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Gobierno Vasco defiende que un Consejo del Poder Judicial propio "es posible" y señala que otras autonomías ya lo prevén

La consejera de Justicia afirma que un órgano de este tipo es compatible con "el marco constitucional"

VITORIA, 30 (EUROPA PRESS)

La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha afirmado que crear un Consejo del Poder Judicial propio para Euskadi "es posible dentro del marco constitucional", tal y como lo demuestra el hecho de que algunas comunidades autónomas ya han incorporado un órgano de este tipo a sus estatutos de autonomía, aunque de momento ninguna de ellas haya "desarrollado" esta previsión.

Artolazabal, que este miércoles ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Parlamento Vasco para informar sobre el 'Plan Estratégico de Justicia 2022-2028', ha defendido la posibilidad de que Euskadi disponga de su propio Consejo del Poder Judicial.

En una línea similar a la mantenida por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en una intervención ante el pleno del Parlamento el pasado 11 de noviembre, la consejera ha asegurado que la creación de "un Consejo de Justicia en Euskadi" es compatible con la Constitución.

La consejera ha afirmado que la puesta en marcha de un órgano de este tipo "es posible dentro del marco constitucional" a través de una "ampliación" de las competencias de las comunidades autónomas en materia de justicia, algo que debería llevarse a cabo mediante la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los correspondientes cambios en los estatutos de autonomía.

De hecho, ha subrayado que "algunas" comunidades autónomas que han reformado sus estatutos de autonomía en los últimos años ya han incorporado a dichos textos la previsión de un órgano de este tipo, si bien ninguna de ellas ha "desarrollado" aún esta posibilidad.

"SIN RIVALIZAR CON NADIE"

En el caso de Euskadi, ha recordado que el Estatuto de Autonomía de 1979 aún no se ha modificado respecto a su redacción original, de forma que también se podrían establecer cambios en esta dirección, con el fin de avanzar hacia una justicia "más próxima a los ciudadanos" y que, "sin rivalizar con nadie", pueda resultar "más accesible".

Respecto al 'Plan Estratégico de Justicia 2022-2028', aprobado el pasado mes de julio por el Gobierno Vasco, ha destacado que se trata de un documento que ha contado con un "amplio consenso" de la Judicatura, Fiscalía y Abogacía, entre otros agentes.

CERCANÍA

 

Uno de los primeros objetivos del plan es ofrecer una justicia "cercana con y para todas las personas", por lo que la primeralínea de actuación ha recibido el nombre de 'Justicia Conocida' y trata de responder al desafío de acabar con el desconocimiento que se tiene sobre qué es y cómo se presta el servicio de Justicia.

"Tenemos el objetivo de que la sociedad vasca conozca su Administración de Justicia, su estructura y su funcionamiento, y la reconozca como un servicio necesario", ha afirmado Artolazabal, quien ha enumerado algunas acciones previstas, como el desarrollo de un plan de comunicación externa o la consecución de acuerdos con el sistema educativo para que incorpore al currículum contenidos sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia.

A más largo plazo, se prevé la existencia de una 'Carpeta Judicial', que permita a las personas interesadas "saber cómo van sus asuntos", según ha explicado.

IGUALDAD ANTE LA LEY

Artolazabal ha subrayado que este plan debe "poner el foco en las personas más vulnerables. "Queremos que el sistema judicial refuerce su atención a las víctimas; pretendemos que el principio de igualdad ante la ley sea una realidad, eliminando posibles desigualdades", ha añadido.

Para dar respuesta a este reto, se propone elaborar programas específicos de apoyo a colectivos más vulnerables, como las víctimas de violencia de género, mujeres, menores, migrantes; establecer un sistema de orientación sobre la cartera de servicios; y prestar unaespecial atención a las personas con discapacidad.

En lo que respecta al 'Plan de Sedes Judiciales', Artolazabal ha repasado los plazos para la puesta en marcha del conocido como 'Edificio Mapfre', en Bilbao. Según ha explicado, a finales de este año se entregará el proyecto de obras, con el objetivo de que los trabajos se liciten y adjudiquen "avanzado" 2023 y que la ejecución esté finalizada y el edificio pueda ocuparse hacia el final de 2025.

El objetivo del Gobierno autonómico es disponer de edificios judiciales, instalaciones y recursos materiales que den respuesta a las necesidades del servicio y respondan a su función. "Trabajamos para conseguir edificios más seguros, accesibles, sostenibles, funcionales y confortables", ha manifestado.

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

Otro de los ejes del plan se refiere a la 'Justicia Digital'. La consejera ha recordado que se está trabajando la implantación del 'Expediente Judicial Electrónico', del que ha afirmado que constituye "una de las piedras angulares para el buen funcionamiento presente y futuro de la Justicia vasca".

Actualmente, el 'Expediente Electrónico' está implantado en toda la jurisdicción del Contencioso Administrativo y de lo Social. Asimismo, ha llegado a los órdenes civil y penal de los juzgados de Vitoria-Gasteiz, Amurrio, Azpeitia, Eibar, Bergara, Irun y Tolosa.

"Estamos cumpliendo con los plazos previstos, y esperamos que esta implantación tan ambiciosa y compleja esté completada en marzo de 2023", ha afirmado la consejera.

El resto de líneas del plan se centran en asuntos como la formación, la calidad y la eficiencia; la consecución de una Justicia más comprensible, rápida y predecible; la resolución de conflictos a través de la Justicia Restaurativa, y la innovación en el proceso judicial.

Durante su intervención, Artolazabal ha aportado algunos datos sobre la acreditación de perfiles lingüísticos entre los profesionales de la justicia en Euskadi. En el caso del personal judicial dependiente del Gobierno Vasco, ha informado de que el 42% acredita el perfil de euskera requerido, mientras que entre el personal dependiente de la Administración central, la cifra se sitúa en un 10% entre los jueces y en un 5% entre los fiscales.

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