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AUGC y SUP piden al PP que respalde mejoras para los agentes destinados en Cataluña que sufren "señalamientos y acoso"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han pedido al Partido Popular que respalde un incremento salarial y mejoras sociolaborales para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en Cataluña, una medida que servirá para contrarrestar la "campaña de señalamientos y acoso" que sufren en esta región.

La reunión para trasladar la "urgente necesidad" de adoptar estas medidas se ha celebrado en Barcelona en la recta final de la campaña electoral de los comicios autonómicos, contando con la asistencia de las portavoces del PP en la Comisión de Interior, Ana Vázquez, y de Sanidad, Carmen Riolobos.

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Según el comunicado conjunto de ambas organizaciones, lo que buscan es "una actualización de los complementos retributivos que palie el elevado coste de vida en la demarcación policial urbana y las dificultades de la prestación de servicio en entornos rurales con peor comunicación".

Las medidas también incluyen mejoras en el ámbito sociolaboral, teniendo en cuenta la "presión sufrida en Cataluña desde hace varios años por su papel de auxilio de jueces y fiscales", lo que ha conllevado una "campaña de señalamientos y acoso contra profesionales".

Las organizaciones sostienen que esto forma parte de una estrategia que busca la salida de Cataluña de Policía y Guardia Civil a través de la "plena sustitución" por los Mossos d'Esquadra, "ya como policía exclusiva y excluyente". Según los cálculos de AUGC, un 30% de los agentes destinados en Cataluña planean irse a otra comunidad autónoma "por motivos de presión social".

Otra de las cuestiones abordadas ha sido la petición de tramitar una ley que ponga fin al copago farmacéutico, al sostener que existe "desigualdad a la hora de acceder a medicamentos por parte de clases pasivas del Estado que permanecen a ISFAS y MUFACE". Según ellos, los policías pagan un 30% más para acceder a los medicamentos, lo que consideran una "discriminación".

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