Ultima_hora

Una investigada por la presunta 'criptoestafa' de Arbistar asegura que solo invirtió 15.000 euros y los recuperó

Las acusaciones dicen que tuvo ingresos por valor de 250.000 euros que no cuadran con las rentabilidades pactadas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Una investigada por la presunta estafa cometida por la plataforma de inversión en criptomonedas Arbistar ha asegurado este miércoles al juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional (AN) que únicamente invirtió 15.000 euros que recuperó, mientras que los otros tres imputados que han comparecido se han acogido a su derecho a guardar silencio.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, había citado para declarar este miércoles como invesigados a Jennifer López, Ivone Fuentes, Nasci María Álvarez y Edgar Álvarez.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, aunque han comparecido los cuatro, solo López ha hecho uso de la palabra para sostener que únicamente invirtió 15.000 euros que finalmente recuperó, aseverando que no conserva ningún tipo de documentación de sus cuentas bancarias.

Su versión contrasta con la indicada por las acusaciones, las cuales afirman que las cuentas bancarias de López reflejan ingresos por valor de 250.000 euros, una cifra que no cuadraría con la supuesta rentabilidad, de unos 200 euros al mes.

Desde el despacho Aránguez Abogados, cuya letrada María Luisa Penín Alegre representa a varios afectados, han valorado como muy positivas las comparecencias de este miércoles, destacando que la pieza separada sobre blanqueo de capitales avanza a muy buen ritmo.

La presunta estafa piramidal con criptomonedas cometida por Arbistar habría dejado un saldo de más de 100 millones de euros estafados y más de 30.000 perjudicados en todo el mundo, desde España hasta Irán, Bulgaria, Colombia o Argentina, entre otros países, de acuerdo con el relato judicial.

EL ORIGEN DE LA CAUSA

El caso estalló en el otoño de 2020 con las primeras denuncias hasta que, después de pasar por los juzgados de Arona, en Tenerife, la investigación recaló en abril de 2021 en la Audiencia Nacional.

Fue el pasado mes de octubre cuando Calama acordó extender las pesquisas por un plazo de seis meses ante "el carácter especialmente complejo de los hechos investigados; el excelso número de perjudicados y su emplazamiento por todo el territorio nacional, así como en numerosos países europeos, asiáticos y latinoamericanos".

 

Además, el instructor recordó que aún estaba pendiente de un informe que ha de presentar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al objeto de "determinar las características técnicas del denominado Community Bot y las causas de lo que los investigados presentan como un colapso o fracaso del sistema".

El magistrado también espera el resultado de diversas comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación. En concreto, una OEI dirigida a las autoridades judiciales de Malta y tres rogatorias dirigidas a Islas Caimán, Reino Unido y Hong Kong que darán lugar, a su vez, a nuevas averiguaciones.

Comentarios
Somos ECD
Periodismo libre, valiente, independiente, indispensable