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El 'compliance' de Repsol niega que recurrieran a Villarejo para espiar a personas u obtener información personal

Define el encargo como un trabajo de inteligencia corporativa y dice que Brufau no ordenó ni fue informado de la iniciativa

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El responsable de cumplimiento normativo de Repsol, Enrique Hernández, ha negado este martes ante el juez del 'caso Villarejo' que el encargo que la compañía realizó al grupo empresarial del comisario jubilado, CENYT, tuviese como objeto espiar a personas u obtener información personal.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que en su declaración de dos horas ante el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea, el 'compliance' ha definido los trabajos de José Manuel Villarejo como de inteligencia corporativa y de fuentes abiertas pero, en ningún caso, una labor propia de detectives.

En esta línea Hernández, que ha insistido en que no hubo ningún propósito de ocultar esos trabajos por parte de Repsol, ha recalcado que los encargos buscaban descubrir quién se encontraba detrás del pacto para hacerse con el control de la compañía energética.

Precisamente esta pieza separada, la número 21 de la macrocausa 'Tándem', gira en torno a la contratación en 2011 por parte de Caixabank y Repsol a CENYT con el presunto objetivo de espiar al entonces presidente de Sacyr Luis del Rivero para impedir que, a través de su alianza con la empresa mexicana Pemex, se hiciera con el control de Repsol--en la que el banco es uno de los principales accionistas--.

BRUFAU NO AUTORIZÓ O CONOCIÓ LA CONTRATACIÓN

A preguntas de Fiscalía, el directivo de la energética ha librado de responsabilidades al expresidente de Repsol Antonio Brufau asegurando que éste nunca tuvo la iniciativa, ordenó, autorizó o fue informado de ningún resultado del encargo a Villarejo.

En su declaración, Hernández ha descartado que en ninguno de los mails que revisaron acerca de la contratación de CENYT apareciese el nombre del propio Brufau, que fue imputado nuevamente el pasado mes de febrero por la Sala de lo Penal.

 

En concreto, la Sección Tercera aseguró que la investigación practicada hasta la fecha revelaba la existencia de indicios de conductas delictivas calificables como cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

En su auto, la Sala apuntaba que el encargo elaborado por el grupo de Villarejo se habría llevado a cabo "a cambio de un precio que fue abonado por las empresas comitentes" y "que incluyeron el acceso a datos sobre el tráfico de llamadas telefónicas y otras comunicaciones".

LIBERTAD PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN

Por otro lado, el 'compliance' de Repsol se ha referido a la investigación interna realizada en la compañía y que nació de la Comisión de Ética y Compliance. Esta misma habría sido la que le facilitó los recursos necesarios y nunca puso limitaciones o señaló indicaciones de cómo debía dirigir su labor.

Hernández, que ha defendido que contó con libertad a la hora de pilotar las pesquisas, contrató para realizar ese trabajo a KPMG, que elaboró en 2011 un informe sobre el cumplimiento normativo de la empresa. De esa investigación, según ha señalado, se llegó a la conclusión de que no se incumplieron los protocolos internos a la hora de recurrir a Villarejo.

La contratación de CENYT se llevó a cabo aplicando una normativa existente, según el directivo. En concreto la prevista en las adjudicaciones directas por razones de confidencialidad y especialidad. El propio Hernández habría señalado que cerca de un 25% de las contrataciones realizadas en Repsol seguirían esa vía.

Este mismo martes ha declarado ante el juez el encargado de elaborar precisamente el mencionado informe de KPGM, Rafael Tejedor. Según otras fuentes consultadas, éste ha aseverado que la consultoría cumplió con todos los estándares internacionales a la hora de elaborar ese documento.

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