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La abogada del Estado investigada en el 'caso Puertos' defiende la legalidad de la adjudicación de Menorca

Gual de Torrella negó este lunes que se beneficiase a Marina Asmen en el concurso para la gestión de amarres en Mahón

PALMA, 5 (EUROPA PRESS)

La abogada del Estado investigada en el 'caso Puertos' ha defendido este martes ante la juez la legalidad del concurso para la gestión de amarres en Mahón.

La letrada estaba citada este martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, después de que este lunes comparecieran el expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, y el exdirector, Juan Carlos Plaza.

La letrada ejercía como asesora jurídica del Consejo de Administración de la APB en la fecha de los hechos. La investigación la señala por haber emitido informes a favor de la adjudicación, presuntamente a sabiendas de las irregularidades que concurrían.

En la documentación del caso consta, recoge la juez, que su pareja realizó trabajos remunerados hasta el año 2017 para una empresa indirectamente relacionada con la adjudicataria, Marina Asmen.

Al respecto, la funcionaria ha negado el presunto amaño del contrato defendiendo sus actuaciones en el procedimiento.

Además, en relación con la posición contraria que mantuvo en el proceso otro abogado del Estado, la investigada ha apuntado que tenían criterios técnicos dispares sobre asuntos competenciales. Además, ha indicado que la relación entre ambos no era óptima porque había tenido conflictos laborales previos con este trabajador.

La abogada del Estado ha coincidido así con la línea sostenida este lunes por el expresidente de la APB, que en un interrogatorio de tres horas negó que se beneficiase a Marina Asmen en el concurso para la gestión de amarres en Mahón. Gual de Torrella defendió que no hubo ningún prevalimiento ni presión para beneficiar a la adjudicataria del concurso, que se llevó a cabo en 2017. El exdirector, Juan Carlos Plaza, declaró en el mismo sentido.

 

Además, el expresidente de la APB relató que mantuvo reuniones institucionales en relación a la problemática que había en el puerto, pero no en concreto sobre la gestión del concurso.

Este martes también estaban llamados a comparecer el exjefe del área de gestión, el exjefe de explotación y un técnico de la APB de Menorca; y el miércoles y jueves se prevé tomar declaración al expresidente de la patronal menorquina de empresas náuticas (Asmen) y los responsables de algunas de las empresas involucradas en el concurso.

'CASO PUERTOS'

Los investigadores cifran en unos 300.000 euros el perjuicio económico para la administración portuaria por el supuesto amaño en este concurso.

Esta pieza se incoó a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. La juez instructora aprecia indicios sólidos para entender que la adjudicación a favor de Marina Asmen se había acordado con algunas autoridades políticas de Menorca y los empresarios investigados.

Los investigadores creen que desde la APB se diseñó el concurso 'ad hoc' para Asmen y que se les transmitió con antelación abundante información de interés para la licitación, que no estaba al alcance de otras empresas competidoras, determinando así el resultado.

Según la investigación, la sociedad adjudicataria se constituyó en septiembre de 2017 exclusivamente para concurrir a este concurso, y que la cantidad ofertada en concepto de tasas por la ganadora era notablemente inferior a la de otros competidores.

Las diligencias también apuntan a que Asmen obtuvo importantes ingresos por conceptos que no estaban amparados por los pliegos, y que de hecho eran contrarios a los mismos, pero que la APB no hizo nada para solventarlo a pesar de tener conocimiento de estos hechos.

Gual de Torrella fue detenido el 24 de julio de 2020 junto a otros cuatro directivos de la APB por la Guardia Civil en un operativo Anticorrupción, y fue puesto en libertad provisional horas después. Fue cesado como presidente a consecuencia de esta investigación y le sustituyó en el cargo el expresidente del Govern Francesc Antich.

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