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El juez del 'caso Popular' pide un informe para sobre el déficit de provisiones del banco en 2015 y sus posibles efectos

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado de la instrucción del 'caso Popular', ha encargado a los peritos que amplíen un informe que elaboraron en 2019 a fin de determinar si a finales del año 2015 se mantenía un déficit de provisiones por parte de la entidad y su "trascendencia" para las cuentas anuales de la entidad.

En un auto de este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha accedido a la petición de la Fiscalía y ha instado a los expertos a que realicen un rastreo contable de los cien acreditados que fueron objeto de la inspección de riesgo reestructurado.

El Ministerio Fiscal explicaba en que su propuesta y solicitud persigue que los peritos judiciales verifiquen si, a 31 de diciembre de 2015, el déficit de cobertura detectado por los inspectores en los 100 acreditados examinados se mantenía o había sufrido alguna modificación.

A tal efecto, los peritos contarán con el auxilio del departamento contable del Banco Santander, que "deberá indicar al Juzgado, a fin de facilitar su labor, la identidad de la persona (y su puesto) que coordine las solicitudes de apoyo que cursen los peritos".

Así las cosas, cualquier modificación en las dotaciones de dichosacreditados deberá reflejar la identidad del mismo, la clasificación de su riesgo crediticio (performing/no performing) a fecha 30 de junio de 2015 así como la cuantía total de la cobertura de provisiones.

LOS REQUERIMIENTOS A LOS PERITOS

Igualmente, deberá reflejarse la clasificación por el equipo OSI a fecha a 30 de junio de 2015 y la clasificación de su riesgo crediticio (performing/non performing) a 31 de diciembre de ese mismo año, así como la fecha del apunte contable que documente la modificación de la dotación de su riesgo con el banco y la cuantía de la misma, identificando la causa concreta que justifique la referida modificación.

Por último, el juez ordena que se constate la variación de la cuantía de provisiones del riesgo del acreditado (en millones de euros) entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2015.

 

El informe pericial que ha de realizarse, apunta el magistrado, deberá determinar el porcentaje de exposiciones reestructuradasque continuaban sin estar identificadas como tales. También, los cambios habidos en relación con la fecha de la OSI de 30 de junio de 2015 deberán relacionarse nominalmente acreditado por acreditado.

Esta nueva diligencia llega una semana después de que el instructor acordase la creación de una pieza separada y secreta para investigar la posible financiación ofertada por el Banco Popular a determinados clientes a fin de que participaran en la ampliación de capital del año 2016.

Todo ello en el marco del 'caso Popular', en el que el magistrado investiga por un lado las presuntas irregularidades contables del banco en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y por otro las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

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