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La AN condena a uno de los dueños de Grupo Petromiralles por una operativa para defraudar IVA pero absuelve a su hermano

Impone a José María Torrens 13 años de cárcel y una multa de 237 millones de euros

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha condenado a 13 años de cárcel y una multa de 237 millones de euros a José María Torrens, uno de los dueños del Grupo Petromiralles, por una operativa para defraudar IVA que funcionó entre 2011 y 2013, si bien al mismo tiempo ha absuelto a su hermano Pedro, el otro administrador de la empresa, al no encontrar pruebas de su participación en esta mecánica delictiva.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal ha impuesto a José María Torrens 2 años de prisión por cada uno de los tres delitos contra la Hacienda Pública a los que resulta condenado, otros 6 años por blanqueo de capitales y 1 año más por tenencia ilícita de armas, pero le absuelve del delito de falsedad documental.

Además, los magistrados le han sentenciado al pago de 237 millones de euros, correspondiendo 23 millones al ejercicio fiscal 2011; 110 millones a 2012 y 80 a 2013, siendo los 24 millones restantes por el blanqueo de capitales.

El fallo considera acreditada "la elusión del pago de tributos, al haber dejado de ingresar a la Hacienda Pública cantidades recaudadas como IVA repercutido en las ventas de hidrocarburos mediante el mecanismo de incrementar ficticiamente el importe del IVA soportado".

También ha condenado por ello a otros diez acusados, entre ellos el asesor de la trama José María Talarn, que ha recibido 12 años de cárcel, y el empresario de hidrocarburos Antoni Rodríguez Estepa, sentenciado a 3 años de prisión al apreciarle las atenuantes de confesión y de reparación del daño.

FIGURA TANGENCIAL

En cambio, la Sección Primera ha decidido absolver a Pedro Torrens, que se encargaba del personal, los camiones, las cisternas, la actividad logística y el mantenimiento de las estaciones de servicio, mientras que José María se dedicaba a las labores administrativas y comerciales.

 

La Sala de lo Penal estima que Pedro Torrens aparece mencionado de forma tangencial en todas las actuaciones por ser administrador solidario, junto con su hermano, en el Grupo Petromiralles.

"El resto de acusados y testigos prácticamente no mencionan la asistencia de Pedro Torrens a las reuniones mantenidas entre los integrantes de la trama. Incluso, todas las escrituras suscritas en nombre de Petromiralles aparecen firmadas solamente por José María Torrens", explica.

EVITAR EL PAGO DE IMPUESTOS

Según expone la sentencia, ante la deuda contraída por Rodríguez Estepa con Petromiralles, José María Torrens le propuso "poner en marcha una operativa para lograr beneficios que permitieran reducir la cuantía que le adeudaban: crear una distribuidora que vendiera los hidrocarburos suministrados por Petromiralles y que evitara el pago de impuestos".

Rodríguez Estepa aceptó y se puso en contacto con Talarn, que en posteriores reuniones --en las que participó José María Torrens-- diseñó un sistema que pasaba por la utilización de una distribuidora de hidrocarburos mediante la cual se incorporaran datos falaces en las declaraciones de IVA, poniendo al frente de ella a un testaferro al que darían las instrucciones necesarias.

Los magistrados explican que las adquisiciones dentro de los depósitos fiscales de hidrocarburos se producen con exención de IVA y con suspensión de los Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos (IEH), pero cuando salen de dichos depósitos, con la venta, se debe repercutir al comprador el IVA correspondiente, devengándose asimismo los IEH, recaudados por los titulares de los citados depósitos y repercutidos luego a los operadores petrolíferos.

En el caso juzgado, exponen los magistrados, una vez realizadas las ventas los datos del IVA soportado eran manipulados por personas vinculadas con el Bufete Orfisa, dirigido por Talarn, en las declaraciones a la Agencia Tributaria, "aumentando ficticiamente su importe simulando haber soportado cantidades de IVA, con la finalidad de no ingresar las importantes cuotas que resultaban de los datos reales del mínimo IVA soportado".

Para lograr esa defraudación tributaria, relata el fallo, Talarn, responsable del despacho de abogados, con oficinas en Barcelona y Sevilla, creó o gestionó varias empresas instrumentales que se utilizaron para esta operativa.

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