas en esa votación.
No obstante, hasta 15 diputados del Grupo Socialista, incluida la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, se saltaron la disciplina de voto y mantuvieron su “no” a Rajoy.
El argumento de estos parlamentarios socialistas fue el mismo usado ahora por Nart, en referencia al cumplimiento del programa electoral: “Nos presentamos a las elecciones con el compromiso de no hacer presidente a Rajoy y vamos a mantenerlo”, aseguraron en su día.
El artículo 67,2 de la Constitución
Todos estos diputados que se saltan la disciplina de voto, encuentran también argumentos a ese comportamiento en la propia Constitución Española.
En concreto, el artículo 67,2 de la Carta Magna especifica que “los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Una afirmación que muchos han aprovechado para justificar que, en el fondo, no existe ningún tipo de disciplina de voto que les impida votar en contra de la posición de sus respectivos partidos.
En la práctica, este tipo de conflictos se soluciona con una “multa”, de los diferentes partidos, a aquellos parlamentarios que se hayan saltado la disciplina de voto. Sin embargo, aún no se ha encontrado la solución a casos como el de Nart, cuando el cargo electo se da de baja del partido pero mantiene el acta.
En estos casos, todas las formaciones coinciden en señalar que, pese al aparente blindaje que ofrece el sistema de listas cerradas, con la teórica propiedad de los escaños para los partidos políticos, “al final mandan los cargos electos”. Casi, como en un sistema de listas abiertas.
