Te lo aclaro

Vox y las armas: ¿estamos seguros en España?

Guardias Civiles provistos de dos MP5 y un G36.
photo_cameraGuardias Civiles provistos de dos MP5 y un G36.

La intensidad con la que los partidos políticos están afrontando esta campaña electoral ha puesto el foco sobre ciertos temas que antes, o no preocupaban a los españoles o al menos no se había hecho nada por visibilizarlo.

Un ejemplo claro fue cuando, hace unas semanas, Vox defendía la tenencia de armas de fuego en los hogares particulares para defenderse de posibles amenazas. La pregunta es ¿qué amenazas? ¿Existe una preocupación grave entre los españoles por su seguridad y la de sus familias?

La polémica sirvió más para pulsar la opinión pública en torno a este debate que para buscar una manera de hacer efectivas estas proclamas. Se pudo comprobar que, realmente, la ciudadanía española no se lo había preguntado y ahora que aquella pregunta sí salió a luz pública, se vio que no visibilizaba un problema real.

Para poder realizar una fotografía del sentir de una sociedad con respecto a su propia seguridad, hay que entender de dónde podrían venir los elementos disruptivos que comúnmente suelen atenazar a las sociedades en este aspecto.

La inmigración

El fenómeno de la inmigración suele ser una bandera históricamente agitada para encender el debate público. Ejemplifica de manera bastante certera un carácter intrínsecamente humano: el miedo a lo diferente, a lo extraño.

Son muchos los pueblos que a lo largo de su historia han pasado de ser comunidades de emigrantes a recibir entre sus fronteras  una afluencia masiva de inmigrantes de otras partes del mundo, coincidiendo con un evidente crecimiento económico del país de destino. Sin ir más lejos, España es un ejemplo.

Ahora la lupa está puesta sobre el Mediterráneo, donde cada día cientos de inmigrantes se juegan la vida para llegar a las costas del sur de Europa huyendo de las guerras que desangran sus países de origen.

Este asunto se ha convertido en un filón para los partidos políticos en España de cara a estas elecciones. Tanto a izquierda como a derecha, se han enarbolado las banderas de la solidaridad, por un lado, y de la férrea firmeza por otro.

Son conocidas las declaraciones de Santiago Abascal relacionando la inmigración y la delincuencia en un intento por crispar a sus bases y generar una atmósfera de inseguridad con unos culpables claros que, desde luego, encaja con su discurso antiinmigración.

Atendiendo a un punto de vista estrictamente delictivo que pudiese explicar un sentimiento de inseguridad y no a otras formas en las que desde diferentes partidos se retrata a la inmigración y su papel dentro de la estructura social de España, cabe decir que, según datos del Ministerio del Interior, el 84% de los robos cometidos en España han sido perpetrados por españoles, lo que deja en un 16% el cómputo global de inmigrantes relacionados con este tipo de delitos.

Además, según el último barómetro del CIS, la inmigración como principal problema para la ciudadanía representa un 8,8% y el de la inseguridad ciudadana un escaso 4,2%.

Estas cifras quedan lejos de las verdaderas preocupaciones de los españoles, que son el paro (60%), los políticos (29%) y los problemas de índole económico (22%). No parece, al menos por lo pronto, que exista un verdadero sentimiento de inseguridad en términos generales dentro del país que esté relacionado con la inmigración.

Seguridad nacional 

España se encuentra en nivel 4 de alerta terrorista, siendo el nivel 5 el más elevado. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han aumentado su presencia en enclaves estratégicos de toda la geografía española, como estaciones de trenes, monumentos históricos, aeropuertos o edificios gubernamentales.

La amenaza real del yihadismo es un elemento constante dentro de Europa y del territorio nacional. Los ataques terroristas en La Rambla de Barcelona y Cambrils en junio de 2017 recordaron al país que, precisamente, hay que estar alerta.

Sin embargo, y remitiendo de nuevo al último barómetro del CIS, el terrorismo internacional ni siquiera tiene un valor representativo entre las preocupaciones de los españoles, ya que apenas alcanza un 0,3%.

Lo mismo pasa con ETA, con un valor prácticamente nulo. La banda armada está oficialmente disuelta y su último atentado en territorio nacional fue en 2009. Aun así, en esta campaña electoral, varios partidos lanzan un mensaje que trata de recordar al electorado la sensación de inseguridad real de aquellos años negros de la Historia de España.

Nada más lejos de la realidad. El sentir general es de una mayoritaria tranquilidad en torno a este asunto y los problemas relativos a la seguridad nacional tanto en las fronteras como en las calles no tienen una especial significancia que justifique, por ejemplo, el reforzamiento de la seguridad en los hogares con el uso de las armas de fuego.

Un aparato estatal corrupto

La corrupción representa, para un 23% de la población, el principal problema de España. Aun así, es necesario matizar a qué tipo de corrupción se refiere para entender si éste podría constituir un elemento que incrementase la inseguridad ciudadana.

España no es considerado un estado corrupto. No existe, por ejemplo, un aparato policial o militar capaz de exigir sobornos para evitar penas, multas o que se encuentren bajo la nómina del crimen organizado, como si puede suceder en ciertos países de América Latina.

Los ciudadanos tampoco realizan pagos a médicos, por ejemplo, para ser atendidos antes en los hospitales de la sanidad pública. Ni tampoco, en términos generales, existe una red de clientelismo basado en la corruptela entre la sociedad y los diferentes organismos estatales.

Sí es cierto, que la percepción de la corrupción en nuestro país alcanza niveles muy representativos, pero se trata de un sentimiento mayormente referido a la clase política.

Entonces, sí puede hablarse de una clase política corrupta con lazos empresariales que han venido desarrollando una actividad delictiva en el desempeño de sus cargos públicos. Sería esta, por tanto, la clase de corrupción que preocupa a los españoles y que puede percibir de forma realista por la continua aparición de casos relativos a este asunto en los medios de comunicación y en investigaciones judiciales.

Legítima defensa

El artículo 20 del Código Penal expresa que un individuo quedará exento de responsabilidad criminal si "obra en defensa de la persona o derechos propios o ajenos", refiriéndose al concepto de legítima defensa. No obstante, hay que cumplir varios requisitos para que este supuesto sea aplicado.

El medio empleado para repeler, por ejemplo, una agresión que suponga un peligro real para la vida de la persona ha de ser racional y proporcional. No quedaría amparado en este concepto la persona que acabe con la vida de su agresor utilizando un arma de fuego si éste estaba desprovisto de cualquier arma o herramienta que pudiese utilizar para cometer la agresión.

Desde luego, tampoco estará protegido por este derecho el individuo que haya provocado el enfrentamiento y que después, durante su desarrollo, cometa algún tipo de delito hacia la otra persona.

Son varios los supuestos a tener en cuenta y muchas las sentencias en España que han absuelto a personas involucradas en estos casos. También las ha habido al contrario, donde los tribunales no han acabado eximiendo de responsabilidad criminal a las personas implicadas.

Sea como fuere, este es uno de los muchos elementos que en España protegen y velan por la seguridad de los ciudadanos. Añadir a esta lista nuevos componentes que puedan generar una inestabilidad de estos principios sería ir en contra de los propios valores que rigen nuestro Derecho. No hay mayor imperio que el de la ley.

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