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Fiscalía de Gijón pide 6 años de prisión para un abogado por quedarse con 171.000 euros de un matrimonio que lo contrató

OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de un abogado gijonés acusado de apropiarse de más de 171.000 de un matrimonio que lo contrató para gestionar la incapacidad permanente de él tras un accidente laboral. La situación económica en la que dejó a la pareja obligó a la mujer incluso a pedir limosna en la calle. La vista oral está señalada para este miércoles, 27 de enero de 2021, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, en su condición de abogado, llevaba al 50% una asesoría jurídica en la calle Los Moros de Gijón, junto con otra letrada. El 28 de julio de 2009, la víctima estando trabajando como oficial montador, sufrió una parada cardiorespiratoria que, pese a la atención médica prestada, tras ser dado de alta el 14 de junio de 2010, le dejó como secuelas afasia y hemiplejia derecha, generadoras de una grave discapacidad.

Ante las evidencias de las graves consecuencias del accidente laboral sufrido, el personal sanitario aconsejó a la mujer del denunciante, de bajo nivel intelectual y que siempre había dependido de su esposo, que se pudiera en manos de algún abogado para que la ayudara a tramitar todas las gestiones burocráticas para el cobro de las prestaciones de la Seguridad Social por incapacidad permanente a las que tuviera derecho su marido y, en su caso, de las indemnizaciones que le pudieran corresponder de las mutuas o compañías aseguradoras.

Como ella era clienta de una tienda que regentaba la madre del acusado, acudió en mayo de 2010, desbordada por la situación, al despacho de abogados de éste y de su socia, a quienes encomendó la realización de todos los trámites necesarios ante el INSS para el cobro de la pensión por incapacidad permanente y para la gestión de las indemnizaciones que le pudieran corresponder a su marido ante la discapacidad absoluta del mismo.

Fruto de las gestiones realizadas por ambos letrados, el INSS reconoció con efectos económicos desde 15 de junio de 2010 la prestación de incapacidad permanente en el grado de gran invalidez al marido, con un importe económico líquido de 2.847,03 euros mensuales, cantidad que se abonó por primera vez en la cuenta de la que era titulares el matrimonio el 31 de diciembre de 2010.

Hasta ese mes, el marido había seguido cobrando la nómina y, a su vez, la mutua, como entidad colaboradora del INSS, había efectuado una trasferencia de 4.750 euros a su favor en julio de 2010. Asimismo, el 12 de octubre de 2010, la compañía aseguradora efectuó dos trasferencias a la cuenta del matrimonio por importes de 40.000 y 45.000 euros.

En esas fechas, marido y mujer se trasladaron a Valladolid, ya que ella tenía a su madre y a unas hermanas en esa ciudad, para lo cual el acusado y su socia les buscaron una residencia adecuada para el hombre, dada su grave discapacidad, y a ella un piso de alquiler cercano a la residencia. El acusado convenció en octubre de 2010 a la mujer, dado que se marchaba a Valladolid, para que les otorgara un poder a ambos letrados para que pudieran seguir realizando gestiones, reclamaciones y cobros pendientes en su nombre en relación con las aseguradoras.

Poder que asimismo les facultaba para retirar de las cuentas bancarias de las que fuera titular fondos o efectuar trasferencias. La mujer le otorgó ese poder para facilitar cualquier trámite pendiente que hubiera que realizar, dado que hasta ese momento el acusado y su socia habían realizado las gestiones encomendadas satisfactoriamente y, de hecho, ya tenía su marido garantizado el cobro de la pensión de gran invalidez y asimismo la aseguradora acababa de ingresar en sus cuentas 95.000 euros.

El acusado, al margen de su compañera de despacho y con desconocimiento de ésta, siendo conocedor del importante incremento en los ingresos del matrimonio derivados del cobro de la pensión por gran invalidez y de las indemnizaciones derivadas del accidente laboral, procedió a abusar del poder otorgado de buena fe por la mujer.

Así, sirviéndose del mismo, comenzó, 5 días después de ser otorgado, a hacer un uso indebido del mismo en su beneficio exclusivo, uso que se extendió desde los años 2010 a 2017. La sangría económica constante a la que sometió el acusado, abusando del poder conferido en su día, a la cuenta bancaria de ambos, que constituía básicamente su único patrimonio, provocó que, pese a los importantes ingresos recibidos desde el año 2010 al 2017, que les hubieran permitido vivir de manera desahogada y cubrir suficientemente sus necesidades, sufrieran penurias económicas.

De hecho, la cuenta, ya en el año 2014, presentaba números rojos y fueron numerosas ocasiones en las que la mujer acudía en Valladolid a sacar dinero al banco, para cubrir sus modestas necesidades al margen de las domiciliaciones, y no lo podía hacer porque no había metálico.

Esa situación llevó a la mujer a verse abocada a pedir limosna en las puertas de las iglesias, hasta que una persona se interesó por su situación y la acompañó al despacho de una abogada en Valladolid, que denunció los hechos en la Fiscalía en junio de 2017, denuncia que, al llegar a conocimiento del acusado, determinó el que dejara de hacer uso del poder.

El total del dinero con el que se quedó indebidamente el acusado asciende a 171.141 euros y ello pese a ser completamente consciente de que se estaba aprovechando de la confianza depositada en él por la mujer para la realización de pequeñas gestiones relativas exclusivamente a pago de impuestos y gestión de alquiler del piso y residencia, que la misma estaba pasando penurias económicas y que el dinero que estaba incrementando su patrimonio personal estaba destinado a cubrir las necesidades de una persona con una gran discapacidad y las de la propia mujer.

En sentencia de 9 de mayo de 2018, el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Valladolid declaró la no capacidad para otorgar poderes de la mujer, revocando el concedido al acusado, así como para otorgar testamento ni para administrar sus bienes.

Y solicita que se condene al acusado a 6 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y para el ejercicio de la profesión de abogado y multa de 12 meses con una cuota diaria de 30 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a marido y mujer con 171.141 euros y, además, a cada uno de ellos, con 5.000 euros más por los daños morales infringidos; más los intereses legales correspondientes en ambos casos.

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