¿Son de fiar los jueces?

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas ha tenido como consecuencia una profunda crisis de credibilidad y confianza en la Justicia.

La Sección Segunda dictó una sentencia, el presidente de la Sala Tercera la suspendió y convocó un pleno para decidir el fallo definitivo, ese pleno estuvo contaminado por mensajes del Gobierno y finalmente, el propio presidente cambió el sentido de su voto sólo para desempatar el resultado.

Ante las idas y venidas y el cambalache de los magistrados, cabe preguntarse, ¿son de fiar los jueces?

Corporativismo

Según miembros de la Sala Tercera del Supremo, que dictó el polémico fallo, que prefieren no dar su nombre, la cuestión de la sentencia fue una guerra civil en el seno del Alto Tribunal.

Surgió a raíz de los nombramientos del presidente del TS, Carlos Lesmes, al poco de ser elegido para dirigir el CGPJ.

“Colocó a sus amigos en puestos clave para asegurarse el control de las distintas Salas, en lugar de respetar las costumbres de toda la vida de este tribunal”, afirman estas fuentes.

Estos magistrados forman el llamado GAL (Grupo de Amigos de Lesmes), muy criticados en entornos jurídicos, especialmente por quienes no forman parte de él.

El caso más llamativo fue el de Luis Díez-Picazo, que alcanzó la presidencia de la Sala Tercera sin ser juez. La animadversión de los miembros de la Sala explotó, con graves consecuencias, con la sentencia de las hipotecas.

El trasfondo de esta guerra civil, según las mismas fuentes, no es otro que el corporativismo de los jueces.

Estos mismos magistrados reconocen que existe una corriente de protección y amparo de los jueces entre ellos, pero “debido al instrusismo en la carrera judicial”, explican a Confidencial Digital.

Por eso, recibieron con “sumo malestar” la llegada de Díez-Picazo a la presidencia de la Sala Tercera del TS. “No sólo accedió como magistrado, sin tener la plaza de juez, sino que fue nombrado presidente de la Sala”, afirman, indignados.

Este malestar ha ido creciendo conforme han pasado los años. Entre 2013 y 2018, durante el mandato de Lesmes, jueces y magistrados del TS se han enfadado cada vez más con los nombramientos “arbitrarios” de su presidente, hasta llegar a la sentencia de las hipotecas.

Situación más grave en los juzgados

Las mismas fuentes extrapolan este caso al estado general de la Justicia en toda España.

Aseguran que, si ésta es la situación en el Tribunal Supremo, es aún más grave en los juzgados de primera instancia e instrucción, tutelados más de cerca por los Tribunales Superiores de Justicia.

“La mayoría de los presidentes de Sala han pasado antes por las Audiencias Provinciales y por juzgados, con lo que conocen perfectamente la situación de la Justicia en esa comunidad autónoma”, explican.

“Y, como buena parte, no la mayoría, pero sí buena parte de los presidentes de los TSJ, han accedido a su cargo por su relación con el líder del CGPJ de turno, aplican la misma directriz en los juzgados que mejor conocen, los de la comunidad autónoma de este TSJ”, añaden.

En muchas ocasiones, utilizan su influencia, según esta fuentes, para aupar o designar jueces titulares en los juzgados más apropiados “ignorando los méritos” de la carrera judicial.

Por tanto, la reacción de los magistrados es descalabrar esa red de “amiguismo encubierto”, como la denominan, dictando sentencias como la de las hipotecas: “para hacer saltar por los aires comportamientos como el de los GAL”, aseguran.

La opinión de estos magistrados del Supremo es que en cualquier caso, la credibilidad de los jueces está bajo mínimos, tanto por las “puñaladas” que se lanzan entre ellos por los nombramientos de amigos, como por estos mismos nombramientos, que les condiciones sus decisiones, “aunque lo nieguen”.

Asociaciones judiciales

Por otro lado, un abogado de lo penal consultado por ECD y que también prefiere no dar su nombre achaca este problema de credibilidad a las asociaciones judiciales.

Su opinión, “tras más de veinte años ejerciendo la abogacía en el ámbito del Derecho penal”, es que juegan un papel negativo en la carrera judicial.

“Tal y como están concebidas”, explica, “consiguen encasillar a los jueces según su ideología política”.

Como consecuencia, se divide a los órganos judiciales en conservadores o progresistas, según el magistrado titular. “Y aunque el juez no esté adscrito a ninguna asociación, siempre guardará relación con miembros de una u otra, con lo que terminará siendo señalado”, señala.

Esta situación conduce a “un problema: ideologizar la Justicia”, cuando ésta debe ser independiente.

“No se trata de que los jueces no tengan ideología, porque son ciudadanos y tienen derecho a voto, sino que su carrera y su actuación no debe estar condicionada por corrientes políticas”, explica, algo que a su juicio, ocurre a día de hoy.

Su conclusión es, por tanto, que los jueces no son de fiar. “Todos, digan lo que digan, tienen una mochila a cuestas que les pesa más o menos según el procedimiento que les toque”, sentencia.

Reforma de la ley del poder judicial

Tanto para estas fuentes como para vocales del CGPJ consultados por este confidencial, la solución de este problema de confianza en los jueces es una reforma de la ley del poder judicial.

No sólo en lo referente a la elección de vocales del CGPJ, sino en el acceso a la carrera. Las fuentes consultadas abogan por endurecer los exámenes de acceso "para reforzar la libertad de los jueces".

Argumentan que unos requisitos más severos harán que los aspirantes y sobre todo los que hayan conseguido la plaza "valoren más" la carrera judicial y por tanto "tengas más dudas sobre si merece la pena seguir intereses espurios".