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La Audiencia Nacional mantiene a Vox como acusación popular en 'Dina' al apreciar un "interés general" en lo investigado

El partido pidió personarse por tratarse de "hechos de gravedad que podrían afectar a un miembro del Gobierno"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha avalado la personación de Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege como acusación popular en el llamado caso 'Dina', donde se investigan las vicisitudes que sufrió la tarjeta del teléfono móvil de la ex asesora de Podemos desde que se lo robaron hasta que la información que contenía apareció publicada, al considerar que existe un "interés general" por tratarse de un asunto que podría salpicar al entonces vicepresidente, Pablo Iglesias.

En sendos autos del pasado viernes, a los que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal ha rechazado los recursos presentados por Iglesias y la que fuera su asesora, Dina Bousselham, contra la decisión del juez instructor de permitir que tanto Vox como Pro Lege ejerzan la acusación popular en esta pieza separada número 10 de la macrocausa 'Tándem'.

En su recurso, Iglesias esgrimió que no se debía admitir la personación de Vox y Pro Lege porque sus denuncias se referían a hechos que no serían objeto de esta pieza separada y cuya competencia no correspondería a la Audiencia Nacional. A ello, Bousselham añadió que en todo caso habrían sido cometidos por personas contra las que no se dirigen estas pesquisas o que son víctimas de los delitos investigados.

No obstante, la Sala rechaza los argumentos de Iglesias y Bousselham explicando que tanto Vox como Pro Lege "pretendían su personación como acusaciones populares en esta pieza al tener conocimiento por los medios de comunicación de que se estaban investigando hechos de gravedad que podrían afectar a un miembro del Gobierno y a quien fue una de sus asesoras". "Es este motivo suficiente para entender que existe un interés general que legitima su intervención en este proceso", sostiene.

MISMAS FIANZAS

Por otro lado, los magistrados ratifican las fianzas impuestas por el juez instructor a Vox y Pro Lege para poder personarse, de 15.000 y 10.000 euros respectivamente.

Bousselham pretendía que la de Vox se elevara a los 30.000 euros, "porque es la que se le exigió a Podemos para personarse como acusación popular"; mientras que Pro Lege reclamó que se rebajara la suya a entre 2.000 y 5.000 euros por ser "una asociación de reciente constitución" y "capacidad económica limitada" que se financia con "aportaciones privadas y el patrimonio de los socios constituyentes".

 

Sin embargo, en ambos casos la Sala rechaza variar las cuantías entendiendo que son proporcionadas. Además, recuerda que, en lo tocante a los partidos políticos, las fianzas "van unidas a la representación parlamentaria" que tienen cuando piden personarse.

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