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Fiscalía insiste en que los directivos de Sa Nostra actuaron irregularmente en Son Bordoy y les hace responsables

Recuerda que la caja falló desde el principio al subrogar créditos sin tasación real de los terrenos

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ha defendido en su informe ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso 'Sa Nostra' que los tres exdirectivos de la entidad actuaron de forma irregular en la operación de 2008 por la que se dio el visto bueno a que el Grupo Martín Gual se quedara con los terrenos de Son Bordoy en Palma de Mallorca, y ha restado toda credibilidad a sus declaraciones en la vista oral ante los indicios que demuestran la relevancia de su papel en la subrogación de esas parcelas.

Este miércoles se ha celebrado la penúltima jornada del juicio que transcurre en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra los directivos de Sa Nostra Pere Batle, Pablo Dols y Rafael Oliver, y contra el empresario Javier Collado, administrador de Haras, una de las sociedades del Grupo Martín Gual. A todos ellos el Ministerio Fiscal les imputa un delito continuado de apropiación indebida, en relación con un delito de administración indebida, y pide cuatro años de cárcel para cada uno excepto para Collado, para quien interesa dos años y seis meses.

Según el escrito de acusación de Fiscalía, desde la caja de ahorros balear entre 2005 y 2010 se produjeron sucesivas operaciones de financiación al Grupo Martín Gual, que fueron concedidas sin valoración real de los riesgos, sin tasaciones actualizadas y sin estudios de viabilidad. El resultado fue el desvío de una parte importante de los fondos entregados, que quedaron definitivamente en manos ajenas a la caja de ahorros, y un perjuicio patrimonial relevante para la entidad.

La operación que se analiza es de 2008, y según el argumento sostenido por el Ministerio Público, dadas las dificultades financieras de grupos empresariales financiados por Sa Nostra y con el propósito de ocultar la situación financiera real que eso generaba en la entidad, Batle, Dols y Oliver "se concertaron con Martín Gual" --ya fallecido-- para que éste se colocase en el proyecto de Son Bordoy en el lugar de las sociedades Grupo FBex y Grupo Ibercom, fuertemente endeudadas con Sa Nostra y que en ese momento atravesaban grandes dificultades financieras.

"El objetivo era mantener oculto ante terceros el progresivo deterioro patrimonial de la Caja, y Martín Gual aceptó colocarse en la posición de tales deudores porque para ello no habría de asumir riesgo alguno. En su lugar, percibió un importante beneficio económico", sostenía el Ministerio Fiscal.

La fiscal ha mantenido esa tesis recogida en el escrito de calificación provisional para afirmar que ha quedado acreditado que los exdirectivos conocían que la situación de la caja era complicada entonces y por eso los directivos pretendían evitar el concurso de acreedores de FBex e Ibercom porque eso conllevaría provisionar fondos, admitir pérdidas, pérdida reputacional y la posible intervención del Banco de España.

En ese contexto, ha indicado, buscaron un sustituto para estos en Son Bordoy, unos terrenos sobre los que pendían créditos relevantes. Y la primera irregularidad, ha matizado, fue la de sustituir el deudor pero manteniendo la valoración de los suelos a precios de 2006, un precio que "no era cierto ni real porque había una gran crisis en el sistema inmobiliario".

Además, la fiscal ha apuntado que el cambio de deudores no habría sido mala idea, pero Gual tampoco estaba en buena situación, y ese extremo era conocido por los directivos gracias a las auditorías. Pese a ello aceptan el cambio y toman las decisiones pertinentes sobre operaciones "muy arriesgadas" antes de que incluso fuera aprobado por las comisiones correspondientes de la entidad.

TODO EL RIESGO PARA LA CAJA

Al hilo, ha añadido que de esa primera acción irregular, en la que ya se habría pactado además que la caja se quedara con las participaciones de Gual en otras dos sociedades a valor nominal (Sepik y Paine), derivan al año siguiente, en 2009, nuevos créditos destinados a las sociedades Haras y Nueva Palmira para proyectos de urbanización de las parcelas. El Ministerio Público ha incidido en que esos créditos fueron elevados y que hubo informes de riesgo que lo desaconsejaron, por lo que "la caja asumió todo el riesgo en perjuicio de sus intereses y en beneficio de Martín Gual".

En su exposición, ha restado credibilidad a los acusados y ha apuntado que si bien se apoyan en que las decisiones se adoptaron en órganos colegiados en el seno de la caja, en realidad no fue así, y ha añadido que ellos tenían responsabilidades como directivos por lo que no pueden descargar el poder de decisión en las comisiones de inversiones porque sería irregular.

Además, ha apuntado que se dio un desvío de fondos, el dinero aportado por la caja para urbanizar, porque se destinó a otros fines distintos despatrimonializando la empresa. Y ha añadido que cuando la caja se quedó con las participaciones de Sepik y Paine fue como "favor debido a Martín Gual por subrogar Son Bordoy". "Es una contraprestación", ha resaltado.

COLLADO "PERMITÍA TRANSFERENCIAS"

A esto, ha sumado que en el consejo de administración y en las comisiones ejecutivas de Sa Nostra, los acusados llegaban con las decisiones tomadas, y que en esos órganos no se profundizaba en cada operación. Ha recordado que por testimonios de miembros de esas comisiones, han podido saber que todos creían que las operaciones de inversión pasaban los tramites de control y que no suponían un problema para la caja. "La información se ocultó y defendieron esas operaciones", ha añadido.

Tras esto, la fiscal ha puesto el foco en varios correos electrónicos que dejan ver que hubo una relación entre Gual y los directivos Batle y Dols, y que ponen de manifiesto que hubo concierto para sacar adelante esas operaciones. En alguno de esos mails también participan tanto Oliver como Collado.

Para sostener la acusación sobre Collado, quien ha defendido a lo largo de la vista que él era sólo un técnico, la fiscal ha argumentado que su posición real en Haras era la de administrador único y que era el autorizado para intervenir en las cuentas bancarias. "Permitía transferencias, sabía que el dinero no se usaba para el proyecto de urbanización", ha apostillado.

Apoyándose en los informes de peritos de Banco de España y Agencia Tributaria ha cuantificado el desvío de fondos en 30 millones de euros y ha sostenido que hubo apropiación indebida porque no se ha recuperado el dinero a fecha de hoy. "Entendemos que el principal perjudicado es el Fondo de garantía de Depósitos", ha añadido.

DISCREPANCIAS EN EL PERJUICIO

Por su parte, la Abogacía del Estado ha señalado a respaldado el relato de los hechos realizado por Fiscalía y ha apuntado que a pesar de que Caixabank (Sa Nostra se integró en BMN, éste en Bankia y ésta en Caixabank) es víctima por despatrimonialización, el FROB es el único perjudicado porque es el que inyectó ayudas públicas. Y ha cuantificado el perjuicio patrimonial en 114 millones de euros atendiendo a lo sostenido por peritos de PWC.

Por contra, la letrada de Caixabank, heredera de Sa Nostra, ha cifrado el perjuicio total para la entidad en 113 millones de euros y ha indicado que "sin el consentimiento de los acusados", la entidad no habría concedido esos créditos. Además, ha hecho hincapié en que la mayoría de los consejeros carecían de formación económica y financiera suficiente.

El último en tomar la palabra ha sido el abogado de la Sareb, quien ha sostenido que en esa operación se dio "un pacto entre los imputados" y que "todos fueron conscientes de la ilicitud". Sobre la indemnización, ha señalado que deber "para la Sareb y solo para la Sareb" porque con la cesión de esos activos tóxicos incorporó la totalidad de los derechos de esos créditos. "Quien nada tiene es Bankia, Caixabank, porque no es titular de derecho patrimonial sobre esos activos", ha concluido.

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