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Alcaldesa de Arroyomolinos vincula su acusación a "un ataque político": "La política no está para dar tratos de favor"

Justifica los ingresos en metálico en sus cuentas en el dinero que le daba su pareja para sufragar gastos comunes

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de política territorial de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán Arroyo, vinculó durante su declaración judicial el delito de prevaricación administrativa del que le acusa la oposición a un "ataque político", negando cualquier tipo de trato de favor en la contratación a empresarios y familiares.

Millán Arroyo compareció el pasado 22 de abril en calidad de investigada ante el juez de Instrucción número 6 de Navalcarnero por presuntas irregulares en su etapa de concejala en la contratación de un empresario al que alquilaba un ático, un extremo del que manifestó era conocedora la Corporación local.

Al ser preguntada por el juez acerca de si cometió los delitos de los que se le acusa, manifestó que "no" y detalló que la acusación de los grupos de la oposición respondía a un "ataque político", según consta en su declaración, a la que tuvo acceso Europa Press y adelantada por la 'Cadena SER'.

También negó que ordenara destruir documentación de su despacho cuando terminó su etapa de concejala, manifestando que "no tiene nada de ocultar" y que pidió a los "trabajadores de la Consejería que recogieran" los papeles acumulados de doce años de gestión. "Vendía mucho decir que se estaba destruyendo documentación", subrayó.

El juez le preguntó sobre los detalles del contrato de alquiler de su ático a un empresario, indicando que se trataba de un piso con opción de compra y que se pagaba la letra de la hipoteca. En 2012, esta persona dejó de alquilar el piso, pagando las cuotas hasta que hubo un nuevo inquilino.

Millán apuntó que intervino en las mesas de contratación de la empresa de esta persona, ya que todos los concejales lo hacían, incluidos los ediles de la oposición. Todas las contrataciones se llevaron a cabo sin el voto en contra de nadie.

Al respecto, negó que hubiera cualquier tipo de trato de favor y ha insistido en que en el Ayuntamiento se conocía la relación contractual con este empresario.

 

"No me planteé abstenerme. Se seguía lo que decían los técnicos", esgrimió a preguntas del magistrado sobre si participaba en esos concursos públicos. "La política no está para dar trato de favor a nadie", subrayó en relación a si favoreció a su hermana con otro contrato.

También explicó que los ingresos en metálico en sus cuentas bancarias respondían al dinero que le iba dando su pareja, dedicado a la hostelería, para pagar los gatos comunes del hogar. En 2013, dejó de ingresar ese cantidades pequeñas de unos 300 o 500 euros por la crisis que atravesaban los pubs de su pareja.

PARTE DE PÚNICA

Se trata de una investigación remitida por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de una pieza del caso 'Púnica' al no guardar relación con la misma.

La comparecencia se produce después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practicaran el pasado 25 de enero un registro en dependencias del Ayuntamiento para solicitar una serie de contratos sospechosos que se llevaron a cabo en legislaturas anteriores cuando la alcaldesa era concejal.

Carlos Ruipérez Alonso interpuso la denuncia cuando era alcalde de Arroyomolinos, en nombre de la oposición, que daba cuenta de "una serie de contrataciones presuntamente irregulares con la empresa de J. L. Huerta Valbuena que se inicia en el mismo año 2004".

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