La reforma que demanda la Justicia al ministro Gallardón

Alberto Ruiz Gallardón tiene ante sí la posibilidad de convertirse en el ministro que emprenda una gran reforma en el sistema de Justicia, para modernizarla y hacerla más ágil. Esta vieja reivindicación de los jueces españoles sólo será posible "con una importante inversión y valentía por parte del Gobierno", pero ¿cuáles son las medidas más urgentes que reclaman los juristas?

El Confidencial Digital se ha puesto en contacto con importantes bufetes de abogados para conocer, de primera mano, cuáles son las principales reformas que deberá llevar a cabo el ex alcalde de Madrid al frente del ministerio de Justicia. Los expertos consultados han dado las siguientes claves:

Garantizar la independencia del Poder Judicial

Una de las principales críticas al sistema español es la excesiva relación entre el poder ejecutivo y judicial, ya que muchos de los nombramientos de los cargos de Justicia –tipo el Fiscal General del Estado- es elegido por el Gobierno de turno, algo a lo que muchos achacan el supuesto partidismo de la administración de Justicia.

Por ello, es fundamental conseguir un compromiso político, quizá mediante una ley, que garantice una efectiva independencia del Poder Judicial que elimine cualquier tipo de injerencia política, a fin de restaurar la confianza en la misma tanto frente a los ciudadanos como de cara al exterior.

Un ejemplo claro de esto sería implementar un sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional al margen de la política y una mejor definición de sus competencias que eviten episodios pasados de controversia entre dicho Tribunal y el Tribunal Supremo.

Mayor inversión en medios humanos y materiales

Los españoles conciben la Justicia como un sistema lento y desfasado, en el que la falta de implantación de las nuevas tecnologías provoca que denuncias, sumarios e investigaciones se apilen en estanterías a la espera de que algún magistrado pueda trabajar en ellas.

Para solucionar este problema, hay que invertir en medios humanos y materiales que favorezcan el correcto funcionamiento de la Justicia. Esto implica, contratación de más jueces y la compra de alta tecnología que permita un mejor funcionamiento de la tramitación procesal y presentación de escritos por medios telemáticos, informatización de expedientes, y compatibilización de los actuales sistemas informáticos de las distintas comunidades autónomas.

Con esta medida, se fortalecerá la imagen de España en el exterior como país donde impera la seguridad ,jurídica. Inglaterra no se cansa de vender Londres como jurisdicción internacional, por el buen funcionamiento de sus jueces y tribunales.

 

Establecer sistemas efectivos de control de productividad de jueces y funcionarios

Será necesario que los funcionarios de Justicia den cuenta de lo trabajado, mediante informes que podrán ser analizados por organismos independientes. El objetivo deberá ser que se cumplan los tiempos marcados y que ningún caso se eternice en los juzgados.

Una verdadera Ley de Mediación y Arbitraje

Los expertos consultados rechazan la Ley de Mediación y Arbitraje impulsada por el Gobierno Zapatero en abril de este año, ya que no cumple con el objetivo fundamental de este tipo de normas, y que no es otro que descongestionar los juzgados.

Las mismas fuentes aseguran que existen ejemplos en Europa como Reino Unido, Francia, Alemania e incluso Italia que están funcionando.

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