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Fridman avisa de que si se le impone una fianza de 1.900 millones el dueño de ZED deberá prestar una caución equivalente

Pide rechazar la petición de Pérez Dolset por "infundada" destacando además que la cantidad es "exorbitante"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El magnate Mijail Fridman ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga la quiebra del Grupo Zed que rechace la batería de medidas planteadas por su fundador, Javier Pérez Dolset, entre ellas que se le obligue a depositar una fianza de 1.900 millones de euros, advirtiendo de que, si finalmente se le impusiera, el propio Pérez Dolset debería prestar una caución por la misma cantidad.

Fridman se opone así al escrito enviado por Pérez Dolset al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, donde pedía que reclamara al magnate y a otras siete personas, tanto físicas como jurídicas, el pago solidario de una fianza de 1.900 millones de euros por, supuestamente, planificar y ejecutar un "reistrevo" (asalto, en ruso) sobre la empresa tecnológica que habría acabado en su quiebra.

"La petición de imposición de la fianza solidaria solicitada por el señor Pérez Dolset no puede ser en modo alguno acogida", dice la defensa de Fridman, en un escrito del pasado lunes al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, plantea "por qué el propio señor Pérez Dolset no está entre las personas a quiénes se habría de solicitar la fianza, ya que solicita una medida cautelar real por los supuestos daños causados a los accionistas de ZED".

"Pero olvida que, según el resultado de las investigaciones hasta el momento, el propio Pérez Dolset fue una parte fundamental en la causación de dicho perjuicio", esgrime.

En este sentido, cita la querella inicial del Ministerio Fiscal, que hablaba de "las maniobras presuntamente ilícitas de la familia Pérez Dolset mediante el desvío de fondos propios de la compañía para destinarlos a fines privados".

Apunta asimismo que, en el caso de que se considere procedente la imposición de dicha fianza, Pérez Dolset estaría obligado por la ley a prestar una caución de "cuantía y naturaleza equivalente", es decir, 1.900 millones de euros.

A este respecto, explica que "la finalidad de la caución es asegurar los daños y perjuicios que se puedan causar al demandado por la adopción de la medida cautelar para el caso en que esta sea alzada por cualquier causa".

Así, sostiene que, "ante los graves daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio (...) de los sujetos que se verían afectados por la fianza", Pérez Dolset debería haber ofrecido caución, si bien subraya que este incumplimiento es "subsanable por resolución judicial".

 

UNA CANTIDAD "EXORBITANTE"

No obstante, recalca que la petición efectuada por el fundador de ZED debe rechazarse alegando, en primer lugar, que se dirige también contra "una serie de personas que no son ni tan siquiera investigados en la causa", por lo que acordarla supondría "afectar gravemente sus derechos de defensa y vulnerar de plano su presunción de inocencia".

En segundo lugar, llama la atención sobre la "exorbitante" cantidad fijada por Pérez Dolset, que calculó el monto en base a una valoración que Merrill Lynch hizo sobre ZED antes de que comenzaran los supuestos movimientos hostiles que propiciarían la caída de la empresa tecnológica.

Para Fridman, todas las "matizaciones y precauciones que incluyen los autores de la presentación (Merrill Lynch) hacen que la cifra final a la que se 'agarra' el señor Pérez Dolset11 no sea más que una suerte de lucro cesante que bien podría ser calificado de 'sueño de fortuna'".

Aduce igualmente que esta "milmillonaria fianza" es desproporcionada y, como ejemplo, recuerda que en el 'caso Bankia' por las llamadas 'tarjetas black' se impuso una fianza inicial de 800 millones de euros que posteriormente fue rebajada a 34 millones.

También indica que si las solicitudes formuladas por Pérez Dolset se apoyan en una presunta insolvencia punible, "en este tipo de delitos la reparación civil no se produce a través de una indemnización de perjuicios, sino por medio de la restitución de la cosa que indebidamente salió del patrimonio del deudor o la declaración de nulidad de los negocios jurídicos ilícitamente constituidos", conforme asentó el Tribunal Supremo.

"Es evidente, pues, que si la responsabilidad civil por este delito (por el que entendemos que se solicita la fianza) no consiste en el pago de cantidades, no hay nada que afianzar. Y si se tratara de indemnización o reparación derivada de otra eventual modalidad delictiva, la pretensión no se encuentra mínimamente fundada", afirma.

"¿QUÉ HA CAMBIADO?"

Por último, entiende que "no concurren los requisitos imprescindibles" para acordar tal fianza, puesto que "la adopción de toda medida cautelar exige que se acredite por quien la solicita un peligro real y concreto de que, de no adoptarse la medida cautelar, la sentencia que pudiese recaer eventualmente podría quedar vacía de contenido".

"¿Qué ha cambiado ahora que justifique la petición del señor Pérez Dolset?", cuestiona en este punto para enfatizar que la quiebra de ZED se investiga "desde hace más de un lustro" y que el presunto delito de insolvencia punible que justificaría la fianza exigida "ha estado encima de la mesa desde el comienzo".

En cuanto al resto de las diligencias demandadas por Pérez Dolset, que contemplan tomar declaración a varias personas, algunos como investigados y otros como testigos, Fridman avisa de que no solo "carecen de soporte", porque cree que se fundan únicamente en un "relato novelado de diversos documentos ya obrantes en la causa", sino que "han sido ya denegadas en repetidas ocasiones" por el juez instructor.

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