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El Banco de España detecta limitaciones en sistemas informáticos de bancos pequeños para su recapitalización

El Tribunal de Cuentas informa de que las exigencias de información a tiempo suponen "un inmenso desafío técnico" para muchas entidades

El Tribunal de Cuentas informa de que las exigencias de información a tiempo suponen "un inmenso desafío técnico" para muchas entidades

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Banco de España advierte en algunos planes de resolución de entidades financieras menos significativas (LSI) de las limitaciones de los sistemas informáticos de estos bancos para facilitar datos necesarios a tiempo para la recapitalización interna de estas entidades.

Así lo manifiesta el Tribunal de Cuentas en su 'Informe de fiscalización de la adecuación de la normativa y de las instituciones españolas al Mecanismo Único de Resolución (MUR)', recogido por Europa Press.

Según señala el órgano fiscalizador, en los planes de resolución completos de las entidades deben referirse a los procedimientos que aseguren la transmisión de información necesaria a las autoridades de resolución, siendo uno de los elementos clave que las entidades puedan facilitar rápidamente toda la información necesaria para la toma de decisiones por las autoridades.

"UN INMENSO DESAFÍO TÉCNICO PARA LA MAYORÍA"

Sin embargo, algunos de estos planes indican que los sistemas informáticos de los bancos tendrían problemas para facilitar los datos necesarios a tiempo para la recapitalización.

"La recapitalización interna de depósitos y bonos en un plazo de 48 horas constituiría un inmenso desafío técnico para la mayoría de los bancos, dada la complejidad de sus sistemas informáticos y de gestión", advierte el Tribunal.

El Tribunal explica que antes de ejecutar un plan de recapitalización interna, es necesario que los sistemas de gestión puedan calcular el importe disponible para llevarla a cabo, y que los planes de resolución analizados ponen de manifiesto que el plazo de envío informado por las entidades no ha podido ser verificado.

 

En sus alegaciones, el Banco de España remitió al Tribunal el resultado de unas pruebas realizadas en 2019 respecto a dos entidades LSI que permitieron comprobar que fueron capaces de generar la información en los plazos declarados previamente.

CARENCIAS EN LOS PLANES DE RESOLUCIÓN DE ENTIDADES MENORES

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas también expone en su informe carencias en los planes completos de resolución de las entidades consideradas menos significativas (LSI), sobre las cuales eran competentes las autoridades nacionales, no habiendo establecido el Banco de España los objetivos de MREL consolidado (requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles) hasta diciembre de 2019 en ninguna de las entidades analizadas.

En todo caso, el Tribunal señala que el supervisor financiero estimó que no era procedente fijar requerimientos para las entidades antes de que hiciera lo propio la JUR con las entidades de mayor tamaño, y que informó al fiscalizador que en los planes elaborados a lo largo del pasado año ya estaban siendo incorporados a todas las entidades.

También advierte deficiencias en varios de los planes analizados en cuanto a la confidencialidad y otra normativa aplicable, respecto a los procesos de comunicación entre autoridades de resolución y las entidades afectadas, a efectos de evitar mensajes contradictorios o que puedan generar confusión.

LA JUR IMPIDIÓ FISCALIZAR LOS PLANES DE RESOLUCIÓN A GRANDES BANCOS

Todo ello en un informe en el que el Tribunal de Cuentas informa de que la Junta Única de Resolución europea (JUR) ha impedido al Tribunal fiscalizar los procesos de resolución de entidades financieras al impedir al documento que regula estos planes, ni a la documentación elaborada por el Banco de España, así como al expediente de la resolución del Banco Popular en junio de 2017.

En este informe, el Tribunal pide al Gobierno y a las Cortes que colaboren para garantizar en la Unión Europea que tanto el tribunal, como el Tribunal de Cuentas Europeo, "puedan ejercer sin limitaciones su función fiscalizadora sobre las actuaciones en materia de resolución".

Y es que, tal y como señala en el informe, la JUR ha vetado el acceso del Tribunal a la documentación elaborada por el Banco de España de los planes de resolución de entidades españolas, ni al propio manual de resolución, ni tampoco al expediente de resolución del Banco Popular, ejecutado por la JUR y vendido por un euro al Banco Santander en junio de 2017.

Esto impidió al Tribunal de Cuentas comprobar si estos planes para las entidades españolas han sido elaborados conforme a la normativa reguladora, si la participación del Banco de España se ha sometido a esta normativa, o si el Banco de España, el FROB y la CNMV, autoridades nacionales de resolución en España, han adaptado sus procedimientos de actuación a las normas del MUR.

Tras solicitar el Tribunal al Banco de España la documentación que había elaborado sobre los planes de resolución y el propio Manual de Planificación de la Resolución (RPM), el supervisor financiero consultó a la JUR, que aseguró que toda esta documentación no puede someterse a la fiscalización de entidades como el Tribunal de Cuentas.

Idéntica respuesta dio la JUR al FROB cuando el Tribunal le solicitó el expediente de resolución del Banco Popular, lo que le ha impedido comprobar las actuaciones realizadas por el FROB como autoridad de resolución ejecutiva en este proceso.

Raphael, apoteósico en Starlite

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