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Dignidad y Justicia presenta a la AN la 'doctrina Miguel Ángel Blanco' para evitar la impunidad de los crímenes de ETA

Propone una nueva interpretación legal para declarar imprescriptibles 430 asesinatos terroristas

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Asociación Dignidad y Justicia ha enviado a la Audiencia Nacional (AN) un informe donde expone la teoría jurídica que ha articulado, la 'doctrina Miguel Ángel Blanco', para aplicar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad fijada por el Consejo de Europa a los crímenes cometidos por ETA y por otros grupos terroristas a partir del 24 de diciembre de 1990, un total de 430 asesinatos, según sus cuentas.

El autor de la 'doctrina Miguel Ángel Blanco' es el abogado de la asociación de víctimas Miguel Ángel Rodríguez Arias, que se apoya en el Convenio Europeo sobre la Imprescriptibilidad (CEI) de 1974, pero vigente desde 2003, el cual declara la no prescripción de los crímenes de guerra, lesa humanidad y "otras conductas de naturaleza comparable" a las que el Estado quiera dar tal categoría.

Según el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, este tratado emanado del Consejo de Europa establece en su artículo 2.2 que cuando el Estado miembro en cuestión --en este caso, España-- lo incorporara a su ordenamiento interno debía aplicarse a todos los crímenes que tuvieran dicha consideración, incluidos los que se hubieran cometido antes, siempre que su plazo de prescripción aún estuviera abierto.

Rodríguez Arias explica en su escrito que España introdujo la imprescriptibilidad de los asesinatos terroristas en el artículo 131.3 del Código Penal (CP) mediante una ley orgánica de 23 de diciembre de 2010, siendo hasta entonces el plazo general de caducidad de estos crímenes de 20 años.

Por ello, entiende que el Convenio Europeo permite retrotraerse esos 20 años desde 2010 para considerar imprescriptibles todos los asesinatos terroristas cometidos desde el 24 de diciembre de 1990, "fecha que marca la línea roja divisoria".

Con esta interpretación legal, a partir del asesinato de Luis García Lozano, el 2 de enero de 1991, todos los crímenes cometidos por ETA y otros grupos terroristas habrían visto su plazo de persecución penal "prorrogado hasta la imprescriptibilidad".

De acuerdo con los cálculos de Rodríguez Arias, eso afectaría a 198 asesinatos perpetrados por ETA, 225 cometidos por yihadistas, cinco del GRAPO y dos del IRA, con lo que serían "imprescriptibles".

 

LAGUNA LEGAL

El letrado de Dignidad y Justicia aduce que el hecho de que España firmara el Convenio Europeo sobre Imprescriptibilidad en 1979 pero no lo ratificara "no excusa" que no lo haya usado para hacer esta interpretación legal a favor de la no caducidad de los crímenes de ETA.

A su juicio, este escollo se salva por el hecho de que el citado tratado "no viene sino a desarrollar el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)", del que España sí forma parte.

En cualquier caso, crítica duramente que el legislador no incluyera expresamente en la reforma penal de 2010 los estándares de imprescriptibilidad del Consejo de Europa.

"Ese silencio, esa insólita oportunidad legislativa pérdida para aclarar desde el primer momento ello mismo, es precisamente lo que nos sitúa en la actual situación y malentendido en torno al auténtico alcance temporal del artículo 131.3 CP", denuncia.

De hecho, reprocha, "la paradoja es absoluta pues ha llegado a darse por bueno interpretativamente, sin discusión, automáticamente, justo lo contrario (...) que la declaración de imprescriptibilidad no afecta a delitos cometidos antes cuyo plazo aún estaba abierto". "Lo blanco, negro", recalca.

"Lo que no viene sino a sumarse a multitud de otras anomalías y (graves o muy graves) deficiencias técnicas cada vez que nuestro Ejecutivo o legislador nacional se ve confrontado con las más sencillas aplicaciones del Derecho Penal Internacional", lamenta.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD

Para el abogado penalista, fue "una oportunidad absurdamente perdida para haber asegurado derechos en su mismo origen de la forma más sencilla, clara y legítima, conectando la interpretación del alcance con el normal estándar del Consejo de Europa".

"Probablemente ese silencio de la norma, la LO 5/2010, cuando pudo y debió pronunciarse expresamente respecto a su alcance aplicativo, a la luz del artículo 2.2 del Convenio Europeo, sea el mayor daño legislativo ocasionado al conjunto de las víctimas de ETA, y del terrorismo, en este país", sostiene.

Por eso, aclara que ahora se trata "de que el sistema judicial español decida hacer uso de ese 'margen interpretativo" de cada Estado del Consejo de Europa firmante del CEDH, y que lo haga de forma exacta y literal con el artículo 2.2 del CEI, sin nuevas torpezas, sin nuevos inventos interpretativos 'surpirenaicos'".

"Mucho más aún", aduce, cuando en el caso de ETA hubo un "desbordamiento de la propia capacidad judicial del Estado de poder abarcar e investigar debidamente todos los crímenes" que fue provocado "por la propia actividad criminal desmedida que ETA misma busco desplegar".

"Que en consonancia con ello el propio Estado prorrogase con normalidad los plazos que se concede a sí mismo, y que aún estaban abiertos, en materia de asesinatos terroristas, elevándolos hasta la imprescriptibilidad (...), resulta igualmente lógico y congruente desde este ulterior punto de vista", completa.

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